El 19 de marzo, de 2008 en una actividad de carácter religioso, al que asistió el ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se publicitó la creación de una organización en apoyo a las políticas del presidente Álvaro Uribe y contraria al Consejo Regional Indígena del Cauca.

Este acto que pudo haber pasado inadvertido hizo parte de de la estrategia mediática del gobierno anterior cuyo fin único fue desinformar a la opinión pública y afectar el buen nombre del CRIC y del proceso de movilización de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria que reclamaba cambios en la política social, económica, cultural y ambiental, así como el cumplimiento de los compromisos que mantiene el Estado Nacional con los procesos de movilización desarrollados en el país en un periodo superior a 25 años.

Coincidencia o no, lo cierto es que 4 días después, en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) durante una audiencia pública solicitada por la ONIC para denunciar la difícil situación de derechos humanos vivida por los pueblos indígenas en Colombia, Viviana Manrique, entonces Viceministra del Interior y de Justicia, expresó, sin que nadie lo pidiera, «Quisiera saludar a la OPIC, que se conformó en un evento con más de 3000 indígenas (…) una organización que no comparte con el accionar del CRIC (…), apoyaron al presidente Uribe y a su política de seguridad democrática (…) y le dieron respaldo a las fuerzas militares y la policía».

Luego dicha organización aparece registrada en Cámara de Comercio como ONG incluyendo entre sus fundadores a superiores de la fuerza pública nacional y a un reinsertado de las autodefensas de Ortega quién meses después fue sindicado y detenido por su participación en la masacre del Naya, sucedida en abril del 2001.

Meses después, el gobierno nacional constata que la personería de ONG que tenía la OPIC no servía a sus fines de intervenir los territorios indígenas, por lo cual obliga otro procedimiento ilícito, mediante el cual, a través del engaño a dos autoridades tradicionales del pueblo Embera del litoral del San Juan, departamento del Chocó, la oficina de asuntos étnicos dio personería de consejeros a integrantes de la Opic, figura que solo ha sido concedida en Colombia por Autoridades Tradicionales de los pueblos indígenas del Cauca al CRIC A pesar de las denuncias e inicio de procesos públicos, en el marco del derecho propio, así como de solicitudes de investigación por calumnia, falsedad y engaño contra los comuneros Rogelio Yonda y Ana Silvia Secue, tanto el gobierno como algunos periodistas continúan entregando noticias a medias y muchas veces mal intencionadas que en vez de comunicar crean desinformación y situaciones de alteración de la convivencia ciudadana como las sucedidas en los municipios de Páez, Santander de Quilichao y Caldono, en donde se responsabiliza al CRIC de situaciones generadas por comportamientos anómalos de quienes se dicen voceros de la opic.

Informar que se enfrentan integrantes de dos organizaciones indígenas del Cauca no solo muestra el desconocimiento que tiene el periodista sobre el acontecer de los pueblos indígenas sino la validez que le otorga a sus fuentes quienes se muestran como víctimas atacadas por miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca Cric.

El hecho, que puede parecer intranscendente en la cotidianidad caucana, es destacado en el periódico El Liberal con titular a tres columnas, presumiendo el periodista que lo sucedido “…pudo relacionarse con el hecho de que Cric no justifica la creación de la Opic…”, expresando más adelante que “…al cierre de esta edición, El Liberal llamó al Consejo Regional Indígena del Cauca (sic) para conocer si ya había un pronunciamiento sobre este caso, pero indicaron que ningún consejero dejó comunicado entorno a lo sucedido en Caldono.” De lo leído se desprende que se está haciendo prensa de escritorio y que no hubo corresponsal en el lugar de los acontecimientos, por lo tanto lo allí comentado, aparte de pernicioso e imparcial, resulta tergiversando lo sucedido, pues según denuncia oficial de las Autoridades Tradicionales de los resguardos indígenas de la Aguda San Antonio, Las Mercedes y Pueblo Nuevo, así como de Consejeros del Territorio Ancestral Sa´tha Ma Kiwe, lo que sucedió realmente fue producto del atropelló contra la guardia indígena realizado por parte de la señora Ana Silvia y sus acompañantes.

Denuncian los cabildos y asocabildos de Caldono que las circunstancias que rodearon los hechos se refieren a la realización de actividades sin permiso previo en el territorio de tradicional de La Aguada San Antonio por parte de personas extrañas a la comunidad una de la cuales era Ana Silvia Secue, comunera que rechazó su pertenencia al resguardo de Canoas, municipio de Santander de Quilichao y pregona que lo mismo deben hacer todos los indígenas del Cauca.

Es de público conocimiento, asunto dejado de lado por los periodistas al hacer noticias de la Opic, que tanto la señora Ana Silvia Secue como el señor Rogelio Yonda han sido emplazados ante sus comunidades para que respondan por los delitos de calumnia, falsedad y engaño, lo cual no han acatado, pero sí continúan su labor propagandística de desprestigio y afectación del buen nombre del proceso indígena del Cauca.

Lo acontecido en La Aguada San Antonio no es más que uno de los resultados que esperaba el gobierno Uribe al fomentar la política de rompimiento de la unidad indígena del Cauca, para lo cual una de sus puntas de lanza fue crear organismos paralelos, como la Opic, a los cuales entregaba recursos pertenecientes a las comunidades indígenas, mientras dificultaba los verdaderos compromisos históricos que mantiene el Estado colombiano con nuestros pueblos.

En conclusión

1.     En el Resguardo indígena de la Aguada San Antonio, municipio de Caldono, contrario a lo informado por el periódico El Liberal, Ana Silvia Secue y sus acompañantes atropellaron a integrantes de la Guardia Indígena al momento de ser notificada de la citación que tiene dicha señora ante la justicia propia y mientras era informada que por no ser integrante de la comunidad no podía hacer proselitismo ni oponerse al ritual del Sakelu que por esos días realizaba el pueblo Nasa que integra los seis resguardos indígenas del territorio ancestral Sa´tha Ma Kiwe.

2.      El CRIC nunca se ha opuesto a la creación de otras organizaciones indígenas, como lo afirma el periódico El Liberal, pero sí ha exigido que ellas respondan al querer y decisión de sus comunidades, aclarando que en el caso de la Opic su existencia es producto de muchas situaciones anómalas y perversidad institucional pues no es propiamente indígena sino una organización pluricultural extraña al Cauca, como lo muestran los registros de la oficina de etnias del ministerio del interior y de justicia.

3.     En bien de la convivencia comunitaria se requiere del gobierno nacional recomponer los actos emitidos que dieron origen a la Opic y que la prensa respete los mandatos de la prensa libre en el sentido que antes de entregar una noticia se documente bien y acuda a las fuentes ojala en el lugar de los acontecimientos.

REQUERIMIENTO AL DIARIO EL LIBERAL: En beneficio de la verdad y la imparcialidad informativa y la connivencia comunitaria, la Consejería Mayor CRIC, reclama de los directivos de ese diario la publicación de lo aquí expuesto en los mismos términos de espacio, sección y títulos de la nota en cuestión, publicada el pasado 24 de de agosto. 

CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA CRIC 

Popayán,  agosto 28 de 2010.