Los continuos hechos que vienen ocurriendo en nuestro territorio por el accionar de los actores armados legales e ilegales, acciones que vulneran fragante mente nuestra convivencia pacífica y coloca en riesgo nuestras comunidades, el Pueblo Kokonuko ubicado en los municipios de Puracé, Popayán y el Tambo, Rechazamos Rotundamente la presencia de estos actores armados en conflicto y exigimos respeto a nuestro territorio, nuestra autonomía y a nuestro gobierno propio;

DENUNCIAMOS ANTE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y ORGANISMOS DE DEFENZA DE LOS DEREHOS HUMANOS DEL NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, los siguientes hechos:

El 25 de febrero de 2.010 en el sitio la chorrera, calaguala, Resguardo Indígena de Kokonuko, Municipio de Puracé, se presento una emboscada por parte de la insurgencia armada a la policía nacional, generando zozobra, pánico y desequilibrio a la comunidad indígena.

La amenaza al Señor Alcalde del Municipio de Puracé, comunero: MIGUEL YACE y su familia con conocimiento de donde provienen las amenazas proceso que es materia de investigación por la autoridades competentes.

En el año 2005 ocurre la violación de una comunera indígena en Resguardo de Kokonuko por parte de miembros del Ejército Nacional, suceso que hasta la fecha sigue impune.

Desde hace algún tiempo y hasta la fecha se están presentando continuos atracos en la vías que conducen de Popayán hacia Kokonuko y San José de Isnos.

En el año 2009, en el Resguardo Indígena de Paletará se presento la desaparición del comunero Albeiro Mueses y hasta la fecha no se conoce el paradero del compañero ni los actores de este hecho.

Así mismo en febrero de este año, se presento el atraco a mano armada y el robo de la Camioneta del AIC en el sitio el Acuario – Paletará, donde también amenazaron a los ocupantes de la camioneta.

Desconocimiento de la firma contratista responsable de la Construcción de la Vía Popayán San José de Isnos y que previa concertación con las autoridades indígenas de kokonuko y Paletará no respetan los acuerdos pactados originando conflicto interno, el pueblo kokonuko no está en desacuerdo con el desarrollo en beneficio de la comunidad siempre y cuando se respeten las instancias de la autoridad indígena.

El falso positivo realizado por el Ejercito Nacional el 3 de julio de 2009 en el Resguardo de Puracé, hechos que son materia de investigación

El día 31 de Agosto de 2009 el secuestro extorsivo y el asesinato del compañero SAMUEL SANCHEZ QUILINDO indígena Polindara.

Hechos presentados por el grupo armado columna Móvil Jacobo Arenas donde fue retenido un comunero indígena del Resguardo de Puracé, que originaron la quema de 2 buses de empresas de transporte interdepartamental, estos hechos generan amenazas a integrantes del Cabildo de Puracé en cabeza del gobernador OLINTO MAZABUEL.

En el año 2005 en la vereda el Cabuyo Resguardo Indígena de Quintana fue asesinado por el Ejercito Nacional el compañero OSWALDO SANCHEZ cuando se desplazaba desde su casa a la parcela, hasta el momento no se han dado resultados positivos a favor de la familia.

Se han presentado amenazas y atentado al comunero ANTONIO QUILINDO ex gobernador del cabildo de Quintana en el año 2005, como también amenazas al ex gobernador HECTOR ARIAS sin tener información de los actores de estos hechos.

En el año 2007 la institución del Estado el INCODER desconoció los acuerdos firmados por entes institucionales y el Cabildo de Poblazón, comprando la Finca VILLACAROLA del Resguardo de Poblazón para ser entregada a familias desplazadas, generando conflicto con la comunidad indígena por este hecho no sea permitido la legalización del territorio.

Seguimiento y persecución en el año 2009 a la ex consejera de la Zona Centro oriunda del reguardo de Poblazón.

La falta de voluntad política por parte del Estado para el reconocimiento del Cabildo Indígena del Pueblo Kokonuko – Municipio de Popayán, generando dificultades en el cumplimiento de los derechos en bien de los pueblos indígenas.

La presencia de las Multinacionales con intereses extractivista y capitalistas, sin la previa consulta a las comunidades ancestrales, sin el consentimiento libre previo e informado y afectando los territorios, como lo que está sucediendo con la Multinacional ANGLO GOLD ASHANTI, cuya pretensión es la explotación de oro en el sitio de Munchique del Municipio del Tambo, afectando el bienestar de la comunidad de Alto del Rey y cabildo de Guarapamba.

