¿A quién se le dan las gracias?

Con motivo del día internacional de los derechos humanos me detengo en lo que sigue pasando en Colombia, país en el que la crisis de los derechos humanos continúa al son de una guerra no declarada en la que muere la población civil.

 

Una semana después de que el Presidente Juan Manuel Santos afirmara que durante el primer año de su gobierno los derechos humanos habían dejado de ser un problema, salía ileso de un atentado en Medellín el sindicalista Dubán Antonio Vélez Mejía, quien estuvo refugiado en Gijón protegido por el gobierno asturiano en el 2004. Lo salvó la reacción de uno de sus escoltas que resultó herido, pero 23 sindicalistas más no tuvieron la misma suerte este año.

 

Héctor Orozco y Gildardo García, dirigentes de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Tolima, cayeron asesinados a balazos el 30 de marzo de este año a  400 metros de un retén del ejército sobre la trocha de lodo que va de Chaparral al corregimiento de La Marina. La tropa, ciega y sordomuda como en la canción de Shakira, no vio, ni oyó nada. Veinte días antes la Séptima Delegación Asturiana verificaba en ese lugar graves violaciones de los derechos humanos.

En la costa Atlántica han sido asesinadas medio centenar de personas víctimas del despojo violento de sus tierras. No les perdonaron que insistieran en su devolución. En otras regiones sobre las que ¡oh coincidencia¡ hay proyectos mineros de empresas multinacionales, se arrecian las amenazas y las masacres. Los nativos estorban al progreso. Deben irse  o morir ahí mismo.

El buen rollo del Presidente colombiano no ha sido suficiente para detener la mano impune de quienes siguen matando sindicalistas. Van cerca de  tres mil, pero todavía les quedan muchos. Los  grupos paramilitares –que oficialmente no existen- ya pusieron a trescientos más en sus listas mediante amenazas de muerte este año.

La ONU acaba de pedirle al gobierno colombiano que proteja de manera efectiva a las víctimas. Lo siguen estudiando a fondo.

A pesar de la propaganda en los medios, la cosa en la realidad no va bien. Eso le preocupa a mi ex compañero en la dirección de la CUT y actual Vicepresidente Angelino Garzón, quien afirmó en mayo “Si no cesan las amenazas y asesinatos contra los defensores de Derechos Humanos y líderes sociales, la política de Derechos Humanos del gobierno puede terminar siendo una farsa.”

Otra importante misión internacional acaba de salir de Colombia. Para variar encontró graves y masivas violaciones de los derechos humanos. Y las cosas pueden ir a peor, dijeron. No sólo por la gigantesca brecha entre ricos y pobres que crece a diario y es parte del paisaje colombiano. El conflicto afecta más a las mujeres, al menos medio millón han sido violadas. Hay entre 12 mil y 52 mil personas desaparecidas forzadas. Cinco millones de seres humanos fueron obligados a huir de sus hogares,  28 pueblos indígenas están al borde de la extinción. La peculiar democracia colombiana que abolió la pena de muerte hace un siglo, investiga el asesinato de 2.400 ciudadanos civiles ejecutados a mansalva para mostrar éxitos en la lucha contra las guerrillas. La mayoría de estos crímenes se cometieron siendo ministro de Defensa el actual Presidente, quien reafirmó -como si hiciera falta- su “compromiso indeclinable” con los derechos humanos.

Colombia continúa por la sangrienta y costosa senda de la pacificación a sangre y fuego iniciada hace medio siglo. Las marchas ciudadanas convocadas estos días respaldarían esa política. Lo curioso es que no se invita con igual fervor a movilizarse por la opción de la paz con justicia social, camino desechado de antemano por las élites criollas y foráneas que no mandarán a sus hijos al campo de batalla en las selvas del sur, pero se forran con esta guerra interminable.

La navidad está cerca, se nota. Nos llueven los regalos a pesar de la crisis europea. La “noche de paz, noche de amor” parece haber inspirado a la Fundación Manuel Broseta que acaba de adjudicar -en Valencia- el XX Premio de Convivencia al Presidente colombiano por su lucha en favor de la paz, la justicia, la convivencia.

Hace dos años, extasiada, doña Teófila Martínez entregaba al  expresidente Uribe Vélez el Premio Cortes de Cádiz a la Libertad.

