Nuevamente las comunidades indígenas del Norte del Cauca se encuentran de luto debido a la muerte del líder indígena Manuel Santos Poto.
Manuel Santos llevaba casi 6 años luchando contra una enfermedad renal. Él y su familia, sufrieron como miles de colombianos soportando largas filas para ser atendidos en una Empresa Prestadora de Salud. Tuvieron que acudir a tutelas para que se cubriera el costo de los tratamientos que en ese momento estaban fuera del Plan Obligatorio de Salud o para que le realizaran las diálisis que requería para permanecer con vida.
En el camino de esta pelea jurídica la enfermedad fue avanzando hasta que el 15 de Septiembre pasado, después de un esperado trasplante de riñón y de estar más de 15 días en cuidados intensivos en la Clínica Valle de Lili en la ciudad de Cali, la vida de Manuel Santos se apagó.
Este sistema de salud que ofrece servicios que no corresponden a necesidades reales, asegura ganancias para unos pocos a costa de que la población pague y no reciba la atención adecuada. Se ha convertido en otro victimario de las comunidades indígenas, afros, campesinas y urbanas empobrecidas por un sistema que les niega la posibilidad de acceder a un servicio decente de salud. De nuevo la codicia sobrepasa el valor de la vida.
Pero el sistema de salud no es el único que está acabando con la vida de la gente. Desafortunadamente tenemos que registrar la triste incrementación de la violencia en nuestros territorios por culpa de los grupos armados. Ellos, que se ensañan contra la población civil, han dejado nuevas víctimas como la lideresa y madre comunitaria Victoria Eugenia Mosquera de la vereda El Hoyo municipio de El Tambo, el joven José Adolfo Caicedo de la comunidad de Pajarito de Huellas Caloto o el guardia indígena de Miranda, Richard Alexander Peña. Ellos, que fueron despojados de sus vidas en hechos repudiables, hacen parte de la estrategia de intimidación para dividirnos y desplazarnos.
Este conflicto armado, negado e invisibilizado, ha desplazado a más de 7.500 personas en lo que va corrido de este año, según dice un informe de la ONU. Estas cifras podrían aumentar con las cerca de 2.336 personas víctimas del desplazamiento forzado interurbano que se presenta en su mayoría en Medellín.
Pero además del copamiento armado, avanza una guerra silenciosa a través de las leyes. Se tramita con descaro toda la legislación que busca despojar a los pueblos de sus recursos. Por ejemplo, la resolución 970, proferida por el ICA, con la cual se pretende controlar cualquier forma de obtención de semillas nativas o criollas. Este tipo de leyes sin duda buscan allanarle el camino a los casi 11 Tratados de Libre Comercio que se están negociando.
Un sistema de salud en crisis, leyes que van en contra de los productores del campo, guerra para desplazarnos y usurpar nuestro territorios son parte de las políticas neoliberales y del libre comercio que ahondan las inequidades y que desangran a la Madre Tierra para que algunos pocos puedan alimentar su codicia.
Pero la mayoría de pueblos a pesar de la opresión sabe encontrar los caminos que buscan una vida digna. Los hermanos Mapuches continúan con su voz en alto luchando contra la injusticia a pesar del olvido del gobierno y de la manipulación de los medios. Los corteros de caña, perseguidos y judicializados no se dejan manipular por el aparato criminal de un gobierno opresor. Los mineros artesanales que se resisten a entregarle sus territorios al capital transnacional. Ejemplos hay miles. Comunidades que se resisten a creer que sólo unos pocos pueden tomar las decisiones para el beneficio de todos los pueblos. Ellos y ellas, desde sus viviendas, desde sus comunas, nos trazan el camino para construir la vida digna para todos. Es nuestra obligación seguir su ejemplo, organizarnos, dejar de creer que nuestra conciencia tiene precio y empezar a imaginar el mundo como queremos y merecemos que sea.