Cultivos ilícitos y reclutamientos forzados se suman a amenazas y asesinatos
En 2011 han sido asesinados siete indígenas y ya son 30 en los últimos tres años
Medellín, May 19 (IPC). – La guerra que libran las denominadas bandas criminales (Bacrim) en varias subregiones de Antioquia por el control de territorios y actividades ligadas al narcotráfico, el fortalecimiento de los grupos guerrilleros en otras más y el interés de las multinacionales extranjeras por la explotación de recursos naturales, tienen hoy en grave riesgo a las comunidades indígenas del departamento.
Así lo sostienen los integrantes de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), quienes señalaron que, como consecuencia de esta situación, 30 nativos han sido asesinados en los últimos tres años de los cuales siete se produjeron sólo entre los meses de abril y mayo de 2011. Los casos más recientes se presentaron entre el 11 y 17 mayo del presente año. De acuerdo con las denuncias, el 11 de mayo integrantes de la Bacrim “Los Rastrojos” dieron muerte a Dani Urritia Ortiz, joven de 17 años miembro de la comunidad La Raya del pueblo Senú, en el municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño.
Los relatos recopilados señalan que el joven, quien comenzaba a destacarse como líder comunitario, fue abordado por un comando armado mientras caminaba por un camino de herradura acompañado de sus suegros. Según dirigentes de la OIA, su familia y sus suegros debieron abandonar el resguardo debido a amenazas contra sus vidas y, al día de hoy (jueves 19 de mayo) las autoridades no habían realizado la respectiva diligencia de levantamiento del cadáver, situación que aumentó la indignación entre los pueblos indígenas.
El otro hecho se registró el 15 de mayo en la comunidad Emberá Saudó, municipio de Chigorodó, Urabá antioqueño. Ese día, hombres que se movilizaban en motocicletas ingresaron hasta la residencia de Wilson Domicó Bailarín, de 23 años de edad, a quien le propinaron varios impactos con armas de fuego. Y el 17 de mayo, la OIA conoció el asesinato de Otoniel Domicó, un Emberá Katío perteneciente a la comunidad Dokerazabi, en el municipio de Turbo.
Estos hechos se suman a los ya registrados el 15 de abril pasado, cuando se conoció el asesinato de Jesús María Aguilar, indígena Senú presidente de la junta de acción comunal de la comunidad de Campanario, ubicada en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. Las autoridades atribuyeron este hecho a una presunta incursión armada de “Los Rastrojos”. Ocho días antes (el 8 de abril) sujetos armados habían asesinado en Caucasia a los también Senúes Francisco Monterroza Oviedo, Osneidy Peña y Zeider Peña.
Pero no son sólo los homicidios lo que preocupa a los líderes indígenas. También se han conocido casos de serías amenazas de muerte dirigidas contras familias y líderes de los resguardos, lo que ha ocasionado un éxodo forzado invisible para las autoridades departamentales. “Tenemos unas 48 personas que debieron abandonar sus resguardos por cuenta de las amenazas que se dieron después de estos asesinatos. A estas personas las ubicamos en otros resguardos, pero si hiciéramos la cuenta de las familias que hemos tenido que reubicar en el último año, tendríamos una cifra bastante alta. Eso, para nosotros, es desplazamiento forzado”, sostuvo William Carupia, presidente de la OIA.
El territorio
Si bien las autoridades judiciales aún no muestran avances en las investigaciones de estos crímenes que permitan dar cuenta de los móviles o de los autores, el presidente de la OIA no descarta que se trate de retaliaciones de las bandas criminales por la negativa de los pueblos indígenas de permitir su presencia en los resguardos.
“En El (Parque Nacional) Paramillo, por ejemplo, las bandas criminales están obligando a los indígenas a sembrar coca en los resguardos, están reclutando jóvenes de manera forzada. Para ellos, el resguardo es estratégico, porque es selvático, se pueden esconder y les permite moverse fácilmente entre Córdoba y el Golfo de Urabá. Entonces, nosotros les estorbamos para sus cosas. Las comunidades nos hemos opuesto a lo que ellos hacen y creo que por eso las amenazas y los asesinatos”, agregó el presidente de la OIA.
En Antioquia habitan 165 comunidades pertenecientes a los pueblos Emberá Katío, Emberá Chamí, Tules y Senúes, cuya población puede llegar a los 32 mil indígenas. A su vez, en el departamento existen 48 resguardos que ocupan 350 mil hectáreas de tierra y se encuentran en el Suroeste, Occidente, Bajo Cauca y Urabá antioqueño.
Y son precisamente en estas dos últimas subregiones donde se registran las mayores dificultades para estos pueblos por cuenta del accionar de las bandas criminales y grupos guerrilleros como las Farc. Sin embargo, William Carupia también advirtió sobre el riesgo que implica para las comunidades asentadas en el Occidente del departamento (Frontino, Murindó, Dabieba) el ingreso de multinacionales mineras que vienen realizando exploraciones para la explotación de materiales como oro, molibdeno y platino.
“La preocupación no sólo es por los peligros ambientales sino porque detrás de las empresas están llegando los grupos armados ilegales. Ya se han registrado amenazas contra varios líderes que se oponen a la explotación minera. En algunos casos han sido las Bacrim, en otros casos ha sido la guerrilla, pero todos dicen lo mismo: no nos podemos oponer porque detrás de la explotación, viene la plata para ellos de las vacunas y extorsiones”, manifestó.
Al ser consultado sobre el particular, el director de la Oficina de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Gobernación de Antioquia, Carlos Alberto Vallejo, indicó que las unidades móviles de dicha dependencia se encuentran realizando los respectivos análisis con miras a tomar las medidas pertinentes de protección.
A su vez, el gerente Indígena de Antioquia, Carlos Augusto Salazar, señaló que el tema de seguridad al interior de los resguardos será analizado con organismos multilaterales como Acnur, a fin de fortalecer las medidas de protección humanitaria. “Las autoridades de policía vienen realizando una presencia importante en subregiones como el Bajo Cauca y el Urabá y prueba de ello son los golpes a estas bandas criminales. Sin embargo, vamos a analizar la situación para ver cómo fortalecemos las medidas de protección humanitaria para los pueblos indígenas”, aseveró.
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