Para no quedarse atrás la Unión Europea  firmó hace poco el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Las armas, municiones y aparatos de tortura “para la paz” las seguirán vendiendo al contado, o a crédito si fuese necesario, sobre todo sin necesidad de requisitos inútiles, como el de respetar los derechos humanos. ¡Para eso están los amigos¡ Y  el acuerdo comercial es para que los colombianos tengamos más y mejor empleo, aclaran. ¡Menos mal, porque los maliciosos indígenas y campesinos colombianos siguen viendo en el acuerdo el vuelo rasante de los buitres listos al saqueo de sus tierras¡

Con la lista de los sindicalistas asesinados enfrente y abrumado por tantos avances en derechos humanos y por tanto premio y generosidad, me pregunto por mera cortesía  Y  aquí en España ¿a quién se le dan las gracias?

Javier Orozco Peñaranda

 

Canadá se lleva el Oro de México.

 

Poco conocidas y con una reputación más favorable que las de sus similares de Estados Unidos, un grupo de seis rmas mineras de Canadá controlan 70 por ciento de la explotación de oro en México y poseen en territorio nacional reservas de ese metal con un valor total de 83 mil millones de dólares. Favorecidas por el actual estado de las leyes mexicanas, las mineras canadienses han sido protagonistas recientes de abusos y con ictos con las comunidades cercanas a los lugares de explotación. Las ventajas de extraer oro en México, del que proceden las reservas canadienses más cuantiosas, es evidente. “Este país es muy importante para la minería canadiense”, dice Jaime Kneen  de Mining Watch Canada. “Los bajos costos de operación, impuestos y cuotas ambientales signican una cosa: poca inversión y muchas ganancias.”

El caso de Goldcorp, con sede en Vancouver, lo ilustra claramente: por la ocupación de poco más de mil hectáreas de Carrizalillo, Guerrero, en donde se ubica la mina Los Filos, paga a la comunidad 55 millones de pesos al año.

Pero los ingresos que obtiene en el mismo tiempo por la extracción de oro no tienen comparación: 4 mil 742 millones de pesos.

Por Mónica Cruz, Reuters, Julio 2011.

Mezcala, Guerrero.- Este lugar engaña. Los cerros semiáridos, parchados por aquí y por allá con amarillentos matorrales y árboles marchitos, replican el usual paisaje rural mexicano. Sobre el terreno de arena y piedras rojizas se desploma la potencia de un sol embravecido sin nube que lo atempere. En esta solitaria región, ubicada al norte de Guerrero, equidistante de dos ciudades –Iguala y Chilpancingo–, el ruido urbano se disipa y es reemplazado por el zumbido de los coleópteros y el motor de algún auto que recorre la sinuosa carretera. Aunque las comunidades de Mezcala, Carrizalillo y Xochipala o?cialmente tienen una población de 4 mil habitantes, éstos son difíciles de detectar. Separadas uno de otropor una curveada línea cerros, desde un mapa satelital parecen pequeñas manchas de casas desiguales. Son, en realidad, pueblos sin calles que, entre las casas de concreto a medio construir, aún guardan restos de su pasado campesino: una  pila de costales de maíz, un techo de palma, un par de vacas echadas a la orilla de los agrietados caminos. Nada distingue a Mezcala, un lugar que contra lo que dice su nombre ya no produce mezcal, de otros inhóspitos territorios de Guerrero. Pero eso sólo es en apariencia. Lo que es imperceptible para el ojo ignorante es que Mezcala es una de las regiones más ricas del país.
Bajo sus cerros, incrustadas en sus paredes de piedra rojiza, descansan cinco millones de onzas de oro, 141 mil kilos del metal más preciado en el mundo, del cual los habitantes de Mezcala nunca verán una sola pepita.


Y, lo que no deja de ser una paradoja, Rob McEwen, un espigado canadiense de fino bigotillo, presidente de la minera Goldcorp, nunca ha pisado la zona, pero él sí verá y se sentará sobre los lingotes moldeados con lo que se extraiga de estas secas tierras.

Si algo aprendió el mundo de la desastrosa crisis económica de 2008 es que nada es seguro cuando el dinero se crea de la nada. Después del extraordinario colapso del mercado financiero, los banqueros, empresarios y accionistas optaron por regresar a lo básico, protegiendo sus activos como lo hacían sus antepasados: comprando oro. El mercado de este metal precioso vive un renovado apogeo en una época en la que pocos confían en el “dinero de papel” y en las variantes e inquietas cifras proyectadas en las pantallas de la Bolsa de Valores de Nueva York. Así que no es casual que hace muy pocos días, el 3 de mayo de 2011 para ser precisos, el oro haya alcanzado su punto máximo desde octubre de 2009: mil 546 dólares por onza. Y aunque la cotización ha sufrido apenas apreciables bajas en los días más recientes, su valor se mantiene por encima de mil 500 dólares, un precio promedio record.

