Una de las contradicciones más grandes del gobierno de Juan Manuel Santos está por verse en estos días.
Por un lado apuesta por la paz, y por otro lado permite que Incoder y la institucionalidad de tierras quede en manos mafiosas.
Ya se sabe que Incoder ha establecido alianzas con el paramilitarismo para quitarle la tierra a los campesinos. Se sabe que cuando Juan Camilo Restrepo llegó al Ministerio de Agricultura encontró un Incoder cooptado por paramilitares. Se sabe que Carlos Carmona, el subgerente de Tierras, tiene el respaldo del Supernotariado Jorge Enrique Vélez, y que Vélez es uno de los abanderados de la Ley Zidres que beneficia a aquellos poderosos que han acumulado ilegalmente tierras de baldíos.
Además, se sabe que Vélez ha sido señalado por tener vínculos con el paramilitarismo, según declaraciones del narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias El Tuso. El Supernotariado salió aparentemente victorioso porque la Fiscalía archivó su investigación.
Se sabe que el nuevo liquidador de Incoder es Mauro Palta, cercano al viceministro de Agricultura, Juan Carlos Diazgranados. Se sabe que Diazgranados fue director financiero de DAABON entre 2006 y 2007, empresa que compró la hacienda Las Pavas —cuando ya había iniciado un proceso de extinción de dominio— en conjunto con Aportes San Isidro y que, aunque aseguran haberse salido del negocio, hay quienes sospechan que aún tienen intereses allí.
Se sabe que la empresa compró estas tierras a Jesús Emilio Escobar, que las había abandonado por escapar de un ajuste de cuentas con la casa Castaño —un duelo mortal con matices de homicidios, narcotráfico y paramilitarismo—, y que luego regresó acompañado de paramilitares, desplazó a campesinos y vendió.
Se sabe que Álvaro Uribe le dio un espaldarazo a la siembra de palma en el sur de Bolívar en el congreso de Fedepalma de 2004, el mismo año en el que DAABON y Aportes San Isidro llegaron al territorio. Se sabe que, un año después, Vicente Castaño habló a revista Semana de los exitosos proyectos de palma que habían tenido las AUC en todo el país.
Ahora se sabe que con la llegada de Mauro Palta, Incoder pretende echar para atrás el proceso de extinción de dominio, pese a que es contra la ley iniciar un nuevo acto por ser una entidad en liquidación. Es muy extraño que, para ese propósito, Incoder pretenda presentar un documento de 50 páginas ante el Consejo de Estado, justo cuando este considera una solicitud de revisión por parte de la empresa de palma, y que 20 de esas páginas sean copiadas de la defensa de la misma empresa.
Se sabe, y queda claro, que Incoder parece estar haciendo una diligencia para beneficiar a la empresa y que pasa por encima de la ley de víctimas cuando se atreve a decir que los campesinos de Las Pavas no son víctimas —también en beneficio de la empresa—, pese a que la entidad que tiene la competencia para decir quién tiene o no esta condición es la Unidad de Víctimas, y ya Paula Gaviria —la directora— ha dicho que sí lo son. Incluso, estos campesinos fueron reconocidos con el Premio Nacional de Paz por sus formas de resistencia pacífica y su capacidad organizativa.
Tenemos, pues, a un Incoder envalentonado, pasando por encima de todo el mundo. No debemos olvidar algo: la tierra de Las Pavas es una conquista paramilitar y la palma ha sido un símbolo de dicha conquista. Aquí las mafias infiltradas en las entidades del Estado no solo pelean por la tierra, sino por un trofeo.
Por: Javier Ortiz
Fuente: http://www.elespectador.com/opinion/los-vicios-de-incoder
