En este territorio colectivo de los afros, hay títulos y restituciones individuales, grandes extensiones en manos de terratenientes, y una aguda tensión entre reclamantes y empresarios que rechazan la restitución.
Los conflictos en diferentes zonas de La Larga Tumaradó, en el Bajo Atrato, entre reclamantes que retornaron sin acompañamiento institucional a sus antiguos predios y empresarios que intentan desalojarlos por todos los medios, llevaron a que el 12 de diciembre de 2014 el Juez de Restitución de Tierras de Quibdó emitiera el auto 00181 con medidas cautelares para los reclamantes. Sin embargo, de las 14 órdenes dictadas solo dos se han cumplido. Pasa el tiempo y las tensiones se incrementan. (Vea aquí el especial «El despojo a las comunidades negras»)
El conflicto entre terratenientes y reclamantes ha generado agresiones, amenazas, desalojos e incluso confrontaciones con las autoridades. De parte y parte se denuncian afectaciones a cultivos y ganados, extracciones de madera y daños ambientales. Pero el asunto es más complejo. Esta lucha por la restitución de tierras ocurre en un territorio que tiene un título colectivo y que por ley debería ser solo de los afros.
El consejo comunitario fue creado en el año 2000 pero hay reclamantes, en su mayoría mestizos, solicitando predios que les fueron titulados por el Incora o el Incoder entre los años ochenta y noventa, mucho antes del título a los afros. Incluso algunos de esos reclamantes ya fueron restituidos y recuperaron sus matrículas individuales dentro de este territorio colectivo.
De otro lado están los empresarios que poseen grandes extensiones de tierra dedicadas a la ganadería, la palma, el banano y la explotación maderera. Algunos de estos terratenientes han sido acusados e incluso investigados por despojo de tierras, y en la actualidad varios de sus predios están siendo reclamados por víctimas que argumentan fueron desplazadas y obligadas a vender presionadas por los grupos paramilitares.
Así las cosas, un estudio del Cinep revela que de las 107.064 hectáreas de La Larga Tumaradó, el 51% de la tierra está en manos de seis grandes ocupantes (empresarios); el 43% corresponde a tierras inundables y por ende improductivas; el 3% se encuentra titulado individualmente con anterioridad al título colectivo; y el 3% restante es apenas lo que tienen las comunidades afrodescendientes . Según la investigación, el 94% de la tierra productiva la tienen los ocupantes.
En este contexto, el juez Mario Lozano Madrid, quien profirió el auto, explicó que luego de emitir la medida cautelar “se empezaron a recibir una serie de amenazas y circunstancias que comprometían no solo a los grandes ocupantes sino a miembros de las entidades públicas encargadas del cumplimiento del fallo”.
Por eso, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, su despacho decidió visitar los territorios de La Larga Tumaradó, entre el 11 y el 13 de mayo de 2016, para entender lo que viene pasando. En el recorrido se realizaron audiencias públicas en las zonas más neurálgicas: Macondo, en Turbo-Antioquia; Madre Unión y La Punta, en Río Sucio-Chocó; y Belén de Bajirá, actualmente en litigio entre ambos departamentos. En esos lugares el magistrado recogió de primera mano las quejas y testimonios de los protagonistas de este conflicto: reclamantes, afros y empresarios.
En Macondo están revictimizando a los reclamantes
El consejo comunitario de La Larga Tumaradó cubre territorios del municipio Riosucio en el Urabá chocoano y de Mutatá y Turbo, en el Urabá antioqueño. En esta última región, el corregimiento Macondo ha sido epicentro de retornos sin acompañamiento institucional y, por ende, de conflictos con la restitución de tierras. Según datos de la asociación Tierra y Paz, a este sector han retornado unas 400 personas sin acompañamiento institucional. Allí se dio la primera audiencia pública adelantada por el juez de tierras con las víctimas.
A Macondo llegaron campesinos de ese corregimiento y de Blanquicet, también cobijado en el fallo. Los labriegos expresaron que las instituciones no están cumpliendo con las órdenes emitidas, en aspectos como la implementación de medidas colectivas de seguridad para los campesinos; la entrega de ayuda humanitaria; la investigación y captura de quienes amenazan a los reclamantes; y la suspensión de los desalojos a quienes retornaron antes del 12 de diciembre de 2014. En este asunto, las personas se quejaron porque la Inspección de Currulao, Turbo, continúa adelantando lanzamientos y decomisos de ganado.
Igualmente, denunciaron que luego de retornar han sido amenazados por los empresarios y sus trabajadores que les han destruido cultivos, animales y cercas. Las agresiones no solo afectan a quiénes reclaman sino incluso a quienes han sido restituidos.
Es el caso de Tarcila Rosa Sánchez, a quien el pasado 20 de enero un juez le restituyó 51 hectáreas de la finca Sí se puede, tituladas por el Incora a su esposo Santiago Manuel Peña en 1984. Otras 149 hectáreas que también pertenecían a la pareja, pero no tenían título, continúan en proceso. La familia se desplazó en 1998 a Chigorodó por la violencia y las presiones para vender la tierra. De acuerdo con la sentencia, “posteriormente una persona conocida como ‘Pacho Castaño’, presunto jefe del grupo criminal ‘Los Talanqueros’, le ofreció a Santiago $15.000.000 y éste debido a la violencia aceptó la oferta pero solo recibió $2.000.000”.