Otros hechos que han generado desequilibrio a la armonía y convivencia en nuestros territorios, es la presencia continúa de grupos armados legales e ilegales que generan zozobra e irrespetan el ejercicio de control territorial por parte de nuestras autoridades indígenas, además las continuas amenazas que vienen siendo víctimas nuestros dirigentes indígenas por reclamar los derechos de las comunidades del Pueblo kokonuko.

Estos hechos de violencia que vienen sucediendo en nuestro territorio, es una muestra más de de la violación del derecho fundamental al territorio de los pueblos indígenas y de la pervivencia de los mismos. No queremos que nuestros Territorios se conviertan en un campo de batalla por parte de los actores armados.

El territorio y la vida hacen parte de nuestro derecho fundamental único y universal, que nuestro derecho ancestral y originario permanentemente ha reclamado al Estado Colombiano y gobiernos internacionales proteger los derechos que hacen parte de nuestras comunidades.

Por lo tanto exigimos del Estado y sus Instituciones el cumplimiento de la Orden emanada de la Honorable Corte Constitucional del Auto 004 para que se de operatividad a los Planes de Salvaguardia y de Garantía de los Pueblos Indígenas.

Exigimos que los grupos armados legales e ilegales abandonen nuestros territorios y no nos conviertan en campos de guerra, solicitamos de los Organismos de defensa de los Derechos Humanos del Nivel Nacional e Internacional para que realice el seguimiento de nuestras exigencias.

Exigimos a los actores en conflicto y al Estado el respeto y la protección por la vida a nuestros dirigentes indígenas.

Como pueblo kokonuko nos solidarizamos con nuestros hermanos indígenas a nivel departamental y nacional que vienen siendo víctimas de esta guerra que no nos pertenece.

Antes que obstaculizar y señalar nuestros territorios como sitios de guerra, concurran desde sus propios espacios garantizando que los Pueblos Indígenas en ejercicio de nuestra autonomía establezcamos nuestros territorios como territorios de paz y convivencia, como se ha demostrado durante muchos siglos.

El pueblo kokonuko nos Declaramos en Alerta Permanente a partir de esta Audiencia Pública.

PUEBLO KOKONUKO.

MARZO 04 DE 2010

Cultivos ilícitos y reclutamientos forzados se suman a amenazas y asesinatos

En 2011 han sido asesinados siete indígenas y ya son 30 en los últimos tres años

Medellín, May 19 (IPC). – La guerra que libran las denominadas bandas criminales (Bacrim) en varias subregiones de Antioquia por el control de territorios y actividades ligadas al narcotráfico, el fortalecimiento de los grupos guerrilleros en otras más y el interés de las multinacionales extranjeras por la explotación de recursos naturales, tienen hoy en grave riesgo a las comunidades indígenas del departamento.

Así lo sostienen los integrantes de la Organización Indígena de Antioquia (OIA), quienes señalaron que, como consecuencia de esta situación, 30 nativos han sido asesinados en los últimos tres años de los cuales siete se produjeron sólo entre los meses de abril y mayo de 2011. Los casos más recientes se presentaron entre el 11 y 17 mayo del presente año. De acuerdo con las denuncias, el 11 de mayo integrantes de la Bacrim “Los Rastrojos” dieron muerte a Dani Urritia Ortiz, joven de 17 años miembro de la comunidad La Raya del pueblo Senú, en el municipio de Zaragoza, Bajo Cauca antioqueño.

Los relatos recopilados señalan que el joven, quien comenzaba a destacarse como líder comunitario, fue abordado por un comando armado mientras caminaba por un camino de herradura acompañado de sus suegros. Según dirigentes de la OIA, su familia y sus suegros debieron abandonar el resguardo debido a amenazas contra sus vidas y, al día de hoy (jueves 19 de mayo) las autoridades no habían realizado la respectiva diligencia de levantamiento del cadáver, situación que aumentó la indignación entre los pueblos indígenas.

El otro hecho se registró el 15 de mayo en la comunidad Emberá Saudó, municipio de Chigorodó, Urabá antioqueño. Ese día, hombres que se movilizaban en motocicletas ingresaron hasta la residencia de Wilson Domicó Bailarín, de 23 años de edad, a quien le propinaron varios impactos con armas de fuego. Y el 17 de mayo, la OIA conoció el asesinato de Otoniel Domicó, un Emberá Katío perteneciente a la comunidad Dokerazabi, en el municipio de Turbo.

