Comunicado público
Hoy como antes, puede que nos separen geografías pero nos une el amor y la solidaridad como pueblos de Colombia para alzar la voz con indignación ante la injusticia. Ayer fue Manuel Quintín Lame, encarcelado por el Estado colombiano. Hoy es Feliciano Valencia, líder indígena de la ACIN detenido arbitrariamente este 15 de septiembre, también por defender los derechos políticos de los pueblos indígenas. El carcelero es el mismo de entonces: un gobierno que habla de paz, pero hace la guerra a los pueblos organizados que proponen caminos verdaderos de paz con justicia y dignidad frente a la violencia del Estado. Los pueblos construimos proyectos de vida y recibimos: persecución política e incumplimiento de los acuerdos con los representantes de dicho Estado.
Las comunidades campesinas, negras y agromineras organizadas en la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar hemos caminado junto a Feliciano y la ACIN, hermanando nuestras luchas, compartiendo nuestros deseos, necesidades y sueños de una Colombia con vida digna, de un país donde se respeten los derechos políticos y culturales de los pueblos expresados en convenios internacionales firmados por el Estado colombiano, como el Convenio 169 de la OIT, donde se manifiesta el derecho a la libre determinación de los pueblos y se establece que los territorios los gobiernen los pueblos que los habitan y hacen, donde las leyes sean para la justicia y no para la impunidad o para la persecución.
Con Feliciano hemos caminado, marchado, hemos sembrado y caminado la palabra, porque entendimos que solos, solas, no podíamos. Feliciano siempre lo ha dicho, haciendo suyo el mandato de las autoridades indígenas, de las asambleas y comunidades indígenas del Cauca: los pueblos debemos unirnos, hermanarnos en la propuesta, en el mandato, en el caminar hacia un país de vida digna. Por eso hicimos la Minga, el trabajo colectivo para construir ese país que soñamos. Por eso desde la Minga nacimos el Congreso de los Pueblos, para que nuestros mandatos se reconocieran como lo que siempre han sido: leyes de los pueblos y no letra muerta en papeles.
Sembrar palabras y cosechar semillas de organización comunitaria, plantear proyectos de vida digna es la verdadera razón para que hoy quieran condenar a Feliciano Valencia a pasar cerca dos décadas en la cárcel – muchos más años que cualquier paramilitar que haya confesado decenas de asesinatos y masacres. Porque hace falta ser abogados para entender que la detención de Feliciano no responde a un procedimiento judicial sino a la persecución política de cualquier intento de organización de los pueblos.
Porque aprendimos de Quintín Lame a estudiar las leyes del Estado y reconocer la validez de nuestras leyes como pueblos, sabemos que es absurdo e ilegal que el Estado nos de un derecho y luego nos condene por ejercerlo: los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes tenemos derecho a ejercer la autonomía, a aplicar nuestras propias leyes en los territorios propios, a ejercer nuestra justicia y a protestar ante la injusticia social. Eso dice la Constitución de este país. Entonces, entendemos que no pueden condenarnos cuando aplicamos justicia a quien violenta nuestros territorios e irrespeta nuestras normas y nuestras comunidades.
A diferencia de quienes nos mal gobiernan, para nosotras, nosotros integrantes de pueblos indígenas, negros, campesinos, la palabra sí tiene un valor supremo y se respeta. Si la Constitución nos garantiza derechos, fruto de nuestra lucha, queremos que se nos reconozca como sujetos políticos. Si después de una movilización legítima nos sentamos con el Gobierno y establecemos acuerdos, creemos que deben cumplirse, a cabalidad. Todos y cada uno de los mismos. Si alguien llega a nuestra comunidad a infringir la ley, aplicamos justicia. Así nos enseñaron, así nos criaron, así somos. Es nuestro derecho. Y cuando eso no ocurre, nos indignamos, nos da rabia que no respeten su palabra ni la nuestra.
Sabemos, pues, que a los que mal gobiernan este país esa rabia nuestra les da miedo. Por eso nos encarcelan, nos detienen o nos asesinan. Cada vez que nuestra indignación inunda las calles de las ciudades, de sus oficinas, cada vez que nuestros rostros y voces reclaman lo justo, ellos temen perder lo que han conseguido a sangre y fuego. Y entonces recurren a las viejas prácticas: mentir, reprimir, perseguir. Es que a los que mal gobiernan Colombia no les conviene un Feliciano Valencia que nos invite a juntarnos, a hermanarnos, a perdernos el miedo entre pueblos para juntos, liberar la Madre Tierra y con ella, liberarnos a nosotras y nosotros mismos. Nos temen porque saben que no es sólo Feliciano, y que no sólo son los pueblos indígenas: que entre nuestras comunidades somos muchas y muchos que así pensamos, que así hacemos y creemos.
Por eso hoy es Feliciano. Ayer fueron Lorena, Sergio, Paola, y demás compañeras y compañeros del Congreso de los Pueblos, injustamente detenidos enfrentando condenas de varias décadas. Porque sabemos que ese ayer y ese hoy no puede ni debe repetirse, es que apoyamos a los cabildos indígenas del Cauca en su declaración de asamblea permanente, y desde esta otra geografía, les expresamos nuestra solidaridad: sepan que en esta región su voz tiene un eco, y su caminar tiene otros muchos pies y pasos para construir esa Colombia digna y justa.
Al gobierno, le exigimos que la palabra se cumpla. No puede seguir hablando de paz y a la vez criminalizando la organización social y la lucha pacífica de los pueblos, persiguiéndonos peor que a los verdaderos criminales y delincuentes de este país.
Exigimos la libertad inmediata de nuestro hermano Feliciano Valencia y de todas y todos quienes se encuentran injustamente encarcelados por hacer parte de las movilizaciones y paros agrarios que hemos organizado, porque tenemos argumentos y derecho de realizarlos.
Exigimos seriedad y cumplimiento de las garantías a las cuales el gobierno se ha comprometido con la Cumbre Agraria, Étnica y Popular.
Exigimos que se deje de criminalizar a todas y todos los que de manera pacífica y organizada estamos construyendo autonomía y poder popular para la vida desde el Congreso de los Pueblos y todas las organizaciones sociales que lo integramos, reiterando que nuestros caminos son de paz frente a la destrucción y muerte que este largo conflicto ha dejado en nuestras veredas, corregimientos, ciudades, barrios y universidades.
Por la vida digna y la permanencia en el territorio
Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar
Equipo Jurídico Pueblos
Septiembre 21 de 2015.