Hoy Francisco Castaño la sigue intimidando, dice Tarcila. Por eso, la Defensoría del Pueblo en Urabá le solicitó medidas de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección. “Estoy en la finca, pero ahora estoy más amenazada que antes. Ese señor se adueñó de las hectáreas que no estaban tituladas, el primero de abril entró con 10 máquinas y con unos 30 hombres. Están tumbando toda la madera”. La mujer cuenta además que le han matado lechones y una potranca, le robaron una yegua y le han envenenado en el agua y en el pilón del arroz.
Empresarios dicen que la restitución generará más conflicto
En Macondo la jornada se suspendió por un momento porque, aunque era exclusiva para víctimas, hasta allí llegó el representante de los empresarios, Hipólito Mendoza, acompañado del inspector de Currulao, Iván Darío Vélez, quien ha adelantado operativos de desalojo a reclamantes atendiendo querellas de los finqueros.
El abogado Hipólito es gerente de la asociación de propietarios Tierra, Paz y Futuro. Él afirma que esa organización fue “creada en Urabá ante la necesidad de hacerle ver al Gobierno nacional que están despojando a través de la ley a los nuevos propietarios de tierra, que ni son paramilitares ni son bandidos, son trabajadores que compraron de buena fe hace 20 o 30 años; y ahora con la ley de restitución se están colando falsos reclamantes generando una nueva ola de violencia”.
Para el jurista, el auto 00181 protege las “invasiones” y ha causado que 500 hectáreas de tierra sean ocupadas por “personas que se sienten con algún derecho”. Esto, dice, “ha generado un gran conflicto social porque los empresarios no pueden aprovechar sus predios, optimizarlos, tener su ganado, cosechar. Eso ha desestimulado la inversión con el agravante de que genera desempleo. Y estos invasores están talando madera en las reservas que los mismos ganaderos habían dejado”.
Atendiendo los reclamos de los terratenientes, el juez de tierras realizó una audiencia con los empresarios en Belén de Bajirá. Allí llegaron unos 30 hacendados quienes expresaron que han traído desarrollo y empleo a la región, y argumentaron que adquirieron sus predios legalmente.
Darío Montoya es miembro de la asociación. Él tiene dos fincas, una en Belén de Bajirá de 120 hectáreas y otra en Llano Rico de 300 hectáreas. Hasta ahora, dice, no ha tenido problemas con reclamantes, pero ese mismo 12 de mayo “aparecieron los señores de restitución de tierras en la finca de Bajirá diciendo que había un reclamante. Esa es una tierra que fue adjudicada por el Incoder en 1969 y ya ha pasado por seis manos. Yo la compré en el 2004, entonces no sé qué me pueden reclamar”.
Según el finquero, “la mayoría de esta gente que reclama son inducidos por el mismo Estado, por el mismo juez de restitución, y ellos son los que están creando este conflicto que se va a extender por mucho tiempo y va a acarrear muchos problemas porque ninguno de los que tuvimos la oportunidad de comprar estas tierras vamos a estar muy de acuerdo con que vengan unos falsos reclamantes a invadirnos las tierras, apoyados por el Estado”.
Afros aceptan a reclamantes mestizos en su territorio
En los territorios de la Madre Unión y la Punta en el municipio de Riosucio, Chocó, la situación no es muy diferente de Macondo, Blanquicet o Bajirá en cuanto a agresiones. Además, los reclamantes se quejan de las deficiencias del Estado para cumplir las órdenes del fallo.
Para Borlyn Valencia, representante legal del consejo comunitario, “toda la problemática que se viene presentando se debe a que en su momento la institucionalidad no le ha parado bolas a lo que se viene presentando y vemos que hoy algunos funcionarios están más a favor del terrateniente que del campesino; en un territorio que es colectivo y que, dice la ley, nadie lo puede vender ni embargar, entonces no entendemos de qué forma llegaron a manos de los grandes terratenientes que ni siquiera hacen parte de la comunidad”.
Sobre la presencia y las restituciones individuales a campesinos mestizos, Borlyn aclaró que para el consejo comunitario esos labriegos “tienen derecho a estar ahí, porque cuando se creó el consejo ellos ya estaban, entonces fueron incluidos dentro del territorio”. Así lo dice el reglamento interno que, bajo el Decreto 1745 de 1995, contiene el “criterio adicional de residencia por un tiempo no inferior a diez años, para poder gozar plenamente de los derechos colectivos propios de las comunidades negras, independientemente del origen étnico”.
Luego de escuchar todos estos testimonios, el juez Mario Lozano fue claro en decir que le preocupa el estado de satisfacción de las órdenes emitidas, la continuidad de las amenazas y otras situaciones con las víctimas que hasta ahora pudo conocer su despacho. Los hallazgos recogidos en las audiencias serán revisados por la sala bien sea para modificar el auto proferido o para emitir otra medida cautelar que responda con más fuerza a este complicado contexto.
Fuente: Yhobán Hernández – Agencia de Prensa IPC