Los Pueblos Indígenas a través de sus organizaciones representativas en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, reunidos durante los días 21 y 22 de noviembre de 2010, expresamos a la opinión pública nacional e internacional las siguientes posiciones frente al proyecto de ley por “la cual se dictan medidas de atención y reparación integral a las víctimas de violaciones a los derechos humanos e infracciones a derecho internacional humanitario”

• Los Pueblos Indígenas, en su condición de víctimas permanentes y sistemáticas de las graves violaciones a sus derechos individuales y colectivos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el marco del conflicto armado, expresamos nuestra solidaridad con todas las demás víctimas del conflicto armado, por lo que aclaramos nuestro rechazo a iniciativas que busquen dilatar, obstaculizar e impedir la expedición de una ley de atención y reparación a las víctimas del país.

• El proyecto de Ley presentado por el gobierno, excluyó explícitamente de su aplicación a los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianos y fue radicado sin llevar a cabo la consulta previa con pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, por lo cual, una vez expedida la ley, podría ser declarada inconstitucional por la Corte Constitucional.

• Reiteramos la disposición de diálogo con el gobierno y los entes del Estado, sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales de derechos humanos sobre los temas de importancia para la nación, con el fin de llegar a acuerdos armónicos que avancen en el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos, pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas.

• Dado nuestro interés en la expedición de una normatividad que beneficie a todas las víctimas de la nación, indígenas y no indígenas, pero de manera respetuosa del derecho fundamental a la consulta previa, propusimos al gobierno una alternativa que permita la continuación del trámite legislativo de dicho proyecto, pero que garantice simultáneamente la efectiva, pronta y consultada expedición de una normatividad diferenciada para pueblos indígenas.

• Los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas en el marco de la Mesa Permanente de Concertación le propusieron al gobierno incluir un artículo en dicha ley que otorgue al Presidente de la República facultades extraordinarias para expedir en el término de seis meses un decreto ley de atención, reparación integral y restitución de tierras de las víctimas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas. Este decreto ley deberá ser debidamente consultado con las autoridades y organizaciones representativas de los pueblos indígenas. La metodología de dicha consulta deberá, a su vez, ser consultada con las organizaciones y autoridades representativas de los pueblos indígenas.

• Los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones representativas en el marco de la Mesa Permanente de Concertación, y el gobierno, tras un proceso de consulta de buena fe, acordamos la presentación, por parte del gobierno, de la propuesta presentada por nosotros en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el día 23 de noviembre de 2010.

• Aclaramos que el acuerdo anterior es de carácter excepcional, con miras a contribuir y/o viabilizar una importante y esperada normatividad que busca beneficiar a todas las víctimas de la nación, dada la excepcional coyuntura política actual. Por ello, no aceptamos que se adopte este procedimiento como el adecuado para adelantar la consulta previa para medidas legislativas y reiteramos que los demás proyectos de ley que afecten directamente a pueblos indígenas deberán ser consultados previamente a su radicación ante el Congreso.

• Clarificamos que este acuerdo no significa el aval de los pueblos indígenas al contenido del proyecto de ley. Reiteramos que seguiremos participando activamente en el debate público sobre esta iniciativa legislativa y aportaremos elementos críticos para que cumpla con su objetivo de atender y reparar integral y efectivamente a las víctimas del País.

Finalmente llamamos a la comunidad internacional que sirva de veedora de estos procesos de consulta previa, en especial, a las Naciones Unidas, la OIT y la Iglesia, que de conformidad con el decreto 1397 de 1996 son garantes de la Mesa Permanente de Concertación.

A las Comunas, Comunidades, Pueblos y Nacionalidades, A las Organizaciones Sociales y Populares, A los ecuatorianos y ecuatorianas.

La concentración en pocas manos de la tierra y el agua son dos problemas que forman parte de una misma realidad: la injusta distribución de las riquezas en el campo.

Las reformas agrarias de 1964 y 1973 y la primera ley de aguas de 1972 no cambiaron las estructuras del modelo agrario. Se limitaron únicamente a eliminar las formas semifeudales y latifundistas de producción y explotación de la mano de obra. La concentración de tierras sigue siendo injusta y con el neoliberalismo empeoró. Actualmente las UPAs (Unidades productivas agrarias) más pequeñas, aquellas que tienen menos de 5Ha. y las que tienen hasta 10 Ha. juntas siembran el 11.9% de la superficie cultivable y representan el 83.6% de productores, mientras las UPAs de más de 100ha. cultivan el 42.5% de las tierras y sólo representan el 2.1%. De igual manera con la comercialización de alimentos; sólo dos empresas (SUPERMAXI y MI COMISARIATO) controlan el 36% del mercado nacional. Este modelo beneficia únicamente la agroindustria para la exportación, mientras que la pequeña y mediana producción cada vez ha ido perdiendo capacidad productiva, encareciendo los productos de primera necesidad y empobreciendo a la mayoría de los ecuatorianos.

En los 3 años de gobierno la “revolución ciudadana” esta situación apenas ha cambiado en su superficie; los bonos de pobreza, la repartición de urea, entrega de borregos, socio bosque, socio páramo ayudan la crisis, mucho menos la injusta realidad económica del campo y de la ciudad.

