Las autoridades colombianas deben adoptar más medidas para proteger a la población civil, atrapada de forma creciente en el conflicto armado que se desarrolla en Colombia, ha declarado hoy Amnistía Internacional tras el homicidio el fin de semana de un líder indígena en el Cauca, en el suroeste de Colombia.
El domingo por la tarde, Lisandro Tenorio, médico tradicional y líder espiritual del pueblo indígena nasa, fue abatido a tiros por unos hombres armados que se cree pertenecían a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) frente a su casa, en el resguardo (reserva) de López Adentro, municipio de Caloto (Cauca).
Este homicidio se produjo tras semanas de intensos combates en varias comunidades próximas entre las fuerzas de seguridad colombianas y las FARC, que han causado la muerte de varios civiles, heridas a muchos más y el desplazamiento forzoso de miles de personas.
Además, varios líderes indígenas, como Feliciano Valencia y Luis Acosta, han recibido amenazas de muerte de los paramilitares en las últimas semanas, después de que una coalición de líderes indígenas pidió que se pusiera fin a las hostilidades y la retirada de las tropas gubernamentales y de los combatientes de las FARC de los territorios indígenas. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), entre enero y julio de 2012 han perdido la vida de forma violenta 54 indígenas, figurando los nasas entre los más afectados.
“El reciente homicidio de un líder indígena nasa es otro ejemplo de cómo los civiles que viven en primera línea sufren la peor parte de los combates en el Cauca”, ha afirmado Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
“Las autoridades deben iniciar una investigación exhaustiva, independiente e imparcial sobre esta y otras muertes, y sobre la reciente sucesión de amenazas de muerte contra líderes comunitarios y activistas, y hacer que los responsables respondan de sus actos ante la justicia. También deben cumplir su obligación, contraída en virtud del derecho internacional humanitario, de proteger a la población civil en situación de riesgo a causa del conflicto armado.”
Después de que la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) pidiera el mes pasado que se pusiera fin a los combates, el ministro de Defensa colombiano declaró que las FARC estaban infiltradas en el movimiento indígena. La ACIN, junto con organizaciones locales de derechos humanos y sindicatos, fue acusada de “defender a la guerrilla”.
Amnistía Internacional cree que estas afirmaciones han expuesto a las comunidades indígenas y a la población civil en general que vive en la zona a sufrir nuevos ataques en un contexto ya tenso.
En esa misma región, el 10 de agosto fue atacada la comunidad afrodescendiente de La Toma del municipio de Suárez. Las FARC hicieron estallar una torre de comunicaciones después de que un avión militar ametrallara la zona. Los combatientes de las FARC permitieron huir a uno de los líderes de la comunidad —que trabajaba en la torre—, pero la comunidad quedó profundamente afectada por los sucesos.
Las dos partes del largo conflicto armado de Colombia han sido responsables en reiteradas ocasiones de abusos graves contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario.
Defensores y defensoras de derechos humanos, y sindicalistas, así como comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes son a menudo víctimas de amenazas y ataques de las fuerzas de seguridad y de los paramilitares que muchas veces actúan en connivencia con ellas, así como de los grupos guerrilleros.
“En virtud del derecho internacional de derechos humanos, todas las partes del conflicto deben respetar el derecho de la población civil a no verse involucrada en el conflicto y a no ser víctima de amenazas o de violencia”, declaró Susan Lee.
