Comunicado a la opinión publica

Las comunidades indígenas afros y campesinas que habitamos en tiempos inmemorables en el imponente Macizo colombiano, dentro del marco del respeto, la minga, el encuentro, la solidaridad, y teniendo presente que nos unen intereses y visiones comunes en función del territorio que consideramos como nuestros y al que cuidamos como el tesoro mas preciado para bien de nuestras generaciones presentes y futuras como también para el resto de la sociedad colombiana y la humanidad teniendo en cuenta que ha sido declarado como reserva de la biosfera de parte de la UNESCO, territorios sometidos a presiones de actores ilícitos como también de carácter licito, nos permitimos manifestar ante la opinión publica y la institucionalidad colombiana los hechos que a criterio nuestro están colocando en riesgo la vida física de lideres indígenas, afros y campesinos y defensores de derechos humanos.

1. Miramos con preocupación el contexto regional e implementación de los acuerdos de paz suscritos entre el estado colombiano y las FARC-EP, contrario a lo esperado de parte de los habitantes del Macizo Colombiano, la situación es cada día mas precaria, teniendo en cuenta los hechos que se vienen presentando de amenazas y asesinatos a lideres indígenas, campesinos, afros y lideres de población mayoritaria que se identifican con este proceso como hechos dañinos y generadores de riesgo y vulneración la posible consolidación de una paz estable y duradera.
2. En el contexto de proceso de paz observamos como el gobierno nacional a través de las instituciones hacen llamado a la paz, la concordia, el respeto, la solidaridad, la participación de las comunidades pero evidenciamos con preocupación como desde el nivel central se imponen políticas publicas orientadas a procesos extractivos que desconocen el proceso comunitarios  en procura de conservación que han construido los actores sociales  a lo largo de los tiempos y que han garantizado la conservación de estos territorios.
3. Rechazamos la politica publica minera impulsada por el estado colombiano basada en principio en garantizar la seguridad jurídica para los 31 títulos mineros ya otorgados y la 103 solicitudes de contratos a traves de la agencia nacional minera en los municipios del que comprenden el macizo, que desconocen la posición reiterada, abierta, y franca de las comunidades contra la minería sea está de carater ilegal o legal por cuanto irrumpe nuestras culturas y tradiciones imposibilitan la certeza jurídica para los pobladores del macizo sea está propiedad colectiva o individual, y facilita y acelera el deterioro ambiental de este patrimonio de la humanidad colocando en riesgo inminente la supervivencia en nuestros territorios y pueblos.
4. Rechazamos el desconocimiento de parte del estado colombiano del sufrimiento, dolor y muerte ocasionado por el conflicto interno armado en el que hemos vivido históricamente evidenciado en la exclusión de la mayor parte de los municipios del macizo colombiano  del sur del departamento del Cauca en los PDETS, situación que profundiza el olvido estatal a este basto territorio y acelera los ciclos de pobreza, miseria y marginación al que hemos sido sometidos históricamente.
5. Hacemos un llamado al estado colombiano para que implemente los principios democráticos, facilite la participación de las comunidades en la toma de decisiones que afecten sus organizaciones y territorios y permitan la materialización de una paz territorial y comunitaria que redunde en el bienestar de todos los grupos poblacionales y sectores que habitamos en este sector del suroccidente colombiano
6. Hacemos un llamado a todos los habitantes del territorio para que a traves del pensamiento, la lucha, la movilización, exigimos que el estado de un tratamiento diferencial a este territorio para que podamos con el acompañamiento institucional efectivamente romper ese ciclo de violencia, de atraso y aspirar que en estos nuevos tiempos por los que transitan la nación colombiana, de una vez por toda la vida sea llevadera, digna y la visión de progreso sea mediante la concertación con el estado colombiano y las comunidades de este territorio vital para la nación colombiana.