Por: Camila Zuluaga, Especial para El Espectador

El otrora director de Fenalco en Santander recuerda los inicios del movimiento social en defensa del páramo de Santurbán y asegura que la lucha por sus recursos naturales no ha terminado.

La lucha por la defensa del agua y el páramo de Santurbán ha sido larga y tortuosa para los santandereanos. El hecho de que haya sido declarado parque natural no parece el fin de la historia. Ergwin Rodríguez-Salah, quien fuera el director de Fenalco Santander, ha sido una de las caras visibles de esta movilización en defensa de los recursos naturales. El Espectador habló con él para conocer el proceso, que podría replicarse en otros casos del país.

Ya está la declaratoria de parque natural, que es un paso importante, pero nos preocupan las coordenadas del parque. Todavía no se saben. En la próxima reunión del consejo directivo de la CDMB se va a definir.

Hay infinidad de maneras de acomodar una cerca que nos dé en su interior un área de 11.700 hectáreas, que fue como quedó. Esta decisión está en la CDMB y la gente no confía en esa entidad. Me baso en que al final de cuentas se aprobó un parque reducido. Es como sentir que uno se ganó la lotería y después se da cuenta de que se ganó un premio seco.

¿Cómo empezó la defensa y lucha por el páramo de Santurbán?

En 2010, siendo miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, me enteré del proyecto Angostura, que contemplaba la explotación aurífera a cielo abierto en gran parte del páramo. La Greystar (empresa canadiense) fue a una junta de la cámara a socializar el proyecto, con el cual quedé muy preocupado.

¿Por qué quedó preocupado?

Porque era un proyecto que contemplaba la utilización de 40 toneladas diarias de cianuro y que iba a utilizar 240 toneladas de anfo al día. Cuando revisamos el proyecto, María Victoria Duque hizo una analogía diciendo que en 7,3 días iba a generar la basura que producía Bogotá en un año. Uno conoce la toxicidad del cianuro y ve las cifras del proyecto y la devastación que suponen. En la primera fase se iban a dinamitar 1.150 millones de toneladas de tierra.

Cuando la Greystar presentó el proyecto, ¿qué beneficios decía que iba a traer para la región?

Ellos siempre hablan de beneficios en cuanto a empleo, pero sabemos que no es así porque estos proyectos utilizan bienes de capital. No se puede desconocer que generen algún tipo de empleo, pero están en la región por 15 años, la explotan y después se van.

Entonces, ¿qué empezó a hacer en ese momento?

Siempre he dicho que no fui el primero en llegar a la lucha. Hay grupos de ambientalistas que venían trabajando en el tema, pero que son estigmatizados como ambientalistas y fundamentalistas que se oponen a todo, o, hablando en términos políticos, que hacen parte de una izquierda recalcitrante.

¿Cómo se movilizaron por la defensa del páramo?

Cuando asumí la dirección ejecutiva de Fenalco Santander en 2010, hice veeduría de esos megaproyectos. Llevé entonces a la junta directiva el tema de Santurbán. La junta me empoderó. Reunimos a varias entidades, como la Sociedad Santandereana de Ingenieros y la Sociedad de Mejoras Públicas de Bucaramanga. Así nació el Comité en Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán.

¿Cómo terminó de vocero de ese comité?

Me lo solicitaron quienes lo conformaban. Acepté esa deferencia con dos condiciones: una, trabajar un concepto de marketing que se llamó “Soy defensor del agua de Bucaramanga”. De hecho, la marcha que convoqué después se llamaba Gran Marcha “Defendamos el agua de Bucaramanga”. La segunda condición era que si llegaba una persona que representara mejor la causa, yo cedía mi cargo. Lo importante era la causa que estábamos defendiendo.

¿Cuál fue el primer paso?

Entregarle una carta de cuatro páginas al presidente Santos el 13 de enero de 2011, aprovechando una reunión en la Quinta Brigada del Ejército en Bucaramanga, en la que participamos 50 personas. Ahí están los argumentos por los cuales no se debe dar la licencia al proyecto Angostura.

¿Qué dijo el Gobierno?

No tuvimos recepción en el Gobierno, esa es la realidad. Una respuesta muy ambigua de la alta consejera para el medio ambiente, Sandra Bessudo; pero lo típico, la respuesta de protocolo y ya. Entonces pensé que la única opción que nos quedaba era salir a las calles a protestar de manera pacífica.

