Otra vez salen, el gobierno nacional y los sectores que dominan el país, a señalar la lucha social por derechos económicos, sociales y culturales como exigencias desmedidas de sectores privilegiados, en contra de las mayorías. Sabemos que esa es una de las maneras como se quiere impedir que los integrantes del campo popular nos unamos y caminemos juntos.
El “Paro nacional indefinido por el derecho a la educación pública” es completamente justo y nos muestra el compromiso de los maestros y maestras colombianas con este derecho de todos los colombianos y colombianas. Parar unos días, semanas o meses, de ser necesario ante la intransigencia del Gobierno nacional, no perjudica a los niños y niñas sino que busca una patria donde ellos y ellas tengan la posibilidad de una educación como derecho, gratuito, pertinente y de calidad en todos los niveles. La paz de Colombia se construye sobre una educación pública garantizada como derecho, financiada y administrada por el Estado, y no convertida en una mercancía al servicio de los empresarios de la educación, con acceso solo a quienes puedan pagarla, o convertida en subsidios como pasa con la salud.
Sin educación pública como derecho para nuestros niños y niñas, jóvenes y adultos, la democracia es una mentira y la patria un invento para beneficio de los poderosos.
Como pueblos indígenas construimos un sistema de educación propio SEIP, lo cual no se contradice con la exigencia de una educación pública financiada y administrada desde el Estado sino que se robustece con un criterio diferencial étnico, como mandata la constitución para un país multiétnico y pluricultural.
En este momento el Gobierno nacional se la juega por desmontar el legítimo y constitucional derecho a la protesta, la huelga y la movilización. Ya lo vivimos permanentemente los indígenas en nuestras mingas, y ya lo ha vivido el movimiento sindical que ha venido siendo golpeado durante los últimos 7 gobiernos con los embates de las políticas neoliberales, tales como la tercerización laboral, combinadas ellas con la muerte y la amenaza contra trabajadores y luchadores populares.
El gobierno del presidente Santos y su ministra Parody buscan debilitar, desconocer y señalar la lucha sindical de los maestros colombianos organizados en FECODE, para imponer políticas laborales que desmonten la seguridad jurídica de los trabajadores, la nivelación salarial, la pensión de los colombianos y las colombianas, las garantías al trabajo, las posibilidades de un salario digno, y el derecho a la protesta, la huelga y la movilización. Saben que debilitando a FECODE, debilitan el sindicalismo y la lucha por los derechos laborales y al trabajo en Colombia.
Debilitando la lucha de FECODE se podrá a la vez imponer el modelo que los TLC mandatan para Colombia como es la privatización de la educación, entregando los recursos públicos de la misma a particulares para que la manejen como una mercancía y la vendan, administren y definan sus contenidos de acuerdo a las necesidades del capital y no de las poblaciones que vivimos en los territorios de la ciudad y el campo.
El presidente Santos está incumpliendo acuerdos de su gobierno con el gremio de maestros, igual que ha incumplido acuerdos con varias organizaciones y movilizaciones sociales. Ello nos plantea la necesidad de una salida y exigibilidad conjunta para derrotar el modelo de desarrollo, económico y social que se nos quiere imponer.
Sí el gobierno colombiano respeta el derecho a la huelga y la movilización, y quiere honrar los acuerdos hechos con FECODE, debe sentarse a hablar YA con los maestros, sin dilaciones.
El CRIC llama a las comunidades indígenas, afrocolombianas, campesinas y urbanas a que respaldemos y apoyemos este paro de FECODE, que es un paro por los derechos de todos los colombianos y colombianas, y a que avancemos en el proceso de unidad popular por una vida digna y una país para todos y todas.
CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA
Popayán, abril 29 de 2015