Entre el 15 y 23 de junio de este año, tendrá lugar en Río de Janeiro la Cumbre de los Pueblos sobre Río +20 por la Justicia Social y Ambiental, donde las organizaciones, colectivos y movimientos sociales harán propuestas para proponer una nueva forma de vida en el planeta, en solidaridad contra la mercantilización de la naturaleza y en defensa de los bienes comunes.

Por el respeto a la naturaleza, el 1ro de febrero se inicia en Perú la Gran marcha nacional por el derecho al agua y la vida cuya plataforma incluye la prohibición tanto de minería en cabeceras de cuencas y glaciares, como de minería con cianuro y mercurio, la moratoria de concesiones mineras, el derecho a la consulta a los pueblos, entre otros puntos.  Diversos sectores y organizaciones sociales han comprometido su participación, entre ellas las organizaciones de base de regiones, provincias y comunidades afectadas por la minería.

Otro país donde pende la amenaza de un mayor deterioro ambiental es Honduras, pues el Congreso Nacional se apresta a discutir y aprobar un proyecto de ley de minería e hidrocarburos sumamente lesiva a los pueblos indígenas y negros, a las comunidades campesinas y rurales, y al pueblo hondureño en general.

Ante la emergencia agroalimentaria y las catástrofes naturales registradas en el norte de México, provocadas por el cambio climático, las organizaciones de la región han formulado un llamado para que se tomen medidas de emergencia que conduzcan también a un cambio profundo en la política del campo y de los esquemas productivos.

En Argentina, entre tanto, la violencia no para.  El Mocase denunció que siguen atacando las bandas armadas en las comunidades campesinas-indígenas de Santiago del Estero, como también la falta de decisión de los jueces para resolver estas situaciones.  También continúan los ataques hacia la comunidad Qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera), denunciaron los integrantes de la mesa de diálogo y trabajo, a la vez que exigieron a las autoridades nacionales y provinciales que tomen las medidas de seguridad efectivas que terminen con estos actos de hostigamiento hacia los pompi.

En el vecino Uruguay, un reclamo solidario se dio a conocer debido a que corren ya prácticamente 6 años de la ocupación de tierras en Bella Unión del 15 de enero de 2006, ocupación que además de constituirse en acto de justicia, se convirtió en símbolo del sentir de “peludos”, trabajadores rurales y pequeños productores, sin embargo la solución definitiva no llega.

Entretanto, desde República Dominicana se denuncia que, al no tener aprobada la ley sobre bioseguridad, existe el riesgo de la introducción de transgénicos.  Se teme que la empresa Monsanto monopolice el mercado de semillas e introduzca sus paquetes tecnológicos, con lo cual desaparecería la producción de semillas con sus variedades adaptadas a los ecosistemas locales.  La Articulación Nacional Campesina, que viene denunciando la introducción transgénicos para la alimentación animal y su venta en los supermercados, pide que se abra un debate sobre el tema.

Nuevamente el antiterrorismo ha sido utilizado por los Estados para justificar la criminalización de los pueblos indígenas, señaló la CAOI para señalar que en Chile, después de que un incendio afectara cuatro mil hectáreas forestales, el gobierno de Sebastián Piñera estableció que el fuego fue producto de un atentado realizado por mapuches que reivindican esas tierras, lo que ha dado lugar a que se registren allanamientos y otras medidas persecutorias.  Por otra parte, organizaciones sociales de este país formularon un llamado a sectores campesinos y comunidades mapuches para que no permitan que avance la nueva ofensiva empresarial que busca expandir plantaciones de pino y eucaliptos.

Un tratado de libre comercio (TLC) como el que se anuncia con Corea lesionará de manera gravísima a la industria y por ende al empleo formal de Colombia, porque provocará enormes reducciones o el cierre definitivo de empresas, sostiene la Coalición opuesta a este tratado al sustentar Por qué decirle no al TLC entre los dos países.

Preocupados por la realidad que están enfrentando los inmigrantes haitianos en la frontera de la región norte de Brasil, organizaciones nacionales e internacionales de apoyo a las migraciones y grupos de investigación y estudios sobre las migraciones con sede en las diferentes universidades brasileñas suscribieron un Manifiesto en Defensa de los Derechos Humanos de los Inmigrantes Haitianos que contiene una serie de recomendaciones al gobierno de ese país.

Escuche el programa de audio No. 71 de Voz de los Movimientos con información sobre la participación de laMarcha Mundial de las Mujeres en el Foro Social Temático 2012; la situación de los indígenas y campesinos en Guatemala, y sobre el fallo de la Justicia panameña a favor de un área protegida.

Más información en www.movimientos.org

 

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