El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC manifiesta su rechazo a las situaciones de enfrentamiento entre indígenas y campesinos que se están presentando con motivo de disputa por la finca de los Naranjos en límites entre los municipios de Cajibio y Totoro. Hay siete indígenas heridos graves y sabemos, por medios de comunicación, que también hay heridos campesinos.

Hacemos un llamado en el sentido de que la problemática de acceso a la tierra es común para indígenas y campesinos, y que la intención de las Instituciones y de sectores dominantes en el Cauca de impedir la lucha por una mejor distribución de la tenencia, utilizando la división entre los más desfavorecidos, no puede prosperar.

No tiene justificación desde una concepción popular que algunas organizaciones campesinas planteen que no permitirán que haya compra de tierras para indígenas, ni constitución ni ampliación de resguardos. Esta es una posición racista generada desde los sectores dominantes y desde las instituciones e incluso desde algunas organizaciones sociales que ante la incapacidad de generar una verdadera lucha agraria ubican la problemática como un conflicto entre etnias.

La comunidad indígena de Jebala es una comunidad que posee actualmente 614 hectáreas y está constituida por 394 familias (1.772 personas), es decir menos de 2 has por familia. El acceso a una mejor distribución de tierra es una condición necesaria para su sobrevivencia física y cultural.

En el caso de la finca los Naranjos se trata de un predio de 44 hectáreas, el cual fue vendido por el propietario en un proceso realizado por INCODER para compra de tierras a desplazados. La comunidad indígena de Jebala no estuvo de acuerdo con esta compra para desplazados ya que allí vivían 6 familias indígenas desde hace décadas, a las cuales no se les tuvo en cuenta en el momento del proceso realizado por INCODER, a pesar de que esta finca figura en el estudio socioeconómico de la comunidad de Jebala, realizado por INCORA desde el año 2005.

Los desplazados ante la situación de oposición de la comunidad indígena de Jebala y ante la expectativa de acceder a otros terrenos, no han aceptado recibir esta finca. Ante ello, la comunidad de Jebala ha reclamado que se tenga en cuenta las necesidades y la priorización realizada en el estudio socioeconómico del 2005 y que el predio le sea entregado.

Comunidades campesinas del municipio de Cajibio entraron a hacer posesión de terrenos de esta finca, requiriendo que si no es para los desplazados sea entonces para ellos; argumentado su necesidad de tierra pero también su decisión de que en el municipio de Cajibio no haya ninguna compra para indígenas.

La presencia simultánea de las seis familias indígenas que estaban desde antes de la transacción realizada por el INCODER, y de los campesinos que han hecho ocupación del territorio desde mayo de 2012, se presta para situaciones difícilmente controlables como las que se han venido presentando, a pesar de los esfuerzos organizativos y de pactos de respeto y convivencia hechos.

Por lo anterior, exigimos que instituciones como el INCODER y el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que han generado este problema, asuman de manera rápida una salida jurídica para su solución. A la comunidad campesina los llamamos a que respeten los pactos de respeto y convivencia y a que seamos conscientes de que la alta concentración de la tierra esta en manos de los sectores con poder que son los que nos quieren dividir. Igualmente hacemos un llamado a los medios de comunicación para tratar de manera prudente estas situaciones, de manera que no sean utilizados para agudizar la problemática.

CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA.

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