Conmemorar 55 años es honrar un tejido que permanece vivo en los territorios, es mantener viva la memoria de nuestras mayores y mayoras que orientaron este camino organizativo. Un proceso que nació en 1971 como una expresión legítima de dignidad frente a las múltiples formas de despojo, exclusión y violencia estructural que afectaban a los pueblos indígenas.

Desde sus inicios trabajó en articulación con los pueblos indígenas, reconociendo y respetando su diversidad cultural y territorial. A partir de ese momento, sostuvo una lucha constante por la defensa de la vida, el territorio y la dignidad colectiva, entendida como el derecho fundamental de los pueblos.

Este camino colectivo, sembrado hace más de 55 años por el Consejo Regional Indígena del Cauca, se ha fortalecido a lo largo del tiempo mediante el trabajo con las comunidades en los diferentes territorios, lo que ha permitido mantener vivo el legado de líderes y lideresas que lucharon por nuestros derechos.

En este recorrido histórico se ha consolidado como una estructura organizativa que actualmente articula a 138 territorios indígenas a través de sus cabildos, resguardos y asociaciones zonales. Esta articulación responde a la necesidad de coordinar acciones y decisiones colectivas en defensa de los principios de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía. Dichos principios son el resultado de un proceso histórico de organización, lucha y resistencia de los pueblos indígenas del Cauca, y constituyen la base política, cultural y territorial que orienta el accionar y la proyección de este proceso organizativo.

La conmemoración de estos 55 años no solo evoca el origen del proceso organizativo, sino que reafirma el compromiso de las comunidades con el cuidado de la vida para la pervivencia en sus territorios.

PROGRAMA DE DEFENSA DE LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS

COMUNICADO PÚBLICO DE RECHAZO Y ALERTA HUMANITARIA

El  Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC, por medio del Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos  expresamos nuestro rotundo rechazo ante las nuevas amenazas y señalamientos de muerte difundidos a través de un panfleto atribuido a las denominadas FARC-EP, Estado Mayor Central, el día de hoy 25 de noviembre de 2025, en el cual se declara objetivo militar  y se establece un plazo de 28 horas a varios compañeros de la Guardia Indígena y Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos para que renuncien a sus ejercicios organizativos y salir del territorio con sus familias. Así como la persecución y amenaza de muerte contra uno de nuestros guardias operativos en Inzá y su familia.

Estos hechos ocurren en medio de una arremetida violenta, amenazas, hostigamientos y ataques contra nuestras comunidades, proceso organizativo y miembros de la Guardia Indígena, quienes mantienen los ejercicios de cuidado y defensa territorial. Dichos actos constituyen una agresión directa contra la Autonomía de los Pueblos y contra los esfuerzos comunitarios que venimos tejiendo para sostener la vida en medio de la guerra.

Rechazamos de manera enfática las acusaciones infundadas y falsas con las que se pretende ensuciar, estigmatizar y criminalizar a los compañeros de la Guardia Indígena, señalándolos como colaboradores del ELN y del Frente 57 en un intento de legitimar futuras agresiones y asesinatos. Tales señalamientos no solo son falsos, son una estrategia perversa que busca fracturar la confianza, dividir a las comunidades y debilitar el control territorial, mingas comunitarias y procesos de humanitarios y de construcción de paz que adelantamos en nuestros territorios.

A los grupos armados y la sociedad en general les decimos: No respaldamos a ningún grupo armado. Nuestra lucha es por la vida, la pervivencia de los pueblos y la defensa de los territorios. Quienes amenazan, señalan o asesinan a nuestros comuneros y comuneras no son revolucionarios, son criminales que accionan sus armas contra el Pueblo de la misma forma que los hicieron los paramilitares años atrás. Nuestra respuesta seguirá siendo la misma, la resistencia. No vamos a ningún lado, nadie nos va a sacar de nuestros territorios, ningún guardia va a ser expulsado de su propia tierra.

Exigimos al Estado colombiano, en especial a la Unidad Nacional de Protección – UNP, al Ministerio del Interior y a las entidades del Sistema Nacional de Derechos Humanos, la activación inmediata de las rutas de protección individual y colectiva para garantizar la vida e integridad de los compañeros amenazados y de sus familias. La inacción institucional frente a estas amenazas reiteradas sería una forma de complicidad con los agresores.

Asimismo, llamamos a los organismos internacionales de derechos humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, a la CIDH y a las misiones de verificación y acompañamiento humanitario, a mantener vigilancia y seguimiento urgente sobre esta situación, en la que se evidencia un patrón sistemático de persecución y riesgo extremo contra la Guardia Indígena y equipos de derechos humanos que realizan acciones humanitarias en el departamento del Cauca.

Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra.

Popayán, Cauca, 25 de noviembre de 2025.