Boletín No. 7 Avanzan los hostigamientos en contra de campesinos e indígenas en Minga Social

Comisión de Garantías y Derechos Humanos Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz

Avanzan los hostigamientos en contra de campesinos e indígenas en Minga Social

Tras el fracaso en la negociación con los pueblos indígenas y sectores sociales reunidos en el Pital, la jornada del 13 de marzo se ratifica por medio de las vías de derechos acordadas con las comunidades reunidas en el Pital, resguardo las Mercedes, territorio ancestral de Sat Tama Kiwe municipio de Caldono Cauca.

La falta de voluntad política y diálogo del Gobierno Duque a las exigencias y acuerdos incumplidos llevan a que la protesta social sea militarizada así:

Siendo las 11:30 am de la mañana del día 13 de marzo en corregimiento de Mondomo personal de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca-ACIN es herido por una papa bomba que estalló cerca.

En la zona ancestral de Tierradentro, a las 11 40 am en el Resguardo de Calderas es lesionado un comunero con capsula de gas lacrimógeno en ojo izquierdo en sector de Mondomo

Alertamos a la comunidad sobre el uso de drones parte de la fuerza pública con el fin de dirigir hostigamientos y procesos de judicialización contra los mingueros.

Comunicaciones CRIC

Tejido Defensa de la Vida y los DDHH de ACIN Chxab Wala Kiwe

Programa Defensa de la Vida y Los Derechos Humanos Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC

Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca.

Red de Derechos Humanos “Francisco Isaías Cifuentes”

Comisión de Garantías y Derechos Humanos Minga Social por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz.

Segunda Asamblea Nacional de Autoridades Indígenas del Pueblo Nasa, para fortalecimiento y cuidado de la Yat Wala

La Corte Constitucional Colombiana en el año 2009 expidió el Auto 004,  con el objetivo de proteger los de­rechos fundamentales de las per­sonas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto ar­mado o en riesgo de desplazamiento for­zado, como una forma de darle seguimiento a las medidas que ha­bían sido adoptadas a través de la Sentencia T-025 de 2004 y que el gobierno nacional no cumplió.