La madrugada del 26 de marzo del presente año, la comunidad de las veredas Gargantillas y la Esperanza, del resguardo indígena de Tacueyó, Municipio de Toribío, fue sobresaltada por los impactos y las explosiones de un bombardeo aéreo efectuado, según se conoció horas después, por la Policía Nacional con el apoyo del “COMANDO JUNGLA ANTINARCÓTICOS” contra un campamento de milicianos de la guerrilla de las FARC. De forma inmediata la comunidad abandonó sus viviendas y se concentró en la Escuela de la vereda y en un caserío circundante que fueron declarados sitio de asamblea permanente.
Los reportes de prensa han informado sobre la muerte de 15 personas y un detenido integrantes del sexto frente de las FARC; de igual forma las autoridades indígenas denunciaron que una menor de edad y tres los adultos se encontraban desaparecidos.
Este hecho se da en un contexto, donde la comunidad del territorio ancestral de Sat Tama Kiwe, en respuesta al atentado de las FARC contra el municipio de Caldono, el 14 de marzo de 2011, realizó acciones de exigibilidad, respaldados en las normas de derecho internacional humanitario, referidas al respeto que deben aplicar los actores armados frente a la sociedad civil; dicha decisión fue tomada en el marco del derecho a la autonomía y armonía territorial, la jurisdicción especial indígena y el numeral 2 del artículo 95 de la Constitución Colombiana, el cual reza que “se puede obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas”.
De igual forma, ante las pretensiones engañosas de las multinacionales y pequeñas empresas de saqueadores de los “recursos naturales”, las comunidades de los resguardos de Las Mercedes, Pueblo Nuevo, Pioyá, La Laguna-Siberia, La Aguada-San Antonio y Canoas, con apoyo de sus autoridades y guardia indígena, caminaron hasta los sitios donde las dragas hieren a la madre tierra, llevando el mensaje que no se acepta ninguna modalidad de explotación en el territorio ancestral de Sath Tama kiwe.
Ante estas situaciones, a las que se suma un panfleto de amenaza contra organizaciones sociales, emisoras y autoridades indígenas, medios de comunicación y periodistas, a nombre de las autodefensas unidas de Colombia, bloque central, la Consejería Mayor CRIC, se solidariza con las comunidades víctimas del conflicto armado y de la explotación minera, y apoya la declaratoria de Asamblea Permanente, que busca proteger a la sociedad civil, exigiendo:
1) De las partes en conflicto, frente al caso específico la comunidad indígena de Tacueyó, a) Respeto sobre el sitio de Asamblea permanente, donde se albergan más de 80 personas, especialmente niños, niñas y adultos mayores: b) proteger la integridad física e identificar el paradero de los civiles desaparecidos; c) Acoger los instrumentos nacionales e internacionales de protección, especialmente, con relación al reclutamiento de menores y al riesgo de explosivos de guerra abandonados o sembrados para causar daño a sus enemigos y que pueden afectar a las comunidades y su territorio. d) ingreso de organismos humanitarios nacionales e internacionales a la zona para realizar la ayuda humanitaria correspondiente y brindar asistencia necesaria a esta emergencia.
2) De los actores armados: a) Distanciar a la población civil de las continuas confrontaciones entre la fuerza pública y la guerrilla, b) Reconocer y validar las jornadas directas de resistencia civil para la defensa de los territorios tradicionales y el ejercicio de la jurisdicción indígena, c) Suspender los señalamientos y sindicaciones que realizan funcionarios del Estado contra los dirigentes indígenas, d) No utilizar como escudos humanos a las comunidades y las estructuras especiales de la población civil; e) Respetar la autonomía territorial de los pueblos indígenas, así como sus derechos de propiedad colectiva, f) Reconocer a las autoridades indígenas que portan el bastón del cabildo como símbolo de autoridad tradicional.
3) De las instituciones del Estado y empresas mineras: a) Atender el mandato Constitucional y la normatividad internacional que ordena realizar consulta previa, libre e informada con las comunidades siempre que se piensen realizar actividades que afecten la naturaleza y los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, b) Acatar la decisión comunitaria de no aceptar modalidad alguna de explotación que afecte la vida y deteriore la salud de nuestra MADRE TIERRA.
4) Frente a los panfletos de amenaza: repudiar este tipo de mensajes, frente a los cuales el gobierno colombiano tiene varias responsabilidades, una, explicar la existencia de este tipo de organizaciones ilegales pues los voceros gubernamentales pregonan con vehemencia que el paramilitarismo fue desmontado; dos, distanciarse del discurso de estos grupos ilegales, los cuales sustentan su accionar en la defensa del gobierno y de las instituciones del Estado; y tres, brindar protección oportuna a las personas y organizaciones declaradas objetivo militar, atendiendo los requerimientos de los organismos internacionales de garantizar la actividad de los defensores de los derechos humanos y los mandatos de la Corte constitucional frente la garantía y protección de los pueblos en riesgo de desaparición forzada por el conflicto armado.
De igual forma, reclama de las instituciones del Estado, de las organizaciones de la sociedad civil y de los organismos de Derechos Humanos del orden nacional e internacional el respaldo a las jornadas de asamblea permanente, impidiendo que sean señaladas como apoyo a la subversión u obstaculizadas, como sucedió el día 14 de marzo cuando la fuerza pública, en el municipio de Caldono, puso en riesgo la integridad física de los movilizados al utilizar helicópteros de la fuerza aérea que dispararon ráfagas de ametralladora indiscriminadamente contra el personal civil, siendo que había sido una actividad anunciada con anterioridad a la opinión pública, a las autoridades civiles y a los organismos de derechos humanos.
Finalmente, la Consejería Mayor CRIC, convoca a todas las autoridades indígenas del Cauca y del país, así como a las organizaciones sociales e iniciativas de paz a respaldar las acciones de resistencia civil realizadas por los pueblos indígenas en la perspectiva de crear condiciones para la convivencia pacífica y avanzar hacia una salida dialogada al conflicto armado, apoyando igualmente, la exigencia hecha por los pueblos indígenas a los actores armados de aplicación del derecho internacional humanitario, privilegiando la vida de los civiles antes que las victorias militares.
Popayán, 28 de marzo de 2011
CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA –CRIC-