Son buenas noticias, por supuesto, para los países con grandes yacimientos de este metal. México es uno de ellos. La producción de oro en 2009 totalizó 2.2 millones de onzas, o 62 toneladas, con un valor de 21 mil millones de pesos, una cifra sin precedente en la historia de la minería en el país. Datos de la ?rma Metals Economics Group, citados por la Cámara Minera Mexicana (Camimex) en su reporte 2010, indican que México es el único país productor de oro en el mundo que ha mantenido un crecimiento sostenido en este mercado.

El vigor de la producción de este metal descansa en el potencial de sólo 11 minas dispersas por el territorio, cuyas reservas totales de oro están valuadas, a precios de junio de 2011, en 86 mil millones de dólares. El negocio del oro mexicano pinta bien, lástima que un alto porcentaje de las ganancias no se quedarán en el país. Ocho de las 11 minas de oro más importantes de México son propiedad de seis empresas de Canadá. Ninguna de ellas oculta su objetivo, tal como lo establecen en sus reportes a sus accionistas: extraer hasta la última onza de oro de las minas que poseen en México.

Canadá no comparte la fama expansionista de naciones como Estados Unidos o Inglaterra, pero en la industria minera es uno de los más poderosos participantes. Las compañías mineras canadienses lideran el mercado de los metales, especialmente el del oro. Tres de las cinco principales empresas productoras de este metal tienen sus oficinas centrales en Vancouver y Toronto. “Aunque el mundo corporativo canadiense se percibe como un beneficiario secundario de las agresivas corporaciones estadunidenses, la realidad de la industria minera le da la vuelta al mito. Sus actividades en México son un ejemplo claro de esto”, escribe Mandeep Dhillon, activista de Mining Watch Canada, organización dedicada a la defensa de comunidades afectadas por la minería canadiense en el mundo. Cuando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte abrió las puertas de México a la inversión extranjera en el manejo de sus recursos naturales, Canadá puso su mirada y sus dólares en las minas mexicanas. No fueron unas cuantas empresas canadienses las que le apostaron a la explotación de metales y minerales en México: 198 compañías de ese país realizan operaciones de exploración y explotación aquí, según información de la Secretaría de Economía. En el caso del mercado del oro, por lo menos 41 empresas registradas en México son filiales de uno de los 25 grupos corporativos canadienses.

El reporte 2010 de la Camimex hace evidente el dominio de estas empresas sobre la minería de oro. Ocho de las 11 principales minas de este metal son operadas por empresas canadienses y controlan 70 por ciento de la producción de oro en México. Si se agrega el valor de las reservas de oro de cada mina, estimadas por el Almanaque Minero Internacional, el resultado es revelador:

1. Peñasquito, Zacatecas, operada por Goldcorp. Valor de las reservas: 44 mil 279 millones de dólares.

2. Los Filos, Guerrero, operada por Goldcorp. Valor de las reservas: 15 mil 046 millones de dólares.

3. Mulatos, Sonora, operada por Alamos Gold, Toronto. Valor de las reservas: 7 mil 749 millones de dólares.

4. Dolores, Chihuahua, operada por Mine?nders. Valor de las reservas: 5 mil 219 millones de dólares.

5. San Pedro, San Luis Potosí, operada por New Gold. Valor de las reservas: 4 mil 767 millones de dólares.

6. Ocampo, Chihuahua, operada por Gammon Gold. Valor de las reservas: 2 mil 826 millones de dólares.

7. San Dimas, Durango, operada por Primero Mining. Valor de las reservas: 2 mil 308 millones de dólares.

8. El Sauzal, Chihuahua, operada por Goldcorp. Valor de las reservas: 730 millones de dólares.

Valor total de las reservas de oro mexicano que pertenecen a mineras canadienses: 82 mil 924 millones de dólares.

Los informes de estas empresas a sus accionistas evidencian la importancia de estas minas para su fortalecimiento. Las mineras Primero, Gammon y Mine?nders dependen 100 por ciento de su producción en México. Y Alamos Gold, New Gold y Goldcorp, una de las mineras más importantes del mundo poseen sus yacimientos más valiosos en México. “México es muy importante para la industria minera ca nadiense”, comenta Jaime Kneen, de Mining Watch Canada. “Los bajos costos de operación, de fuerza laboral, de impuestos y cuotas ambientales e industriales, significan sólo una cosa: poca inversión y muchas ganancias”.