¿Qué esperaban con la protesta?

La revisión de la política de Estado. La locomotora minera está mal concebida. ¿Qué pasa si en el corto plazo explotamos sin ver qué le vamos a dejar a las generaciones venideras?

¿Esa política de Estado se agudizó en el gobierno Santos?

La feria de títulos mineros se inició en la administración del expresidente Uribe, bastantes veces se ha hablado de ello. Cuando llegó Santos habló de sus cinco locomotoras, que incluyen la minera. Cuando uno ve el país, se da cuenta de que lo más fácil es sacar los recursos no renovables. Esa política de la locomotora minera es perjudicial para el país.

Después de la marcha, ¿qué dijo el Gobierno?

Con la gran marcha del 25 de febrero, a la que salieron 45.000 personas, se marcó un antes y un después. El gobernador de Santander de ese entonces, Horacio Serpa, quien no había tomado una posición clara sobre el tema, cambió su discurso radicalmente después de la marcha.

¿Cómo actuó la Greystar?

Me llamaron en varias ocasiones a través de distintas personas a decirme que el presidente de la Greystar quería reunirse conmigo. Siempre les decía que no tenía ningún motivo para reunirme.

¿Recibió presiones?

Cuando ya vieron que la movilización iba creciendo y que tenía un mensaje que se transmitía con credibilidad, sin apasionamientos, tuve visitas para no realizarla. Me decían que lo que se estaba haciendo era muy riesgoso.

¿Cómo se llegó a que el páramo fuera declarado parque natural?

Corponor declaró su parte del páramo de Santurbán como parque. Desde 2008 están tratando de aumentar sus esfuerzos para agrandarlo. En octubre de 2010 se presentó la primera propuesta de generar un parque con 12.267 hectáreas. Pero en diciembre de ese mismo año, no sé por qué, se redujo a 11.089. En septiembre de este año se habló de 10.912 hectáreas. Hay una diferencia de más de 1.300 hectáreas. A lo que el Instituto Humboldt dice que se le hicieron unos recortes al parque sin argumentos técnicos. La aclaración la debe dar la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

¿Qué falta por definir?

¿Por qué esa preocupación?

‘Quedaríamos con un cascarón de páramo’

La lucha por defender el agua y el páramo no ha terminado?

¡No! Falta definir qué es páramo. Hay una manera muy simple de hacerlo, que es por encima de una cierta cota de metros sobre el nivel del mar, pero va mucho más allá. Es lógico que estas empresas y algunas personas estén esperando conocer las coordenadas del parque natural y que la definición sea una cota de metros sobre el nivel del mar. Para ellos eso sería lo ideal, porque piensan que de ahí para abajo pueden devastar.

¿Cree que, por más protegido que esté, debajo del parque empezaría la minería?

Sí. El problema es que una vez yo tenga ingreso a la montaña, de manera subterránea puedo acceder a lo que quiera. Puedo hacer galerías hacia arriba, hacia abajo, hacia cualquier parte. Por eso hemos dicho en reiteradas oportunidades que corremos el riesgo de que nos dejen un cascaron de páramo. Esa es una preocupación que tenemos.

‘El Gobierno es permisivo’

Han pasado dos años desde la marcha, ¿qué pasó después?

El 17 de marzo la Grey Star desistió del proyecto y cambió su nombre a Eco Oro, pero quieren pasar un proyecto de minería subterránea. Y ahora están en exploración. Hemos pedido que se suspenda la actividad. Si no va a concederse la licencia ambiental a esos proyectos mineros, no se entiende por qué exploran, cuando todo empieza desde ahí. Hay permisividad del Gobierno. ¿Cómo se da un título en una zona ecológica?

¿El Gobierno dice que son importantes estos proyectos porque el ecosistema se dañará por la minería ilegal?

En el caso de Santurbán hay una minería ancestral, son pequeños mineros tradicionales. Pero pareciera que el Gobierno quisiera meterlos a todos ellos en una bolsa que diga minería ilegal, para soportar o argumentar que la minería legal es la que hacen las transnacionales. Ellos sí pueden hacer bien la tarea, pareciera que esa fuera la intención.

 

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