Juzgamiento y armonización en busca de la paz territorial

Por la vida, la asamblea indígena en homicidio de Caloto, ejerció acciones contra los actores materiales y sus instrumentos de guerra.

Pueblos indígenas del Cauca, en el marco del artículo 246 y 330 de la Constitución Nacional, aplicó remedios a siete integrantes de la de la estructura Dagoberto Ramos, quienes desarmonizaron el territorio dejando como víctima a Jesús Antonio Rivera de 32 años de edad, comunero de la vereda de Huellas, municipio de Caloto, al norte del Cauca.

En la asamblea, la comunidad estableció que los dos responsables de accionar el arma que dejó sin vida al comunero, serán armonizados en patio prestado, donde estarán en centros penitenciarios por 25 años, a ellos también se les sacudió la enfermedad o el sucio, con nueve latigazos.

Desde la jurisdicción especial también se determinó cinco años de patio prestado y nueve sacudidas a dos reincidentes que ya habían sido enjuiciados por desarmonías en sus territorios y los otros tres, quienes realizaron la centinela, la asamblea determinó darles tres años de trabajo comunitario y les aplicaron 41 sacudidas.

Los instrumentos que usaron los responsables de la muerte del comunero, las armas y demás elementos, quedaron en manos del episcopado Colombiano como un mecanismo para activar un diálogo territorial humanitario.

En presencia del arzobispo de la ciudad de Cali, monseñor Darío de Jesús Monsalve, las autoridades indicaron que además del remedio se entrega en custodia las armas a la iglesia católica, con el fin de que desde ahí se convoque a un dialogo abierto y sincero a los actores armados que están desarmonizando los territorios .

Encontrar la posibilidad de defender el territorio, salvaguardar la autonomía y avanzar sobre el propósito de respetar la vida como elemento fundamental de la existencia humana, es el propósito de mantener las armas en custodia, un instrumento de guerra y muerte con el que se espera construir un puente que conduzca al diálogo, la reconciliación y la paz.

Por comunicaciones – CRIC

Pronunciamiento sobre los incumplimientos del Gobierno Nacional con los acuerdos pactados con la minga social del suroccidente colombiano

Los mingueros y mingueras indígenas, campesinos y afros del sur occidente colombiano que se encuentran en asamblea permanente se pronuncian por la falta de voluntad política del Gobierno Nacional que incumple su palabra, al no incluir los acuerdos que se firmaron con la minga del sur occidente colombiano en el Plan Nacional de Desarrollo-PND.

Para el caso de los campesinos agrupados en CNA, Marcha Patriótica y Fensuagro – Cauca, el acuerdo firmado el 12 de abril del 2019 en Bogotá se comprometió a incluir un artículo que marcaba la ruta para el reconocimiento del campesinado como sujeto político de derechos, acuerdo firmado por el delegado Mauricio Solano enviado por la Doctora Gloria Alonso directora del Departamento Nacional de Planeación-DNP.

En la noche del 30 de abril, en el debate del Plan nacional de Desarrollo, la Doctora Gloria Alonso desconoce el acuerdo y manifestó que el funcionario Mauricio Solano no estaba autorizado para firmar dicho acuerdo, además que el artículo que reconoce al campesino es inconstitucional.

El capítulo étnico propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo por el gobierno de Iván Duque, denominado “Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, raizales, palenqueros y Rrom” el gobierno menciona 29 billones, estos valores NO SUMAN al total del plan plurianual de inversiones por ser recursos transversales entre los diferentes pactos, lo que significa una clara exclusión en la participación en términos de decisión para fortalecer la política pública para pueblos indígenas propuesta desde los Planes de Vida. Es claro que el gobierno y el congreso vulneran lo pactado en la consulta previa frente al PND, dando prioridad a la oferta institucional continuando con la corrupción y politiquería por medio de operadores de los cuales muchos de estos son fachada de los mismos políticos y empresarios regionales y nacionales.

En el caso de lo reivindicativo pactado entre el gobierno y la minga suroccidente especialmente el Decreto 1811, no tenemos aspectos claros donde se proponga al Senado de la República la inclusión de los recursos que en cabeza del ministerio del Interior se acordaron para garantizar el desarrollo del plan cuatrienal que garantiza el desarrollo de la política para los pueblos indígenas de la Minga del suroccidente Colombiano, lo que significa un grave incumplimiento a los pueblos indígenas del Cauca, Campesinos, Afros, Pueblos Indígenas de Caldas y Huila, instamos y exigimos la garantía de inclusión de lo pactado recordamos al gobierno, instituciones garantes y a la opinión pública que la minga sigue en asamblea permanente, seguiremos caminando y marchando hasta que el gobierno cumpla con su palabra.

Lo anterior, se considera un acto grave para las comunidades que exigen sus derechos, y es preocupante para las comunidades indígenas que el gobierno continué con estas acciones de desconocimiento a los compromisos firmados en la minga social del sur occidente colombiano donde en el artículo Cuarto no específica el Plan de Inversión acordado en la Minga del suroccidente. Incumpliendo a lo acordado en el punto 1 del acta 011 del 6 de abril de 2019 entre la Minga del suroccidente y el Gobierno Nacional.

Por tal motivo, la Minga por la defensa de la vida, el territorio, la democracia, la justicia y la paz rechazamos de manera enfática y denunciamos ante la opinión pública lo anunciado Doctora Gloria Alonso y hacemos un llamado a los garantes, organismos y comunidad internacional en el sentido en que el Gobierno Nacional no está incluyendo en el Plan Nacional de Desarrollo lo que se acordó en la Minga social del suroccidente colombiano.

Finalmente manifestamos que nos mantenemos en máxima alerta y continuamos asamblea permanente con el fin de analizar las acciones pertinentes a desarrollar para que se honren los compromisos pactados con la minga social.

 Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC