En la mesa económico ambiental se trataron tres temas: En las formas económicas propias, se propone construir una estrategia que fortalezca la economía propia de las comunidades indígenas y la defensa de la madre tierra, el segundo tema, los espacios de vida frente todas las amenazas actuales que hay debidas a las políticas extractivistas y finalmente, la política ambiental que tiene el Gobierno Nacional, en concordancia con los grandes negocios con las multinacionales.
“Fortalecimiento de un sistema económico y comunitario”
Declaración de Kolektiba Colombia, frente la condición actual de violación de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia, y el peligro inminente de su extinción física y cultural.
Kolektiba Colombia, plataforma de solidaridad con Colombia conformada por ONGDs del País Vasco- CEAR- Euskadi, Colectivo Bachué, Mugarik Gabe y MunduBat, Paz con Dignidad y Posada de los Abrazos – DENUNCIAMOS QUE:
Dentro del conflicto armado interno colombiano, los territorios indígenas siguen siendo el principal escenario de confrontación en las operaciones de guerra interna que vive el país; una guerra que no mengua pero que muta de acuerdo a los nuevos intereses de sus actores directos, es por esto que los Pueblos Indígenas son las víctimas reales y potenciales de las consecuencias de ella. Las violaciones a los Derechos Humanos – DDHH y al Derecho Internacional Humanitario – DIH cometidas contra los Pueblos Indígenas han sido principalmente: el desarraigo forzado, el desconocimiento de su autonomía, su sistema de gobierno e instituciones propias, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada, secuestro, abusos y violaciones sexuales a las mujeres, confinamiento, señalamientos y amenazas tanto colectivas como individuales, presión para que hagan parte de las filas de uno u otro actor armado, legal o ilegal.
Los territorios indígenas vienen padeciendo mayor presión por los diferentes actores armados y se avecina nuevamente el despojo territorial. Después de la época de la colonia una nueva conquista invade los territorios de los pueblos indígenas, con intereses y decisiones ajenos a sus necesidades y sobre los cuales no pueden influir. Desde allí, y con fines económicos de búsqueda de rentabilidad, se arrasa el bosque, la cultura y la vida de los Pueblos Indígenas para dar paso a las concesiones mineras, exploraciones acompañadas por el Ministerio de Defensa del Gobierno Nacional o simplemente quieren tener los territorios indígenas para sus proyectos militares1.
Tal y como describe el relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas en su informe de 2009, los Pueblos Indígenas en Colombia viven:
“…situaciones de vulnerabilidad y riesgo de la población civil, como consecuencia del conflicto armado, y advierte a las autoridades concernidas con deber de protección para que se coordine y brinde una atención oportuna e integral a las comunidades afectadas”2
“…la persistencia de esta situación de impunidad configura un patrón inaceptable, que pone en grave riesgo la supervivencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”3.
Por ello, SOLICITAMOS:
Al Estado colombiano, la adopción y efectiva aplicación del respeto al convenio 169 de la OIT y a las recomendaciones estimadas por los Relatores Especiales de la ONU para los Pueblos Indígenas de Colombia.
o La reglamentación adecuada conforme a los términos del Convenio 169 de un proceso de Consulta Previa que garantice una real y efectiva participación de los Pueblos Indígenas; así como al poder decisorio legitimo de estos frente a cualquier decisión que el Estado tome con miras a afectar los Pueblos Indígenas.
o La declaración de nulidad de todas las concesiones, contratos y convenios suscritos por el Estado colombiano con las multinacionales y grandes empresas explotadoras de recursos naturales, que no hayan sido sometidos a un debido proceso de Consulta Previa en los términos anteriormente descritos.
La garantía y el respeto por parte del Estado a las normas del Derechos Internacional Humanitario – DIH y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos – DDHH; en particular, aquellos que garantizan y promueven el respeto por la diversidad étnica y cultural de los Pueblos Indígenas, entre ellos comprendemos:
Ø Desminado de los territorios indígenas.
Ø La no realización de operaciones militares en territorios indígenas.
Ø No presencia de actores armados en territorio indígena.
Ø El no involucramiento de población indígena, los cuales son utilizados como guías, cargadores, informantes, entre otros.
Ø La no restricción de entrada de alimentos y medicamentos, fundamentales para las comunidades en sus territorios; así como el derecho a la movilidad sin restricciones de los indígenas dentro de sus territorios.
Ø El no reclutamiento de indígenas en las filas del Ejército Nacional.
El cumplimiento efectivo y en los términos del Auto 004 de 2009, emitido por la Corte Suprema Constitucional colombiana para el diseño y desarrollo del Programa de Garantías y Plan Salvaguarda para los Pueblos Indígenas.
El cumplimiento de los diferentes acuerdos a través de los cuales el Gobierno Nacional se ha comprometido para compra, adjudicación y saneamiento de títulos de tierras colectivas.
Al Gobierno de España que, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, traslade esta declaración de repulsa a las instituciones competentes en Colombia a las que hace un llamamiento para que garanticen la integridad y los derechos de los Pueblos Indígenas.
Vitoria- Gasteiz, 10 de mayo de 2010
Por favor enviar sus comunicaciones a:
OIA- [email protected]
MUGARIK GABE- [email protected]
Presidencia de la República
Dr. Álvaro Uribe Vélez, Presidente de la República Cra 8 # 7-26, Palacio de Nariño, Bogotá D.C. E-mail: [email protected] Fax: 57 1 566 2071
Vicepresidencia de la República
Dr. Francisco Santos, Vicepresidente de la República Cra 8ª # 5-57, Bogotá D.C. E-mail:[email protected]; [email protected]
Programa presidencial de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario
Dr. Carlos Franco, Director Cll 7 # 5-54, Bogotá D.C. Teléfono: 565 97 97 ext. 744 E. mail: [email protected]
Viviana Manrique Zuluaga / Viceministro del Interior y de Justicia
Fax (57 1) 560 33 83
Fiscalía General de la Nación
Fiscal General de la Nación Diagonal 22B # 52-01, Bogotá D.C. E-mail: [email protected]; [email protected]
Defensoría Nacional del Pueblo
Dr. Volmar Pérez Ortiz. Defensor Nacional del Pueblo Teléfono: 314 73 00 E.mail: [email protected]
Procuraduría General de la Nación
Procurador General de la Nación Teléfono: 336 00 11 E.mail: [email protected]
Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia
Teléfonos 658 33 00 [email protected] , [email protected]
Programa de Derechos Humanos de la Policía Nacional
Coronel Efraín Oswaldo Aragón. Director Teléfono: 315 94 38 E.mail: [email protected]
Oficina de Derechos Humanos del Ejército Nacional
Coronel Enrique Garay Saleg. Director Teléfono: 266 03 16 E.mail: [email protected]
Corte Constitucional de Colombia
Calle 12 No. 7-65 Palacio de Justicia, Bogotá, D.C.
Telefóno: 57-1-3506200 – Fax: 57-1-3368759