Así esclavizan los madereros a los uitoto en Caquetá: cereales a cambio de árboles en extinción.
Luis Antonio Garay, indígena uitoto, nació en 1936 en el resguardo Huitora, al sur del municipio de Solano: 8 horas en canoa desde Florencia, aguas adentro por el río Caquetá.
De niño, su madre le enseñó que el maíz se sembraba en enero y el plátano, en cualquier época del año; que las plagas se espantaban con una hoguera y evitando el monocultivo, y que el uitoto-bwe sería su lengua hasta la muerte.
Así creció y se hizo agricultor de oficio y cazador por afición. La pesca de bagre, barbudo y dentón era abundante en el río Orteguaza, y entre tanto bosque no era difícil encontrar tigrillos, babillas, exóticas aves y monos.
Podía beber agua del río y vivía entre cedros, andaquíes, canelos, cominos, perillos, marfiles, entre otros árboles de tamaño monumental.
Sin embargo, en los últimos años ha sido testigo del deterioro que experimentan su pueblo y su territorio a causa de lo que él llama “colonos y sus ansias de riqueza”.
Por un lado, el agua y la tierra dejaron de dar los frutos de antes.La minería ilegal para extraer oro del río Caquetá y el uso de agroquímicos en los cultivos las desgastaron. En las huertas, por mucho, quedan 15 especies de plantas, de las más de 100 que solían crecer, y frente a la escasez de alimentos sólo queda adquirirlos en una tienda que tuvo que construir la comunidad.
A esto se suma que los indígenas no cuentan con acueducto ni energía eléctrica y la única presencia del Estado se da a través de las Fuerzas Militares que los rodean de vez en cuando para controlar la presencia de grupos armados y de mineros y madereros ilegales.
Mientras tanto, 18 familias que habitan el resguardo Huitora, se descomponen por el hambre y la pobreza, antes inexistentes.
Así las cosas, cuando los alimentos escasearon y nadie intervino,estos uitoto no tuvieron más alternativa que entregar sus recursos “a precio de huevo”, y como el bosque amazónico era el único recurso valioso que les quedaba, aceptaron el trato de madereros que les ofrecían “dos libras de arroz por un bloque de cedro”.
Según cuenta Wilmar Bahamón, de la ong Amazon Conservation Team (ACT), al resguardo llegaron intermediarios que les pagaban $7.000 por tres metros de madera de calidad, arrastrada desde el bosque hasta el río, aún cuando ese mismo bloque cuesta $100.000 en Florencia y hasta $300.000 en Bogotá.
“La comunidad se desgasta porque la tala y el transporte de la madera no son fáciles, y a cambio de acabar sus bosques, los compradores muchas veces no les dan lo justo, sino que pagan con granos y cereales que no valen nada en la ciudad, pero no hay de otra: si no talan no tienen qué comer, y esa es la nueva forma de esclavizarlos”, resalta Bahamón.
Unas 67.000 hectáreas que conforman el resguardo, área similar a la del Parque Nacional Natural los Katíos y con una biodiversidad comparable, son insuficientes para que apenas 100 indígenas de la comunidad de Luis Antonio Garay vivan como solían hacerlo.
Bahamón, de ACT, explica que los madereros, “a propósito muy prevenidos y difíciles para entablar un diálogo”, ya no solo abusan de las necesidades de los uitoto, sino que en un área tan extensa, que ni siquiera terminan de conocer los nativos, extraen madera sin autorización y de las especies más propensas a extinguirse, como el cedro y el canelo.
Con esta problemática, el resguardo de Huitora se suma al pavoroso escenario de Caquetá. Según los datos más recientes del Ideam, es el departamento con la tasa de deforestación más alta del país (responsable del 19% de la pérdida de bosques en Colombia).
Además, de acuerdo con Terra-i, un sistema de monitoreo satelital, Caquetá se perfila como el segundo lugar de América Latina más deforestado (después de la provincia del Chaco, en Paraguay) y, según un análisis de la Universidad Nacional, si la tendencia se mantiene, en una década la zona será un “gran potrero”.
Solano (en plena área de influencia del Parque Nacional Natural Serranía del Chiribiquete) por su parte, es el tercer municipio de Caquetá que más contribuye a la deforestación, en gran parte debido a la encrucijada que padecen las comunidades indígenas: talar o morir.
Por ello, ACT y The Nature Conservancy se encuentran desarrollando un proyecto con ocho comunidades indígenas en el municipio, cinco de la etnia uitoto y tres de la coreguaje, para generar pactos entre ellos que permitan frenar la deforestación.
El plan, denominado “Net-Zero Deforestación”, tiene como primer paso acompañar a los indígenas en la construcción de su propio proceso de ordenamiento territorial, que incluye un autodiagnóstico de cómo utilizan el suelo y cómo podrían poner en marcha prácticas agroforestales saludables con el ambiente y que eliminen de una vez por todas la dependencia de los intercambios con madereros.
Durante varias jornadas, en Huitora, por ejemplo, se construyó la historia productiva del territorio a partir de las historias de vida de sus habitantes, se realizaron ejercicios donde cada comunidad construyó mapas del territorio, y esto les permitió identificar espacios de uso y complementar con calendarios de pesca, cacería, cultivos y árboles maderables.
Estas herramientas fueron claves para poner en marcha proyectos productivos, como la propagación de especies nativas en áreas deforestadas y la recuperación de semillas tradicionales. De hecho, el año pasado, líderes indígenas de la zona emprendieron una travesía por el río Caquetá, hasta Araracuara, donde recopilaron un total de 130 variedades de semillas en comunidades que bordean el río, las cuales sembraron e intercambiaron para asegurar un ecosistema y su alimentación y la de futuras generaciones.
MARIANA ESCOBAR ROLDÁN
REDACCIÓN EL TIEMPO