Estos hechos se suman a los ya registrados el 15 de abril pasado, cuando se conoció el asesinato de Jesús María Aguilar, indígena Senú presidente de la junta de acción comunal de la comunidad de Campanario, ubicada en el municipio de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño. Las autoridades atribuyeron este hecho a una presunta incursión armada de “Los Rastrojos”. Ocho días antes (el 8 de abril) sujetos armados habían asesinado en Caucasia a los también Senúes Francisco Monterroza Oviedo, Osneidy Peña y Zeider Peña.

Pero no son sólo los homicidios lo que preocupa a los líderes indígenas. También se han conocido casos de serías amenazas de muerte dirigidas contras familias y líderes de los resguardos, lo que ha ocasionado un éxodo forzado invisible para las autoridades departamentales. “Tenemos unas 48 personas que debieron abandonar sus resguardos por cuenta de las amenazas que se dieron después de estos asesinatos. A estas personas las ubicamos en otros resguardos, pero si hiciéramos la cuenta de las familias que hemos tenido que reubicar en el último año, tendríamos una cifra bastante alta. Eso, para nosotros, es desplazamiento forzado”, sostuvo William Carupia, presidente de la OIA.

El territorio

Si bien las autoridades judiciales aún no muestran avances en las investigaciones de estos crímenes que permitan dar cuenta de los móviles o de los autores, el presidente de la OIA no descarta que se trate de retaliaciones de las bandas criminales por la negativa de los pueblos indígenas de permitir su presencia en los resguardos.

“En El (Parque Nacional) Paramillo, por ejemplo, las bandas criminales están obligando a los indígenas a sembrar coca en los resguardos, están reclutando jóvenes de manera forzada. Para ellos, el resguardo es estratégico, porque es selvático, se pueden esconder y les permite moverse fácilmente entre Córdoba y el Golfo de Urabá. Entonces, nosotros les estorbamos para sus cosas. Las comunidades nos hemos opuesto a lo que ellos hacen y creo que por eso las amenazas y los asesinatos”, agregó el presidente de la OIA.

En Antioquia habitan 165 comunidades pertenecientes a los pueblos Emberá Katío, Emberá Chamí, Tules y Senúes, cuya población puede llegar a los 32 mil indígenas. A su vez, en el departamento existen 48 resguardos que ocupan 350 mil hectáreas de tierra y se encuentran en el Suroeste, Occidente, Bajo Cauca y Urabá antioqueño.

Y son precisamente en estas dos últimas subregiones donde se registran las mayores dificultades para estos pueblos por cuenta del accionar de las bandas criminales y grupos guerrilleros como las Farc. Sin embargo, William Carupia también advirtió sobre el riesgo que implica para las comunidades asentadas en el Occidente del departamento (Frontino, Murindó, Dabieba) el ingreso de multinacionales mineras que vienen realizando exploraciones para la explotación de materiales como oro, molibdeno y platino.

“La preocupación no sólo es por los peligros ambientales sino porque detrás de las empresas están llegando los grupos armados ilegales. Ya se han registrado amenazas contra varios líderes que se oponen a la explotación minera. En algunos casos han sido las Bacrim, en otros casos ha sido la guerrilla, pero todos dicen lo mismo: no nos podemos oponer porque detrás de la explotación, viene la plata para ellos de las vacunas y extorsiones”, manifestó.

Al ser consultado sobre el particular, el director de la Oficina de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Gobernación de Antioquia, Carlos Alberto Vallejo, indicó que las unidades móviles de dicha dependencia se encuentran realizando los respectivos análisis con miras a tomar las medidas pertinentes de protección.

A su vez, el gerente Indígena de Antioquia, Carlos Augusto Salazar, señaló que el tema de seguridad al interior de los resguardos será analizado con organismos multilaterales como Acnur, a fin de fortalecer las medidas de protección humanitaria. “Las autoridades de policía vienen realizando una presencia importante en subregiones como el Bajo Cauca y el Urabá y prueba de ello son los golpes a estas bandas criminales. Sin embargo, vamos a analizar la situación para ver cómo fortalecemos las medidas de protección humanitaria para los pueblos indígenas”, aseveró.

Agencia de Prensa IPC

Medellín, Colombia

(57 4) 284 90 35

www.ipc.org.co/agenciadeprensa