En el marco de su mandato, una misión integrada por personal de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos viajó a Toribío, Cauca, y se entrevistó con autoridades locales, organizaciones indígenas y con víctimas civiles del masivo y violento ataque perpetrado por las FARC-EP el sábado 9 de julio.
La misión pudo constatar que las FARC-EP infringieron gravemente el derecho internacional humanitario. El ataque en Toribío constituyó una violación de los principios humanitarios de distinción, limitación, proporcionalidad y protección a la población civil.
Durante el ataque a Toribío se utilizó un carro bomba ubicado al frente de la estación de policía, y se lanzaron explosivos “hechizos” que cayeron en lugares con amplia presencia de población civil. Además guerrilleros sin portar uniforme dispararon ráfagas de fusil en medio de personas y bienes civiles protegidos, sin medir la magnitud del daño ni la presencia de civiles, incluidos niñas y niños. El ataque se llevó a cabo en día de mercado y cerca de la plaza principal del municipio donde se encontraban aproximadamente 1500 personas civiles.
Estas graves infracciones de la normativa internacional cometidas por las FARC-EP cobraron la vida de los civiles Diego Fernando Penagos, Jesús Muñoz y Adán Ul, así como la del sargento de la policía Luis Alberto Hernández. Además el ataque provocó heridas a otras 122 personas, dos de las cuales se encuentran en grave estado de salud; destruyó 27 viviendas civiles y afectó 433 más; la escuela quedó inhabilitada, y 1175 niñas, niños y adolescentes no podrán asistir a sus actividades curriculares; la Iglesia de la población quedó averiada, y el Banco Agrario destruido.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos condena enérgicamente esta seria infracción, que revela un patrón de ataques indiscriminados de las FARC-EP, en los que resulta afectada la población civil. Este ataque no es un acto aislado o accidental.
La Oficina urge a todos los actores armados, y en particular a las FARC-EP, a respetar el derecho internacional humanitario. Las personas y bienes civiles deben ser protegidos en cualquier circunstancia.
La Oficina expresa su solidaridad a las víctimas, a sus familiares y a toda la población caucana.
