Bogotá, agosto 28 de 2023. Con profundo dolor recibimos nueva información sobre el recrudecimiento de la violencia, la violación de los derechos humanos y la crisis humanitaria que siguen presentándose en el departamento del Cauca. Entre el 1ero de enero y el 4 de agosto de 2023, de acuerdo con el registro de diversas organizaciones sociales y ONG nacionales e internacionales, en Colombia, han sido asesinadas 100 personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y 24 firmantes del Acuerdo Final de Paz. El departamento del Cauca es uno de los más afectados con 22 casos seguido de Antioquia, Nariño y Valle del Cauca con 10 víctimas cada uno.
En nuestra reciente visita realizada al departamento del Cauca encontramos una profundización de la crisis humanitaria por efectos del conflicto armado, la falta de oportunidades educativas, económicas y en general de proyectos de vida, lo que contribuye a que muchos jóvenes, hombres y mujeres se vean obligados/obligadas a vincularse a los grupos armados y/o a las economías ilícitas como la producción de sustancias psicoactivas, su tráfico y comercialización.
La presencia y actuación de los grupos armados ilegales en el territorio se ha expandido y afianzado, lo cual ha incrementado las amenazas y asesinatos selectivos, desplazamientos masivos, restricciones a la movilidad, confinamientos, reclutamiento y utilización de los niños, niñas, jóvenes y mujeres, así como el incremento de instalación de artefactos explosivos. Todo ello genera un ambiente generalizado de zozobra y miedo.
Es imperativo que el gobierno colombiano y los grupos armados ilegales con presencia en el Cauca concreten las condiciones para que se dé inicio prontamente a los procesos de diálogo que permitan desescalar y finalizar la violencia armada de manera integral. Así mismo instamos a los grupos armados a dar muestras de voluntad real de paz cesando cualquier acto de guerra, tal como lo ordena el Derecho Internacional Humanitario – DIH.
Del mismo modo, invitamos al Estado colombiano a prestar especial atención a los riesgos adicionales que se derivan de la próxima contienda electoral en el mes de octubre. Es urgente que las autoridades nacionales, departamentales y locales tomen las medidas necesarias para proteger a las comunidades y a los y las candidatas que aspiran a ocupar cargos públicos
Exhortamos al Estado colombiano a dar respuestas precisas y oportunas a la crisis humanitaria, lo cual implica fortalecer su presencia institucional integral y articulada en el territorio como una manera de recuperar la confianza de las comunidades, superando el histórico enfoque militarista.
Rechazamos los hechos victimizantes y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario que ponen en riesgo la vida e integridad de la población civil. Es inaceptable que en un país que ha optado por privilegiar la vía del diálogo se siga atentando de manera permanente contra la vida.
Como organizaciones internacionales de sociedad civil continuaremos respaldando las justas demandas que, de manera permanente, las organizaciones sociales, con mucha valentía, han presentado ante las autoridades competentes, sin que hasta el momento se hayan tomado medidas eficientes y sostenidas para superar esta crisis, proteger la vida y garantizar los derechos humanos de las personas y comunidades.