Tenía 30 años cuando Valeriano Celso se enteró que debajo de donde pisaba había oro en abundancia. Una tarde de 1997 los representantes de la empresa minera Peñoles visitaron Carrizalillo, una de las tres comunidades que rodea la mina Los Filos, al norte de Guerrero. Los “ingenieros” de Peñoles no fueron a informar a la gente de los hallazgos de oro en la región –eso fue incidental–, su objetivo era convencer a los habitantes del pueblo de que alquilaran a la empresa unas 350 hectáreas de la comunidad para extender sus exploraciones. La oferta era simple: la comunidad entregaba sus tierras y cedía los derechos totales sobre ellas, y la empresa les pagaba el equivalente a lo que obtendrían por sus cosechas de maíz o, si lo preferían, también podía pagarles con maíz. Como la superficie en cuestión no era usada para la agricultura, la comunidad se enganchó y no pensó dos veces antes de cerrar el trato: mil 200 pesos por hectárea al año. Valeriano Celso, como los demás, recibió su parte de ese trato, más 12 mil pesos por sus títulos parcelarios. Para la gente que no había conocido más que pobreza, resultó en apariencia una gran operación. “Nunca me había imaginado tener tanto dinero. Después de mucho tiempo me di cuenta de que se los había regalado”, dice Valeriano, que como la mayoría de los habitantes de Carrizalillo, nunca obtuvo muchas ganancias de sus cosechas.

La llegada del cheque de la empresa a principios de cada año era motivo de una fiesta comunal, se vaciaban las reservas de mezcal y se celebraba la llegada de un dinero que no les había costado. Estaban muy contentos. “Mientras la empresa percibe la riqueza en términos de oro, los campesinos la perciben en términos de maíz. El oro es un objeto ajeno, desconocido, por eso el trato fue tan efectivo para la minera”, comenta Claudio Garibay, del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM.

El cheque anual proporcionado por la minera Peñoles, de capital mexicano, no resolvió la pobreza de la comunidad, las casas aún se construían con palma y adobe, las pocas de concreto pertenecían a familias que recibían remesas de Estados Unidos. La noticia de que una empresa canadiense había comprado los derechos de la mina Los Filos no provocó mayor reacción en la comunidad de Carrizalillo, pues la veían como una compañía más que realizaría exploraciones de un metal que nunca habían visto. Pero Goldcorp no se parecía en nada a Peñoles. Desde 2007, la minera canadiense comenzaría los preparativos para explotar alrededor de 300 mil onzas de oro al año. Al sonido repentino de la primera detonación, Valeriano se percató que la empresa se llevaría todo el oro de la región y que el trato de los mil 200 pesos por hectárea ya no era tan bueno. “Me nació un sentimiento de injusticia porque la compañía iba a explotar nuestros cerros gratis y nosotros en la extrema pobreza”, recuerda. Para su suerte, no sería el único en darse cuenta de ello y actuar.

México es la duodécima fuente de oro en el mundo, con reservas aproximadas de 91.4 millones de onzas. En opinión de Claudio Garibay, especialista universitario en conflictos entre comunidades y empresas mineras en México, éste sólo es uno de los factores por los que las firmas canadienses desarrollan sus proyectos más exitosos en nuestro país. En su estudio titulado Paisajes de acumulación minera por desposesión campesina en el México actual, el antropólogo enlista las ventajas que ofrece el país para la explotación minera por parte de empresas extranjeras.

1.- Políticas de libre mercado.- El Tratado de Libre Comercio firmado en 1994 con Estados Unidos y Canadá permite, entre otras cosas, que las empresas de esas naciones tengan un trato igual que el otorgado a las empresas nacionales. Las firmas extranjeras que operan en México pueden importar y exportar bienes de consumo y capital con arancelesnulos. Bajo este tratado, las empresas mineras canadienses importan maquinaria y tecnología de Estados Unidos y otros servicios, sin afectar su presupuesto, lo que al mismo tiempo obstaculiza la participación de empresas mexicanas en estos proyectos mineros. “Al final los que ganan son Canadá, con las ganancias de la explotación, y Estados Unidos, por la contratación de la tecnología”, explica Garibay.

2.- Concesiones de subsuelo. La Ley Minera y la Ley Federal de Derechos permite las concesiones del subsuelo para exploración y explotación (no hace distinción entre ambas) por 50 años prorrogables. Los titulares de la concesiones deben pagar cuotas de entre 5.80 y 111 pesos por hectárea cada semestre, depen- diendo de la vigencia de la concesión. Por ejemplo, Goldcorp compró concesiones en octubre de 2010 por un total de 177 hectáreas para explotación minera en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, al que pertenece la región de Mezcala.

