La Senadora Cabal, del Partido Centro Democrático, en una columna del pasado 8 de septiembre parece despacharse contra una propuesta del Defensor Nacional del Pueblo denominada “Carpa blanca”, con la cual se buscaría una protección humanitaria para los indígenas del Cauca, acosados por grupos armados ilegales; en su confusa redacción, la Senadora parece proponer una alternativa mejor, para ella, denominada “derrumbar la violencia anarquista del CRIC y su guardia indígena”.
Como CRIC denunciamos este lenguaje incendiario que se constituye, en boca de una dirigente de un partido históricamente cuestionado por su cercanía con el fenómeno paramilitar, en directriz para escalar un escenario de guerra contra los indígenas del Cauca y del país. En el resto de su escrito se dan justificaciones para dicha propuesta, basadas en falacias y en mentiras que el Centro Democrático ha venido convirtiendo en “verdades” a través de su repetición mediática permanente.
La senadora Cabal acusa al CRIC de ejercer la violencia “escudado en una deuda impagable que cargamos como una cruz de generación en generación”. No sabemos quiénes son las generaciones que cargan esa cruz, pero seguramente son la familia Cabal y tal vez las de los otros pocos terratenientes que acaparan la inmensa mayoría de las tierras productivas de Colombia, las cuales, en pleno siglo XXI, están en ganadería extensiva. En todo caso no aceptamos que exigir que Colombia deje de ser uno de los países más inequitativos del mundo, particularmente en la distribución de la tenencia de la tierra, nos convierta en violentos; violencia es la que han ejercido, ejercen quienes han acaparado estas tierras y las han convertido en patrimonios improductivos.
La representante de los ganaderos latifundistas en el Congreso de la República hace su escrito con ocasión de la masacre en Suarez y asesinato de la candidata a la alcaldía de este municipio del departamento del Cauca, y señala que “hay una gran dosis de responsabilidad de quienes han cercado el territorio por oponerse a que el Estado opere como es debido”. Ella se refiere al control territorial de la guardia indígena, retomando en este caso lo que han planteado el Ministro de defensa y la Ministra del interior en el sentido que las comunidades indígenas no permiten la entrada de la Fuerza pública en sus territorios. Es un argumento muy mal traído de parte de la Senadora convertida en articulista, ya que el municipio de Suarez dentro de su extensión es en su mayoría territorio campesino y afrocolombiano, y los hechos que pretende lamentar ocurrieron por fuera del territorio indígena (de hecho el Ministro de defensa señaló que “los miembros del Ejército se encontraban a pocos kilómetros del lugar de los hechos, pero no pudieron hacer nada porque todo ocurrió en pocos segundos”).
Por demás, las comunidades indígenas ya hemos expresado respecto al argumento de la no presencia de la fuerza pública: “El gobierno colombiano ha dicho que la situación de acciones violentas de estos grupos ilegales en las comunidades indígenas se está presentando porque en uso de nuestra autonomía no permitimos la entrada de la fuerza pública, lo cual no es cierto pues todos los municipios del Cauca cuentan con estaciones de policía y en todos hay presencia de batallones del ejército y/o la marina, incluso en áreas de conservación ambiental y sitios sagrados; si el argumento del gobierno fuera cierto ¿cómo se explica que la misma situación se presenta, a veces con más gravedad, en municipios con poca o ninguna territorialidad indígena como Argelia, Balboa, El Tambo e incluso Suarez?”.
La senadora Cabal justifica también su diatriba para derrumbar al CRIC y su guardia indígena citando el caso de la jurisdicción indígena de la comunidad de Pioyá que “tiene en cautiverio a seis jóvenes en el centro Penitenciario San Isidro, condenados a 60 años sin juicio justo y sin derecho a un abogado, por haber pertenecido al ejército nacional y no aceptar ser parte de grupos irregulares ilegales, financiados con la desviación de recursos de transferencias del Gobierno nacional”. Mentira sobre mentira ¡que cruz tan pesada la que debe cargar esta señora!
No sabemos a ciencia cierta a que jóvenes en cautiverio en San Isidro se refiera la Senadora pero lo que sí es completamente claro es que no se juzga a los comuneros por haber pertenecido al ejército nacional y es una calumnia absoluta decir que se condena o juzga a comuneros por no aceptar hacer parte de grupos irregulares.
Los recursos de transferencias, o mejor del SGP, llegan a los municipios quienes se encargan de su administración, no son las comunidades; es completamente inmoral decir, por puro manejo ideológico, que estas transferencias están siendo desviadas para financiar grupos irregulares ilegales.
Señalar lo anterior por la Senadora Cabal es un irrespeto con nuestras victimas quienes han sido heridas o asesinadas con un bastón haciendo control territorial precisamente enfrentando a estos grupos, ante la incapacidad o indiferencia cómplice del Estado. Ella ya ha aclarado el sentido que la impulsa: hay que acabar con el CRIC y con su guardia indígena.
¿La opinión nacional va a aceptar que argumentos que escuchamos cotidianamente en pasquines y panfletos delincuenciales se regularicen ahora en columnas de una Senadora que debería ser honorable?
Las 126 Autoridades Indígenas del CRIC y sus 10 pueblos mantenemos firme nuestros principios, orientados por la plataforma de lucha, no daremos nuestro brazo a torcer frente a las adversidades, persecuciones y señalamientos; el pueblo colombiano ha ido entendiendo como funciona la política de la mentira y la estigmatización. Como CRIC denunciamos el odio y la xenofobia que pretenden generar estos discursos y mentiras repetitivas y llamamos a los sectores sociales y democráticos para que avancemos en la construcción de una Colombia distinta a la que quieren sostener quienes los propugnan desde ámbitos legales e ilegales.
CUENTEN CON NOSOTROS Y NOSOTRAS PARA LA PAZ, NUNCA PARA LA GUERRA
Septiembre 10 de 2019
