Jurista que los defiende dice que fallo de Corte Constitucional sobre campo Quifa debe cumplirse.
La solicitud del sindicato de los trabajadores de la Industria de la Energía (UTEN) en la que le piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que tome medidas cautelares sobre la decisión de la Corte Constitucional de suspender el proyecto de explotación de hidrocarburos en Campo Quifa, (Puerto Gaitán), abre de nuevo la discusión que busca establecer si hay o no una vulneración con la comunidad indígena sikuani.
Francisco Salazar, abogado y antropólogo, quien ganó la demanda contra Pacific Rubiales por no haber hecho la consulta previa con la comunidad sikuani, antes de la exploración y explotación de campo Quifa, dice que el sindicato UTEN tiene todo el derecho a reclamar y pedir medidas cautelares, pero que no hay que olvidar que los sikuani están en grave riesgo de desplazamiento no por el conflicto armado, sino como lo ha dicho la Corte, por los megaproyectos de minería e hidrocarburos que los hace más vulnerables de lo que son.
“Hay una posición que ampara los derechos fundamentales de los indígenas a ser consultados, producto de un tratado internacional que ha sido ratificado por el Congreso y que prima en el orden interno”, explicó.
Dijo que como no se hizo la consulta hubo una falla porque el Estado no solo es responsable por lo que hace sino por lo que no hace. “Qué pasó con el sindicato de UTEN que aunque no es sujeto jurídico, no solo está para velar por el derecho de los asociados, sino de los indígenas y mirar cuál es su sostenibilidad y velar porque se le cumplan todos los derechos en su contexto?, preguntó el jurista.
Derecho para todos
Sobre los derechos vulnerados precisó que la Corte Constitucional está actuando en derecho y que lo que la CIDH va a pedir es que se garanticen los derechos de los trabajadores, sin desmedro de los de los indígenas y que hay que cumplirles a los unos y a los otros.
Agregó que el tema coge otro trasfondo y obliga a que el Estado Social de Derecho, que en teoría está basado en los Derechos Humanos y en la democracia, funcione como en un país real y que eso es un desafío interesante para Colombia.
“Claro, es posible que ahora el sindicato UTEN se acuerde que debe defender los derechos humanos y en ese sentido tiene una perspectiva egoísta porque está intercediendo por la seguridad de quienes trabajan allá, pero olvidan que los sikuani no tienen seguridad alimentaria”.
“Lo único que los mantiene es el mañoco, la yuca brava, el casabe y eso les permite vivir porque de resto no hay más, no tienen otra opción. hay una mortalidad del 80 por ciento de los niños, un analfabetismo del 75 por ciento y no hay acueducto ni alcantarillado”, dijo Salazar.
El abogado Salazar también dijo que Pacific ha estado influenciando la elección del gobernador del resguardo o cabildo ‘Vencedores Pirirí’ para que sea elegido uno de sus afectos «un gobernador de bolsillo, porque si nombran a uno que vaya a pedir lo que está pidiendo la Corte, pues se les complica más la cosa».
Explicó que hay 14 comunidades que están pidiendo a Juan Ernesto Vélez Otálora y hay otras 8 comunidades que piden a Alejandro Yepes que es el gobernador que quiere continuar porque estaba el año pasado.
«Ante esa situación Pacific ha terciado repartiendo unas motosierras y entregándoselas a la comunidad para que repartan entre ellos, contaminando el proceso y envenenando el alma de los indígenas». precisó.
Lo que dice UTEN
El sindicato UTEN dijo que la medida cautelar se pidió para garantizar los derechos de los trabajadores, sin que esto elimine la obligación de adelantar los procesos de consulta previa. Sostuvo que si bien el fallo de la Corte es loable porque reconoce los derechos de una minoría, el mismo afecta la supervivencia de 227 trabajadores, 30 de los cuales son indígenas. La decisión también afecta a unos 1.200 empleados directos e indirectos de Pacific y al 92% de la gente de la región.
‘Se inició consulta previa’
A través de un correo, Pacific E&P, respondió que en cumplimiento del fallo de la Corte implementó el protocolo de suspensión de operaciones dentro del área límite de 2 kilómetros, el cual fue radicado ante el Tribunal Administrativo del Meta, encargado de la ejecución de la tutela en mención.
Reiteró que cumplió con los procesos de consulta previa en aquellos lugares donde el Ministerio del Interior lo requirió en cumplimiento de la normatividad colombiana, pero que la Corte Constitucional determinó que se debería adelantar un proceso de consulta previa en esta área, aunque no cuenta con la presencia indígena como certificó el Ministerio del Interior.
“Una vez notificados, el pasado 31 de marzo, de la mano del Ministerio del Interior iniciamos las actividades necesarias para desarrollar la consulta previa con la comunidad”, dijo, al tiempo que explicó que la última actuación fue la apertura y pre-consulta, la cual fue formalizada el pasado 14 de abril con la comunidad y el Ministerio del Interior.
Sobre la posible interferencia en la elección del gobernador respondió: «Pacific E&P no tiene injerencia en la posible elección de gobernador en el cabildo indígena y ha sido respetuoso de los procesos de concertación internos. Actualmente la relación de la Compañía ha sido con el señor Alexander Yepes, quien de acuerdo con los estatutos de gobernabilidad del resguardo Vencedor Pirirí radicados ante el Ministerio del Interior, figura como gobernador desde hace varios años.
«Pacific E&P, tal y como lo ha hecho siempre, reconoce como único interlocutor válido para representar los intereses de la comunidad indígena y para realizar cualquier negociación, a quien esté avalado por el Ministerio del Interior de acuerdo con los estatutos».
Finalmente, sobre las dádivas que denuncia el abogado Salazar, la empresa petrolera aclaró que los programas sociales implementados responden a un Plan de Inversión social y a unos criterios de compensación propios de anteriores procesos de Consulta Previa. La entrega de los elementos que se mencionan, se hace teniendo en cuenta que existen compromisos de este tipo ya establecidos con la comunidad en otras licencias, y que deben ser cumplidos y respetados por Pacific E&P. Todos los programas han sido transparentes y cuentan con indicadores e informes de impacto».
Por: LLANO SIE7E DÍAS
Fuente: http://app.eltiempo.com/colombia/llano-7-dias/minorias-etnicas-del-meta/16568463