Según lo establecido en la ley, la empresa pagará mil 777 pesos este año por el derecho al subsuelo, que incluye el derecho al agua existente en la zona concesionada.

3.- Falta de regalías y secreto fiscal. Garibay explica que, a diferencia de países como Chile, Perú o Bolivia, México no cobra regalías por explotación minera. “Las empresas no pagan más que los impuestos que le corresponden a cualquier otra compañía. El problema es que es imposible saber cuánto pagan estas empresas porque es materia de secreto fiscal”, destaca el antropólogo. “Yo quisiera creer que aportan por lo menos lo mismo que los ciudadanos, es decir 28 o 31 por ciento de sus ingresos”. Pero el reporte técnico del proyecto de la mina Peñasquito realizado por Goldcorp en 2009 da indicios de que tal vez no sea así. Aunque la empresa indica que pagará 28 por ciento por concepto de “ingresos sujetos a impuestos” –mil 700 millones de dólares– durante todo el periodo de operaciones de la mina Peñasquito, esta cifra es igual a apenas 6 por ciento de sus ganancias netas proyectadas a precios de 2008.

La reforma al artículo 27 constitucional realizada en 1992 permitió que las tierras comunales y ejidos se convirtieran en propiedad privada. Sin embargo, las empresas mineras tienen una alternativa menos costosa y más efectiva de obtener los derechos de la superficie necesaria para sus operaciones. Los “contratos de ocupación temporal” permitidos por la ley minera le dan la facultad a las empresas de alquilar las tierras comunales. El investigador, autor del estudio Goldcorp y la reciprocidad negativa en el paisaje minero de Mezcala, Guerrero, explica que esta figura es prácticamente una “desposesión defacto”, en la que se “oculta la subordinación de la población local y su inserción a los fines corporativos”. El contrato de ocupación temporal de tierras firmado en 2006 entre Goldcorp y Xochipala, comunidad aledaña a la mina Los Filos, ejemplifica estas características La cuarta cláusula del contrato, vigente durante 30 años,
cuya copia tiene emeequis, establece lo siguiente:

“La comunidad autoriza a ‘San Luis’ (abreviación de Desarrolladores Mineros San Luis, nombre de la filial mexicana de Goldcorp) en el área de ocupación temporal, de manera enunciativa más no limitativa, a lo siguiente: levantamientos topográficos, estudios geológicos, estudios geoquímicos, perforación de barrenos, estaciones de bombeo de agua…y en general todas las obras y trabajos necesarios para la exploración y explotación de minerales”. A cambio, la empresa se comprometía a pagar 546 mil pesos anuales por la ocupación de 420 hectáreas y, “como apoyo extraordinario y por única ocasión”, la donación de cuatro toneladas de cemento, cinco juegos de baño, tres tinacos Rotoplas de mil litros, 1.5 toneladas de varilla, 15 cubetas de pintura de 19 litros cada una.Si Goldcorp hubiera firmado contratos similares con las otras dos comunidades –Mezcala y Carizalillo–, hubiera obtenido los derechos de 2 mil 690 hectáreas por tres décadas a un precio aproximado de 113 millones de pesos. Esto equivale a .007 por ciento del valor de las reservas de oro y plata en las minas de Los Filos.

Los habitantes de Carrizalillo no pudieron hacer estos cálculos porque no tenían acceso a los reportes de Goldcorp o de la Bolsa de Valores de Canadá, pero sabían lo su?ciente para comenzar un plantón frente a las puertas de la mina.Un corrido anónimo describe el ?n de la paz en la mina Los Filos. Apenas comenzaba 2007.

Ingenieros de la empresa ya son dueños del terreno, ya nos miran como cualquiera
siendo nosotros los dueños La gallina de los huevos de oro, que está echada en Bermejal,
ingenieros de Los Filos ya la quieren desplumar.

