Comunicado a la opinión pública
Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos – CRIC
El Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC denuncia ante la opinión pública Nacional e Internacional la grave y crítica situación humanitaria que azota al departamento del Cauca. De manera simultánea, comunidades Indígenas de al menos cinco municipios han sido objeto de hostigamientos, incursiones armadas y combates, que ponen en alto riesgo la vida de la población civil y mantienen a las comunidades en zozobra permanente.
Aproximadamente a las 4:45 de la madrugada del domingo 14 de septiembre, en las veredas Las Cruces, Tres Cruces y El Tengo, en el Territorio Ancestral del pueblo Kisgó, un grupo fuertemente armado realizó una incursión armada desde la parte alta de la montaña. El ataque se prolongó hasta las 8:40 a.m., poniendo en riesgo a familias enteras y a comuneros que a esa hora se movilizaban hacia sus actividades diarias. La presencia sostenida de hombres armados en el corazón del territorio indígena constituye una violación grave al Derecho Internacional Humanitario, que prohíbe exponer a la población civil a escenarios de guerra.
Siendo las 9:50 de la mañana, se reportó además la instalación de artefactos explosivos en la entrada de la vereda El Tengo, en la vía que conduce desde Silvia hacia el territorio Kisgó, situación que incrementa el riesgo y la vulnerabilidad de la población civil.
De forma paralela, se presentan nuevos hostigamientos en Caloto, Toribio y Corinto, intensificando la violencia en el norte del Cauca. La situación se agravó con los fuertes combates registrados entre el corregimiento de Ortega y la Laguna, en los límites con el Territorio Ancestral de Chimborazo, que mantienen a las comunidades confinadas y bajo un riesgo constante.
De manera simultánea, se denunció la presencia de retenes ilegales instalados por actores armados, en dos de las principales vías del departamento: la Panamericana, en el tramo Cali–Popayán, y el corredor Siberia–Pescador (Km 44, Pescador, Cauca). Estos actos no solo restringen la movilidad y la seguridad de las comunidades, sino que constituyen graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, al convertir a la población civil en blanco de amenazas y riesgo permanente.
Estos hechos no son aislados. En los primeros cinco meses de 2025, el Cauca se ha consolidado como el departamento más golpeado por la violencia contra líderes sociales, con 18 asesinatos confirmados, según Indepaz, lo que evidencia un alarmante incremento de ataques selectivos. A ello se suma el incremento registrado en los últimos tres meses en hostigamientos, incursiones y combates armados, que mantienen a las comunidades en permanente riesgo. El Observatorio de Derechos Humanos del CRIC, en su informe de 2024, documentó 987 víctimas de violaciones de derechos humanos, entre ellas 83 autoridades tradicionales, reflejo del profundo deterioro de la seguridad en nuestros territorios. Estas situaciones han mantenido niveles críticos en municipios como Santander de Quilichao, Toribio, Caloto, Corinto, Morales y Silvia.
Desde el CRIC rechazamos y denunciamos categóricamente estas acciones que han convertido nuestros territorios en campos de guerra. Exigimos a los grupos armados respeto absoluto a la población civil, a los Territorios Indígenas y a nuestras Autoridades. Al Estado colombiano, le demandamos que cumpla su deber de prevenir, proteger y garantizar los derechos humanos, salvaguardando a las comunidades y organizaciones que día a día defienden la vida.
Los pueblos indígenas del Cauca hemos resistido el despojo, el desplazamiento y la violencia. No hemos renunciado ni renunciaremos a la defensa de la vida, del territorio y a la construcción de Paz desde nuestra Autonomía. Nuestra fortaleza está en la unidad, en la Guardia Indígena y en la decisión colectiva de cuidar la vida en todas sus formas.
Hacemos un llamado urgente a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, a las organizaciones sociales y a la comunidad en general a acompañar y exigir el cese inmediato de estas agresiones y confrontaciones en los territorios indígenas.
Reiteramos con firmeza que la vida no se negocia: se respeta y se defiende.
Popayán, 14 de septiembre de 2025.
