El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC eleva la más sentida protesta por la manera en que el Ministerio de Defensa, por intermedio de la Vigésima Novena Brigada Batallón Popayán, pretende realizar acto de desagravio de manera unilateral y sin concertación con las víctimas, por el caso del asesinato en el año 2008 del comunero Edwin Legarda, esposo de Aida Qilcue Consejera Mayor en ese momento de nuestra organización, y actual coordinadora de paz y derechos humanos. Dicho acto debe realizarse en cumplimiento de la sentencia con radicación No. 2009 0250 del tribunal contencioso administrativo del Cauca.
En el día de ayer martes 11 de octubre ha llegado una invitación al CRIC y a nuestra compañera Aida Quilcue para que nos hagamos presentes hoy miércoles 12 de octubre en el cuartel del batallón de la 29 Brigada en Popayán, sin ninguna concertación previa con las victimas acerca de esta fecha ni de los detalles logísticos para dicho evento con el fin de garantizar su presencia.
Hemos informado al coronel del batallón en el día de ayer, luego de conocer esta perentoria invitación, que esta semana nos encontramos, todas las autoridades indígenas que conformamos el CRIC, la consejería mayor y la compañera Aida Quilcue, en la ciudad de Bogotá participando en el IX congreso de la Organización nacional indígena de Colombia ONIC, evento que va desde el 9 hasta el 14 del presente mes, lo cual imposibilita nuestra participación. En este Congreso, la compañera Aida se posesionará como consejera de la ONIC.
Nos parece que un acto de desagravio y de presentación de excusas no puede hacerse sin la concurrencia de las víctimas, y nos preocupa que se constituya en un formalismo para hacerle frente a una orden judicial, que además también tuvo que ser nuevamente ordenada por una tutela, y en un engaño ante la opinión nacional e internacional.
Esto nos lleva a pensar cuán lejos estamos del momento histórico en que el Estado colombiano y el ejército de Colombia reconozcan el dolor y dignidad de las víctimas de su actuar, en casos de violaciones al DIH, ya que seguramente se sigue con la doctrina de seguridad nacional en la cual, a pesar de todas las evidencias que puedan existir, las personas de la población y especialmente las integrantes de las organizaciones sociales que luchamos por nuestros derechos somos considerados como partes de la guerra, en favor de los actores armados y en contra del Estado.
El perdón no es una orden judicial y tampoco deberían serlo la solicitud del mismo, los actos de desagravio o la presentación de excusas; antes bien los mismos deberían constituirse en una ocasión para pensar la acción del Estado, en los casos de crímenes cometidos por éste, y la necesidad de avanzar hacia la constitución plena de unas fuerzas armadas civilistas y respetuosas de los derechos humanos, de manera que podamos decir a Colombia y al mundo que casos como este, no se volverán a presentar NUNCA MAS.