Las puertas y casetas que dividen el territorio alquilado por Goldcorp del resto de la comunidad de Mezcala fueron invadidas por una célula humana que se multiplicó al paso de las horas. “Sacamos a todos los mineros y no dejamos pasar la maquinaria, les dijimos que no nos íbamos a mover hasta que negociaran con nosotros”, los ojos opacos de Valeriano Celso se endurecen al recordar el primer día del plantón. El bloqueo no fue la primera opción para los habitantes de Carrizalillo. Unos meses antes le habían propuesto a la empresa crear un sindicato de transportadores que trabajaran en la mina acarreando piedra, pero Goldcorp tenía otros planes. “Nos dijeron que ya habían contratado gente y que no nos necesitaban. Entonces les exigimos que nos subieran el pago de las hectáreas, y nos respondieron que el precio era el justo. La verdad estábamos dando patadas de ahogado”. Valeriano y sus vecinos comenzaban a resignarse, a pen-
sar que nunca obtendrían nada por el oro enterrado en las cientos de hectáreas que le habían prestado a la minera canadiense. Pero, inusitadamente, una noticia recorrió la comunidad en segundos y les cambió el ánimo. Valeriano Celso no recuerda cómo se llamaba, pero sí que un adolescente de la comunidad que cursaba la preparatoria les avisó que Goldcorp presumía en su página de internet que había otorgado decenas de apoyos y donaciones a los habitantes de Carrizalillo, lo que en realidad nunca ocurrió. “Eso nos hizo enojar mucho. No nos pagaban lo justo y,encima, andaban diciendo mentiras”.Carrizalillo se contagió de la ira de Valeriano y confrontó a la compañía. Goldcorp atestiguó el freno total de sus operaciones en Los Filos. Al paso de las semanas, sus accesos se llenaron de tiendas improvisadas, de ramas y bolsas de plástico, de barricadas de troncos y piedras. El gobierno estatal intercedió por la empresa que, en ese momento, no tenía intenciones de negociar sus contratos con la comunidad. La visita de decenas de “licenciados” fue infructuosa. La paciencia del gobierno y Goldcorp había llegado a su límite luego de un mes de plantón. El 25 de enero de 2007, a las cinco de la mañana, Valeriano no terminaba de sacudirse la modorra cuando escuchó los motores de un convoy acercándose a su campamento. La policía antimotines del estado había llegado a deshacer el bloqueo. “El gobernador Zeferino Torreblanca mandó a esas bestias a darnos una golpiza. Ese día se llevaron a mis hijos Salomón y Valeriano a la cárcel de Zumpango”. La estrategia represora de las autoridades no tardó en convertirse en noticia a nivel nacional.

Al movimiento de Carrizalillo se unieron entonces organizaciones de derechos humanos, diputados locales y federales y abogados. Los presos fueron liberados y Goldcorp no tuvo opción más que sentarse a negociar. Y consiguieron lo increíble: 13 mil 500 pesos por hectárea al año. El nuevo acuerdo entre Goldcorp y la comunidad de Carrizalillo era 10 veces mayor al estipulado en el contrato original. La comunidad de Xochilapa obtuvo una cifra similar y su contrato, ?rmado en 2006, fue modi?cado. Aún así, las nuevas cuotas equivalen a menos de uno por ciento de los ingresos de la compañía. Los representantes de Carrizalillo propusieron un acuerdo más justo, ideado por sus asesores legales: que la empresa les pagara la renta de las hectáreas con base en el precio de la onza de oro en el mercado internacional. Los abogados de Goldcorp rechazaron la propuesta, no estaban preparados para negociar un contrato así. Pero las reuniones continuaron y al año siguiente Carrizalillo consiguió concretar el acuerdo. La compañía pagaría el equivalente al precio de venta de 2.5 onzas de oro por hectárea. “Es un caso excepcional, el más exitoso de una comunidad en con?icto con una compañía minera en México”, apunta Claudio Garibay. Sin embargo, el especialista en con?ictos sociales relacionados con la minería asegura que Goldcorp no fue derrotada. Las protestas de Carrizalillo le sirvieron de entrenamiento para controlar a las comunidades en futuros proyectos de explotación. “Detectaron a los ‘hombres fuertes’ de la zona, a los ejidatarios y les dieron un trato especial. Con este nuevo acuerdo, más los proyectos que realicen en la comunidad, la empresa compró la paz social durante ocho años, tiempo su?ciente para saquear todo el oro de la zona”. Explica que estas nuevas formas de control no son exclusivas de Goldcorp, sino que constituyen una tendencia entre las mineras canadienses para prevenir con?ictos sociales. “Las compañías ya no contratan ingenieros como intermediarios, sino a sociólogos, antropólogos, personas que entiendan las dinámicas de las comunidades y sean capaces de manipularlas política y socialmente”. En opinión del investigador, estos métodos y programas persiguen un único objetivo: asegurar que los proyectos mineros continúen siendo negocios rentables. “Si aceptar pagar 2.5 onzas de oro por hectárea es que seguramente les está yendo muy bien”. Tiene razón el investigador: actualmente, la empresa paga cada año cerca de 55 millones de pesos a los habitantes de Carrizalillo, pero de esa mina en particular obtiene ingresos de 4 mil 742 millones de pesos al año. Y de eso se enorgullece en el reporte 2010 a sus accionistas.


