La incompetencia acumulada del Estado para garantizar la vida de los colombianos defensores de derechos humanos y de los derechos de la madre tierra, se evidencia en un nuevo atentado contra la vida del coordinador zona de la guardia indígena, Albeiro Camayo.
Recordemos que esto no se trata de un hecho aislado, por el contrario, corresponde a un ejercicio sistemático que ya ha tenido varios episodios; entre los que se encuentran múltiples amenazas, junto a lo ocurrido el 26 de Mayo cuando dispararon a su moto sin lograr herirlo y los hechos del 16 de julio, día en que en su vivienda, osaron atentar incluso contra de la vida de sus familiares.
Ayer 19 de diciembre de 2016, siendo aproximadamente las 7:30 pm, en seguida de la bomba de servicio ubicada en la salida de Santander de Quilichao hacia Popayán, Albeiro fue abordado por cuatro hombres: tres con rasgos mestizos y un encapuchado, lo subieron a una camioneta gris cuatro puertas y posteriormente en la vìa que conduce a la vereda el palmar, lo bajaron, le quitaron la camisa y con ésta le amarraron sus manos. Allí le dijeron:
“ya le hemos dicho que deje esa maricada”.
En medio del forcejeo, se pudo escabullir, botándose por una cañada, donde apenas pudo se comunicó a través de su radio de comunicación para pedir auxilio, llamado que atendió la guardia indígena y cimarrona ubicada en el sector.
Cabe mencionar que Albeiro Camayo, le fue asigando un esquema de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección –UNP, sin embargo, el bajo presupuesto dado para el combustible de la camioneta en la cual se moviliza hace que unos días del mes prescinda de movilizarse en ésta pues se ha consumido el presupuesto asignado, sumado a que el personal de su esquema de protección vive en Popayán y los traslados diarios desde Santander hasta Popayán hacen que se consuma más rápido el dinero para movilidad. Exigimos a la UNP revisar su esquema de protección atendiendo las particularidades que amerita el caso, entre otras el enfoque diferencial.
Denunciamos los hechos ante el ministerio público, la Fiscalía y las organizaciones defensoras de Derechos Humanos para que sean atendidos de manera urgente. Estos hechos configuran un crimen de la mayor gravedad para el movimiento indígena, la sociedad civil colombiana, los defensores de derechos humanos y la construcción de la paz en el país.
