El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), en representación de sus 138 autoridades, rechaza las afirmaciones difundidas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF nacional, mediante las cuales se califican nuestras exigencias como amenazas, presiones e intimidaciones. Estas declaraciones tergiversan el sentido de nuestras reclamaciones y desconocen las razones políticas y organizativas que motivaron nuestra presencia, el día de hoy, en la sede del ICBF Regional Cauca.
Nuestra concentración responde a la necesidad de garantizar la continuidad de los procesos de atención, cuidado y protección integral de nuestras Semillas de Vida ,a la exigencia de cumplimiento de los compromisos establecidos con las autoridades indígenas y al respeto por las decisiones tomadas en ejercicio de la autonomía y el gobierno propio y no a unos privilegios como se ha hecho ver, el ICBF nacional presenta nuestras exigencias como una presión para mantener contratos por fuera del marco jurídico lo cual falta a la verdad ;nuestras exigencias se basan en respuestas institucionales frente a una situación que afecta los derechos de nuestros niñas y niños.
Las autoridades indígenas operadoras del proceso Semillas de Vida, manifiestan su preocupación por los cambios en las condiciones de los contratos de aporte y la incertidumbre que estos generan para la atención de más de 13.600 niñas y niños de cero a cinco años, así como de las madres gestantes vinculadas al proceso en el ámbito regional, teniendo en cuenta que se trata de la atención de una población que cuenta con protección constitucional reforzada y cuyos derechos requieren garantías efectivas por parte de las instituciones responsables.
Esta situación preocupa gravemente, porque las autoridades han solicitado formalmente espacios de diálogo al ICBF nacional mediante comunicaciones enviadas el 1 de octubre y reiteradas el 20 de octubre de 2026 sin obtener la respuesta escrita esperada, dificultando de manera grave avanzar en el cumplimiento de los compromisos establecidos en las mesas técnicas y llevando a las autoridades a exigir directamente una interlocución con la institucionalidad. Por tanto, resulta contradictorio que, ante la ausencia de respuestas oportunas, se califique como amenaza una acción orientada a exigir el cumplimiento de los derechos y la solución de los problemas que afectan a nuestros territorios.
Rechazamos, igualmente, que se utilice la situación de las niñas, niños y adolescentes para responsabilizar al CRIC por los riesgos que enfrenta la continuidad de su atención. La protección de la niñez es una responsabilidad institucional que exige decisiones oportunas, cumplimiento de los compromisos y respeto por los procesos propios, máxime cuando en nuestros territorios, 49.719 niñas y niños de las instituciones educativas indígenas llevan dos meses sin recibir diariamente el servicio de alimentación escolar , evidenciando la gravedad de la situación que atraviesan miles de niñas, niños y familias indígenas, cuyos derechos a la educación, la alimentación, el cuidado y la protección deben ser garantizados.
Por lo tanto, no aceptamos que las exigencias de nuestras autoridades sean presentadas como la causa de una posible interrupción de los servicios, cuando precisamente nuestra actuación busca evitar que las decisiones institucionales afecten a las comunidades, como tampoco aceptamos que la atención de nuestros niños y niñas se reduzca a una discusión administrativa o contractual, desconociendo las responsabilidades del Estado y las condiciones particulares de los procesos que las autoridades indígenas desarrollan en sus territorios ,reiteramos que las diferencias sobre las condiciones contractuales deben resolverse mediante el diálogo directo y la concertación con las autoridades.
Por estas razones, exigimos al ICBF nacional que responda formalmente a las solicitudes presentadas por nuestras autoridades estableciendo un espacio efectivo de diálogo y concertación, respetando los compromisos construidos, la no regresión de los derechos y garantizando las condiciones necesarias para la continuidad de la atención de las Semillas de Vida durante lo que resta de 2026 y para la vigencia 2027. Asimismo, demandamos que las decisiones relacionadas con los contratos de aporte se discutan con las autoridades indígenas, sin desconocer su autonomía ni imponer unilateralmente condiciones que afecten el funcionamiento de los procesos propios.
Exigimos también respeto por el derecho constitucional a la protesta pacífica y garantías para las autoridades y comunidades que hoy se encuentran concentradas en la sede del ICBF Regional Cauca. La movilización es una expresión legítima de organización y defensa de derechos. En consecuencia, rechazamos cualquier señalamiento que pretenda convertir nuestras exigencias políticas y organizativas en actos de intimidación.
No aceptamos que se tergiversen nuestras exigencias ni que se desconozcan los derechos de nuestros pueblos. Exigimos al ICBF nacional asumir sus responsabilidades, responder a las autoridades indígenas y avanzar en soluciones concretas que garanticen la atención y protección de nuestras Semillas de Vida. La defensa de nuestras Semillas de Vida requiere hechos y garantías, no señalamientos. El respeto por la autonomía exige reconocer a nuestras autoridades como interlocutoras legítimas y cumplir los compromisos establecidos.
