Consternados por los acontecimientos recientes en el departamento del Cauca y la manera como se ha tergiversado desde la institucionalidad colombiana y desde los medios masivos de comunicación el justo reclamo de los pueblos indígenas que en un ejercicio de soberanía territorial hacen el llamado a todos los actores armados para que respeten los territorios y la vida de la población, expresamos nuestro apoyo a las comunidades y a sus justas exigencias frente al conflicto que se les ha impuesto y no les pertenece.
Además de la solidaridad que ofrecemos a los pueblos indígenas, éste es un tema que nos involucra directamente y nos incumbe como sociedad colombiana abrumada y violentada por la guerra.
* Las amenazas a la población indígena han aumentado considerablemente en los últimos años, y hoy nuevos factores se suman a los conflictos generados por los acuerdos incumplidos de los gobiernos colombianos en las últimas décadas en relación al conflicto histórico por la tenencia de la tierra y el despojo y ocupación de la misma.
* Sumado al conflicto por las tierras, el departamento del Cauca se ha constituido como uno de los territorios estratégicos que concentra en la actualidad gran parte de los megaproyectos minero – energéticos de las corporaciones a las que el gobierno colombiano garantiza su operación y lucro, mientras se desconoce la protección a las comunidades ancestrales y se les impone un régimen de despojo.
* La violación a la soberanía territorial es uno de los factores principales que ha desatado la indignación indígena y comunitaria. La soberanía territorial es el producto de un acuerdo interno sobre el manejo del territorio y sus patrimonios, y es reconocida desde el ámbito constitucional y por diferentes sentencias de la Corte Constitucional, y no una excusa militar para la perpetuación de una disputa que ha ubicado en el centro del conflicto a la población civil.
* La situación actual es producto de la necesidad de prevenir la continuidad de la guerra al interior de la vida comunitaria, y la protección de los territorios frente a un conflicto que ha penetrado en las casas de la gente, las escuelas, etcétera, en una flagrante violación al derecho internacional humanitario. Los levantamientos de los pueblos indígenas encarnan en sí mismos el sentir del conjunto de la sociedad colombiana involucrada injustamente en la guerra agenciada por unos pocos a nombre de intereses económicos que chocan irremediablemente con territorios legítimamente constituidos y protegidos por la ancestralidad colombiana.
* La premisa de no querer ver a un solo indígena en las bases militares, expuesta por el presidente, bien pudiera ser invertida por la de no querer ver una sola base militar en los pueblos indígenas, imperativo muy bien justificado por las autoridades indígenas del norte del Cauca, desde la constitucionalidad y legalidad colombianas. La militarización no representa en sí mima un sinónimo de seguridad para la población, en muchos casos la presencia de la fuerza pública genera zozobra y pone en inminente peligro a la población, más aún cuando se ubican en los territorios, espacios de vida y lugares sagrados indígenas.
* Las acciones de los pueblos del suroccidente del Cauca se constituyen en un llamado para buscar los caminos de la paz que escapan a la retórica de la guerra y las armas como medios para alcanzarla. Las acciones de los últimos días encarnan un llamado para desenmascarar las causas estructurales y los elementos fundacionales del conflicto armado de más de cinco décadas en el país. Bajo esa concepción, los medios de comunicación y el gobierno nacional no debieran atizar el conflicto con señalamientos y eufemismos que ponen en alta vulnerabilidad a los indígenas frente a los actores armados.
CENSAT Agua Viva manifiesta su solidaridad y se suma a las justas exigencias y reivindicaciones indígenas, que son las mismas del cuerpo social en su conjunto hastiado de la violencia sistemática, de las acciones de guerra en contra de la población civil y del despojo en nombre del desarrollo para la acumulación capitalista.
Hacemos un llamado a las organizaciones y movimientos sociales del país y a la comunidad internacional para mantenerse al tanto de la manera como se siguen desarrollando los acontecimientos en el suroccidente del país, y a cerrar filas en torno a la protección de las comunidades en resistencia y sus reivindicaciones, y pedimos a todos los actores en disputa buscar los caminos del diálogo para la resolución del conflicto.
Exigimos al gobierno colombiano garantía de los derechos de la población y hacer cumplir los principios constitucionales consagrados en las bases del estado social de derecho, y la protección especial de los pueblos originarios del país.
CENSAT Agua Viva
Amigos de la Tierra – Colombia
