Mientras los pueblos indígenas del Cauca, continuamos reclamando respeto por nuestra Autonomía Territorial, Administrativa, Cultural, en un permanente accionar de rechazo a la guerra y a toda forma de violencia porque impiden la realización de nuestros Planes de Vida, el gobierno nacional,

queriendo ligar su confrontación armada con la guerrilla, descalifica nuestros procesos de resistencia pacífica en el Cauca e implementa su ya consabida política de señalamiento, estigmatización y acciones de guerra, paradójicamente contra aquellos municipios que se la juegan por construir democracia participativa.

Para el presidente Uribe sigue siendo un acierto mediático justificar la ineficiencia y el fracaso de la política de seguridad democrática, bajo un lenguaje perverso y soterrado que habla de “republiquetas de delincuentes”, rotula a la población indígena de “milicianos, delincuentes y narcotraficantes”, concluyendo, que “en un resguardo indígena la Fuerza Pública tuvo resistencia para lograr la captura de varios narcotraficantes”.

Hoy más que nunca se evidencia la existencia de un complot entre la guerrilla de las farc y el gobierno nacional contra los pueblos indígenas. Maniobra que les sirve para justificar ante los incautos sus acciones contra la población civil, explicar los altos costos de la guerra y argumentar el cobro de impuestos o vacunas para mantener la guerra.

La orden dada a la Fuerza Pública, por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, el pasado domingo 21 de febrero, para que desmantele “a las milicias terroristas de las Farc que delinquen en los municipios caucanos de Jambaló, Caldono y Cajibío” no deja de ser una decisión soberbia y mal intencionada contra los habitantes de esos territorios, pues las justifica bajo su política de seguridad democrática, haciéndole creer al lector desprevenido que estos municipios están bajo el dominio de la guerrilla, olvidando que son los territorios símbolo de la resistencia y de la guardia indígena, donde no solamente se han desmantelado cocinas del narcotráfico sin la ayuda gubernamental, sino que se ha controlado el territorio de los desmanes de los ejércitos, sean ilegales o legales.

Insiste el presidente en vociferar que en Colombia ningún lugar “puede estar excluido de la Fuerza Pública, ningún lugar de la Patria puede convertirse en republiqueta de delincuentes”, cuando se conoce que el paramilitarismo reina impunemente en gran parte del territorio nacional, que su fuerza pública está comprometida con crímenes de lesa humanidad que permanecen en la impunidad y que la guerrilla sigue siendo su principal aliado publicitario. La guerra no puede seguir siendo contra la población civil y menos contra los pueblos indígenas.

Un ejemplo de estas situaciones es lo acontecido el día 31 de enero de 2010, en el Resguardo Indígena de La Aguada San Antonio, donde, después de un enfrentamiento entre la fuerza Pública y las FARC, resultó un soldado muerto en combate y varios heridos de la población civil, entre ellos una niña de la comunidad que habitaba en el lugar. Allí entró el Ejército Nacional presionando a la población para que les suministrara información y al no encontrarla, la amenazó diciendo que después entrarían en la zona las águilas negras, quienes no tendrían consideración con los colaboradores del terrorismo.

Igual a la orden presidencial de pagar recompensas dada en un Consejo comunitario de Popayán para romper la unidad indígena o decir que hay indios buenos e indios malos buscando justificar su apoyo a la creación de la Opic han sido expresiones tan perversas como la emitida en el pasado consejo de seguridad de Popayán, el domingo anterior donde dijo que “no se puede violar la Constitución en el sentido de pretender que las autonomías que derivan de la Constitución son equivalentes a republiquetas de delincuentes, de ninguna manera”. ¿Para quién puede ser la amenaza?, no para las farc, sino para nuestros procesos de autonomía territorial, como el que desarrollaremos el próximo 24 de febrero, en defensa del Páramo de Pisno y de todos los territorios ambientales que se encuentran en peligro de ser entregados a las multinacionales de la minería, al cumplirse el 39 aniversario de la creación del CRIC.

Por su parte, tanto el ministro del interior y de justicia como el gobernador del Cauca, en vez de lamentar la situación de las comunidades indígenas víctimas de los ataques de la guerrilla y de las acciones de represalia del ejército, lo que hacen es enviar mensajes siniestros, expresando que “Algunas comunidades indígenas del suroeste de Colombia, donde este fin de semana la guerrilla de las Farc realizó ataques en tres poblaciones, actúan en connivencia con narcotraficantes”

Nuevamente nuestras comunidades son víctimas del fuego cruzado de las armas y los discursos políticos, nuevamente debemos soportar las amenazas que surgen de los resultados adversos de la confrontación armada, nuevamente, en vez de recibir asistencia humanitaria, voces garantistas de nuestros derechos o resarcimiento del presidente Uribe y del gobierno departamental, resultamos señalados por uno u otro bando como responsables de sus fracasos militares.

Los hechos narrados muestran que en Colombia no hay garantía para la existencia de los pueblos indígenas, y que el Gobierno Nacional continúa su política de estigmatización contra nosotros; lo cual obliga a que hagamos un llamado al sistema de Naciones Unidas, a Amnistía Internacional, a la Cruz Roja Internacional, a las ONGs nacionales y extranjeras que trabajan por la defensa y garantía de los derechos humanos, así como a la defensoría del Pueblo y a las personerías de los municipios víctimas de la guerra para que acompañen a las comunidades que están en medio del conflicto armado y velen por la garantía de los Derechos Humanos y la aplicación del Derecho Internacional Humanitario.

Reclamamos como pueblos indígenas, de la comunidad nacional e internacional que se mantenga alerta, y puedan prestar oportunamente su solidaridad a nuestras comunidades que hoy sufren la acción de la guerra debido a que los ejércitos se niegan a acatar el derecho internacional humanitario, desconociendo la orden dada por la Corte Constitucional al gobierno nacional de concertar un plan de garantías y planes de salvaguarda para evitar el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas, principales víctimas de las acciones armadas, de las amenazas de los grupos ilegales y de la política inconstitucional del gobierno nacional.

Finalmente, como Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, a) mantenemos nuestra decisión de permanecer a distancia del conflicto armado, por considerar que la violencia trae más violencia, que la presencia de las armas es un riesgo para la población civil y que las palabras irresponsables del poder matan tanto como las armas; b) expresamos nuestra solidaridad con las comunidades y autoridades locales víctimas de las confrontaciones armadas y c), reiteramos la exigencia hecha por las comunidades a todos los actores armados, legales e ilegales, de que abandonen nuestros territorios.

CONSEJERÍA MAYOR

CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA

Popayán, febrero 23 de 2010