¡DEFENDEREMOS LA DEMOCRACIA EN LAS CALLES SI ES NECESARIO!
El Consejo Regional Indígena del Cauca – CRIC NACIONAL y la minga del suroccidente colombiano exigen el respeto al mandato popular.
Ante el riesgo inminente que corre la institucionalidad por la persecución sesgada tanto del director de la Fiscalía General de la Nación como de la directora de la Procuraduría General de la Nación, en contra del mandato elegido popularmente por nuestros pueblos, con el fin de cercenar la democracia y poner en riesgo la soberanía y estabilidad constitucional; las (139) Autoridades Tradicionales del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC – NACIONAL), pertenecientes a 11 Pueblos: Polindara, Nasa, Misak, Epedara-Siapidara, Yanakuna, Totoroez, Embera, Kokonuko, Ambaló, Kisgo e Inga; en consenso, exigimos de inmediato el nombramiento de un nuevo Fiscal General de la Nación y garantía en la independencia del poder público, manifestando que saldremos a las calles si es necesario, para unirnos a las voces que claman respeto al Gobierno del Cambio, elegido popularmente.
Para las comunidades indígenas que hacemos parte del CRIC, es claro que las posiciones asumidas por el Fiscal General de la Nación actual Francisco Barbosa, constituyen una clara interferencia en el principio democrático de separación de poderes. El Fiscal interfirió en las facultades del Congreso de la República, en la implementación del programa de gobierno. Invadió la órbita del control de legalidad o de constitucionalidad que le competen al Consejo de Estado y a la Corte Constitucional. Dichas actuaciones se han materializado en cuestionamientos y declaraciones irrespetuosas en contra del poder ejecutivo y del Congreso, en las que ha sugerido alianzas o favorecimientos al crimen y al narcotráfico, o mediante la estigmatización de los sectores sociales y comunitarios, a quienes nos ha vinculado con prácticas ilegales como la corrupción.
ANTECEDENTES:
En relación al proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, el Fiscal Francisco Barbosa criticó públicamente el compromiso de cumplimiento del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) del Acuerdo de Paz con pueblos y comunidades étnicas. Desde su perspectiva, sostiene que esto implica «entregar recursos directamente a quienes se dedican a la actividad industrial del narcotráfico». El Gobierno Nacional, según Barbosa, apropiaría los fondos y aplicaría modalidades alternativas de sustitución de economías ilícitas en coordinación con las autoridades en esos territorios.
Estas críticas, según el funcionario público, no solo afectan a las familias y comunidades indígenas que dependen de cultivos ilícitos, sino que también ponen en riesgo la autoridad de los gobiernos locales y las organizaciones sociales. Esto se traduce en una calificación renovada de «enemigo interno», exponiendo a estas comunidades a ataques y violencia sistemática.
En cuanto a la política de paz total, el fiscal generó obstáculos al afirmar en su momento «no voy a dejar que pase esa norma», afectando la autonomía del proceso legislativo y revelando la intención de obstaculizar el programa de gobierno y la acción del legislativo.
Para las comunidades indígenas, estas actuaciones representan un riesgo para el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, ya que anteriormente, en el proceso de paz con las FARC-EP, acciones similares de un ex fiscal condujeron al entrampamiento de la dirigencia de las FARC-EP, el retorno de algunos integrantes a la actividad armada, y el surgimiento de sectores como las disidencias y la Segunda Marquetalia, afectando considerablemente a las comunidades y territorios.
ALERTAMOS:
Que el sesgo político evidente en las declaraciones tanto de la Fiscalía General de la Nación como de la Procuraduría General de la Nación revela una clara intención por parte de los sectores de la derecha colombiana de emular las estrategias utilizadas en países vecinos como Argentina, Bolivia, Ecuador y Brasil. En estos lugares, a través de la instrumentalización del aparato de investigación judicial, el control administrativo y disciplinario se han empleado para menoscabar la democracia y poner en peligro la estabilidad institucional.
EXIGIMOS:
La pronta designación de la nueva Fiscal General de la Nación. Exhortamos a la Sala Plena de la Corte Suprema a que, en la sesión programada para el próximo 8 de febrero, realice la elección entre las ternas presentadas por el Gobierno. Es imperativo evitar que Francisco Barbosa entregue las responsabilidades de la Fiscalía a su vicefiscal, Martha Mancera, quien ha ocupado este cargo a lo largo del período y enfrenta graves investigaciones por presunto favorecimiento al crimen organizado.
ANUNCIAMOS:
- Gran Minga Indígena y del sur occidente colombiano de lucha y resistencia en defensa de la democracia e instituciones constitucionales del Estado Colombiano.
- Apoyar la consolidación de país a través de la transformación del cambio participativo del Gobierno Nacional.
- Reafirmar acciones como organización social para la construcción de paz desde los territorios.