El acaparamiento del agua es otro de los principales problemas y causa de la actual conflictividad social en el campo y la ciudad. Bajo el neoliberalismo se destruyó la débil institucionalidad estatal que regulaba la tenencia y el aprovechamiento hídrico y se promovió la apropiación y privatización ilimitada. En los últimos 20 años, el 1% de grandes propietarios (hacendados, agroindustriales, camaroneros, floricultores, hidroeléctricos, bananeros) monopolizan el 67% del agua de riego, mientras que los pequeños productores (comunidades, asociaciones agrícolas, cooperativas, pequeños propietarios), que son el 86% de los productores, apenas controlan el 23% del agua. Si a esto sumamos las  concesiones para las hidroeléctricas, minerías o para simple especulación del mercado del agua, en el país el 75% de los recursos hídricos están en manos privadas. Con la “revolución ciudadana” no se ha cambiado absolutamente nada.

Frente a los avances logrados por el levantamiento indígena del 28 de septiembre y las mesas de diálogo del año pasado, el gobierno negocia la nueva ley de aguas con los empresarios acaparadores y privatizadores del agua y desconoce cualquier avance que permita la desprivatización y redistribución. El acuerdo gobierno-empresarios sólo admitiría revisar algunas concesiones, pero el modelo heredado del neoliberalismo se mantendría. Esto también explica el incumplimiento de las transitorias XXVI y XXVII de la Constitución Política, que ordenan la auditoría y la revisión de las concesiones, y la redistribución del agua.

La nueva Constitución define como Plurinacional al Estado Ecuatoriano, reconoce los derechos de la naturaleza, el derecho humano al agua, y prohíbe expresamente su privatización y determina que únicamente podrá ser manejado mediante entidades públicas y comunitarias. Precisamente estos principios se desconocen o se reducen a la mínima expresión en las leyes que se están aprobando en la Asamblea Nacional, incluido la ley de aguas; es decir, desconocen las propuestas que desde el movimiento indígena y otros sectores sociales hemos presentado.

En los hechos hemos constatado que el gobierno de Alianza País NO TIENE VOLUNTAD POLITICA para el dialogo, ni radicalizar el proceso; lo que queda de la “revolución ciudadana” es un simple slogan publicitario. Los cambios deben ser con la participación de las mayorías, no es obra exclusiva de un “príncipe” o un “déspota ilustrado”. La historia ecuatoriana y mundial nos demuestra que un proceso revolucionario se queda en simples reformas, o lo que es peor en derrota, si no moviliza, organiza y eleva la conciencia política y cultural de los pueblos.  Siguen en pie los anhelos por dejar atrás la “larga noche neoliberal” y avanzar en las grandes transformaciones económicas, políticas, culturales y sociales. Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y los sectores sociales organizados estamos dispuestos hacer efectiva la construcción del Estado Plurinacional e intercultural para alcanzar un verdadero Sumak Kawsay.

Por todo esto manifestamos:

Que no hay voluntad política para institucionalizar la plurinacional de todas las estructuras del Estado; se sigue imponiendo un modelo uninacional y neocolonial, desde una visión excluyente y privatizadora.

Nos acogemos al derecho constitucional, art. 98: “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.”

Por lo tanto demandamos:

La implementación urgente de una verdadera Revolución Agraria integral, que desplace el modelo privatizador, acaparador y excluyente de la economía agraria y del consumo de alimentos. Que se construya la soberanía alimentaria, como una alternativa para superar la crisis agraria, el alto costo de la canasta básica de los productos de primera necesidad a esto se suma las duras consecuencias de la sequía.

Que el debate y aprobación del proyecto de Ley de Aguas. La Asamblea Nacional asuma de manera decidida la desprivatización y la redistribución equitativa de los Recursos Hídricos e instaure una nueva institucionalidad a partir de la plurinacionalidad y la participación democrática. En caso de insistir en las pretensiones de aprobar atropelladamente la Ley, al margen de los criterios y propuestas del movimiento social, estará fomentando graves conflictos sociales.

En la aprobación del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial “COOTAD”, respete los territorios comunitarios y las Circunscripciones Territoriales Indígenas CTIs en el marco de la autodeterminación de los pueblos ancestrales.

La minería, sobre todo a gran escala y para la exportación, subordina la economía nacional al capital transnacional y ocasiona graves daños ambientales y culturales a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades y poblaciones aledañas, por todo esto la ley minera es inejecutable tal cual lo dispone el Art. 424 de la Constitución al establecer el principio de que si las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales; caso contrario carecerán de eficacia jurídica.

Condenamos la manipulación política del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe y los intentos por dividir a nuestras organizaciones y comunidades.  Una revolución no se puede hacer al margen de la sociedad, mucho menos en su contra; si queremos que este proceso post neoliberal sea verdadero y firme, exigimos un auténtico proceso democrático plurinacional para construir las leyes y políticas.

En esta constante lucha por el proceso de cambios reales y revolucionario, ofrecemos nuestra lucha y movilización, convocamos y participaremos en todo proceso de unidad con los sectores activos y organizados.

¡El agua no se vende, el agua se defiende!

8 de abril del 2010.

GOBIERNO DE LOS PUEBLOS Y NACIONALIDADES DEL ECUADOR

Marlon Santi                                                   Delfín Tenesaca

PRESIDENTE CONAIE                                 PRESIDENTE ECUARUNARI

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Julio Matovelle 1-28 entre Vargas y Pasaje San Luis (Sector Santa Prisca)