“Querer, pensar, actuar: Una empresa su?cientemente segura para nuestras familias”. Para Arnoldo García, superintendente de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente de Goldcorp Los Filos, el lema de la compañía no sólo se re?ere a la seguridad dentro de la mina. “El desarrollo y bienestar de las comunidades siempre ha sido parte de los objetivos y la ?losofía de Goldcorp. Es parte de nuestro proyecto”. –¿Por qué surgió el con?icto entre la comunidad de Carrizalillo y la empresa? –No nos conocíamos bien, la interacción de la empresa con la comunidad apenas empezaba. También comenzábamos nuestras operaciones y ellos ya querían formar un sindicato de transportistas. Fue un problema de falta de tiempo. García aún no trabajaba en la mina de Los Filos cuando sucedió el plantón, pero asegura que la relación entre las comunidades y Goldcorp es muy diferente ahora. “Tenemos reuniones constantes con los habitantes,desarrollamos proyectos de educación, salud y medio ambiente. La presencia de la mina se re?eja en el desarrollo de la comunidad”. –¿El pago que reciben por sus hectáreas es proporcional a los ingresos de la compañía? –La realidad es que pagamos el precio más alto por hectárea en México. Carrizalillo es de las pocas comunidades que reciben un pago por el valor de la onza de oro. –¿Pero no son cuotas muy bajas en comparación con sus ganancias? –Estamos en etapa de desarrollo, comenzamos a operar en 2008. Todavía no vemos ganancias, todos nuestros ingresos, como en cualquier negocio que inicia, se invierten en maquinaria, tecnología, pago de salarios, pago de deudas a nuestros accionistas. García reconoce, sin embargo, que la mina se desarrolla rápidamente gracias a que el oro vive una época próspera. “Estamos viendo los precios más altos de la historia. En 22 años trabajando en la minería nunca había presenciado algo así, quién sabe cuánto tiempo vaya a durar”. –¿Por qué? –El precio del oro es muy volátil. He visto a muchas empresas quebrar por las devaluaciones. En una mina a cielo abierto, de una tonelada de piedra se obtiene menos de ungramo de oro. Tienes que invertir en mucha maquinaria y tecnología para poder sacar oro su?ciente y puede ser que al ?nal la mina no sea rentable. Nadie lo puede asegurar.

Las construcciones de Carrizalillo ya no son de adobe y palma, ahora están hechas de concreto y ?erro. Es raro ver una casa que no tenga varillas creciendo de su techo, promesa de un segundo o tercer nivel. Los caminos rocosos y desiguales, los pocos terrenos baldíos llenos de matorrales, los chivos que duermen bajo una camioneta pickup Ford del año ofrecen una débil pista de su apariencia hace cuatro años, antes de que la comunidad recibiera 55 millones de pesos anuales por el arrendamiento de sus tierras a la empresa Goldcorp. “Cambiamos nuestros burros por autos, a mí ya me da miedo andar en burro”, Onofre Peña deja escapar una sonrisa que crece pero nunca se convierte en risa. Para él, que participó en el plantón y en las negociaciones con la empresa minera para aumentar el precio de la renta de las hectáreas, no existe mejor imagen que la de Carrizalillo en 2011: autos estacionados frente a cada casa, ?las de antenas de televisión Sky, niños con uniforme escolar y taxis recorriendo sus caminos rocosos. Es un paisaje muy diferente al de su juventud, cuando se dedicaba a la cosecha del maguey y a destilar mezcal, cuando ignoraba por completo que vivía entre cerros de oro. Como presidente del comisariado ejidal le corresponde la obligación de repartir el cheque de Goldcorp entre la comunidad. A él le tocan 300 mil pesos al año. “Nunca imaginamos tener todo este dinero. Siempre fuimos pobres y ahora tenemos todo esto. Sé que la mina gana mucho más, pero entiendo que ellos gastan en la maquinaria y en los salarios; a los mineros les dieron un bono de 100 mil pesos”. La sonrisa de Onofre desaparece de repente como si un mal recuerdo hubiera interrumpido esa racha de alegría que le provoca el hablar de su buena suerte. Después de un suspiro, con?esa su mayor preocupación:
“Estamos viviendo un sueño, pero algún día vamos a despertar. La mina no va a durar para siempre”. Es verdad. La mina de oro Los Filos tiene una vida de 10 años. Cuando las reservas se hayan acabado, Goldcorp se irá y junto con ella sus cheques anuales. La enorme extensión rojiza rebanada en espiral quedará infértil, inútil. Una de las desventajas de la minería a cielo abierto. “Todos andan comprando terrenos y construyendo casas en otros lugares, en Iguala o en México. Muchos se quieren ir de aquí cuando la mina se vaya. La verdad, yo también”. La vida aquí se habrá acabado. La vida ya sólo será un sueño.

Los conflictos de las mineras canadienses en México

1.- Chicomuselo, Chiapas, contra Black?re

La empresa Black?re, de Alberta, comenzó en 2005 sus operaciones de explotación de barita en el municipio de Chicomuselo, al sur de Chiapas. En 2008 la comunidad denunció ante las autoridades estatales y federales las afectaciones a la salud y al medio ambiente, como tala excesiva, detonaciones y contaminación del agua por residuos de óxido. Para detener las protestas y continuar sus operaciones, Black?re sobornó al entonces alcalde del municipio con ropa, objetos y viajes de lujo. La empresa continuó sus operaciones y las denuncias aumentaron. Un grupo de habitantes del municipio organizó un plantón frente al Palacio Municipal para exigir la salida de la mina. Uno de ellos, Mariano Abarca, fue asesinado de un tiro en la cabeza a ?nales de 2009. La Secretaría de Medio Ambiente de Chiapas clausuró la mina de Black?re por daños ecológicos. Aún no se ha detenido a los culpables del asesinato de Abarca.

2.- Unión Wixárika contra First Majestic Silver

Comunidades huicholes de Jalisco, Nayarit, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas formaron la Unión Wixarika para exigir la clausura de la explotación de plata de la compañía First Majestic Silver en la región de Wirikuta, en Real de Catorce, San Luis Potosí. Wirikuta es el centro ceremonial más importante para las comunidades wixarika y es parte de la Red Mundial de Sitios Sagrados. Se encuentra en la lista de sitios que esperan ser nombrados Patrimonio de la Humanidad. “Es como si instalaran una gasolinera en El Vaticano”, explicó uno de sus integrantes. Aunque la empresa canadiense asegura que sus operaciones, al ser subterráneas, no afectarán la zona, los miembros de la Unión Wixarika argumentan que la presencia de la mina afectará gravemente al medio ambiente y al estado actual de la región. Wirikuta, dicen, es el centro donde se originó el mundo y la operación de una mina debajo de él es inadmisible.

3.- Cocula contra Teck Cominco

Los habitantes de la comunidad de El Limón, en Cocula, Guerrero, denuncian desde hace siete años las operaciones de la minera Media Luna, pues ha contaminado el agua con arsénico y ha afectado el medio ambiente. La empresa, ?lial del grupo canadiense Teck Cominco, respondió a las quejas de la comunidad con un contrato mediante el cual se compromete a pagar mil 200 pesos por hectárea si abandonan la región. Ante la falta de respuesta de las autoridades locales y estatales, los habitantes de El Limón tomaron las instalaciones de la mina a ?nales de 2009. Las autoridades locales respondieron al plantón con la expedición de órdenes de aprehensión contra 83 personas por daño en propie- dad ajena y ataques a las vías de comunicación. El 3 de septiembre de 2009, un grupo de hombres armados secuestró a tres líderes del movimiento contra la mina. Otro grupo baleó a otro de los activistas. El caso continúa sin resolverse y los habitantes han recibido amenazas de muerte, según informa el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

4 .- Mulatos contra Alamos Gold

Alamos Gold es propietaria de una de las minas oro más importantes del país, ubicada en Mulatos, Sonora, que opera a través de la ?lial Minas de Oro Nacional. Desde el comienzo del proyecto de explotación, los habitantes de Mulatos han denunciado los métodos de la minera para despojarlos de sus predios y extender sus operaciones de extracción. Según reportes periodísticos, en marzo de 2009 los hijos pequeños de Luis Pedro Huerta, dueño de los predios que la minera reclamaba como suyos, fueron secuestrados por guardias de Alamos como respuesta a la insistencia de Huerta de permanecer en el territorio donde había vivido 40 años. Los niños, de 5 y 11 años, fueron liberados ese mismo día. La familia Huerta denunció a los guardias y a los gerentes de la mina en Canadá. A la fecha no se han tenido avances del caso.

Fuente: http://frenteendefensadewirikuta.org/wirikuta/?p=1153