Denuncia pública, asesinato del joven bonaverense John Jairo Ramírez Olaya, amenazas de muerte a dos activistas de Derechos Humanos de la organización Rostros & Huellas del Sentir Humano y desplazamiento forzado intraurbano de tres (3) familias en Buenaventura (Valle del Cauca)- Colombia.

El nueve (09) de noviembre del año 2015, siendo las siete (7) de la noche en el barrio Juan XXIII, calle “Once de Noviembre” fue desaparecido forzosamente el afrocolombiano JHON JAIRO RAMIREZ OLAYA de 23 años de edad. Pasado cuarenta y cinco (45) minutos fue encontrado en la calle conocida “Cueva de Rolando”, con tiros de arma de fuego en su cuerpo. Según testimonios los tiros fueron propinados por el paramilitar apodado “Chucho”, la víctima fue trasladado hasta la clínica Santa Sofía por la policía donde llego sin signos vitales.

La desaparición forzosa se presenta mientras los activista de derechos humanos y derechos juveniles del Distrito de Buenaventura: LEONARD RENTERIA VALLECILLA y VÍCTOR ANGULO ADVINCULA, ambos integrantes de la organización de derechos humanos ROSTROS & HUELLAS DEL SENTIR HUMANO, se encontraban realizando actividades organizativas, comunitarias y políticas la cual serviría para el desarrollo de un taller que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá.

Los jóvenes fueron irrumpidos aproximadamente por diez (10) sujetos hombres jóvenes pertenecientes a un grupo paramilitar del barrio San Francisco. Seis (6) de los hombres entran hasta la vivienda, preguntan en repetidas ocasiones por John Jairo. Después de un tiempo de querella donde se pretendía evitar que se lo llevaran, el jefe paramilitar lo toma de la mano, lo golpea delante de los presentes, incluida la niña (Brenda Nicol Rentería Vallecilla (7) años, y sus dos hijas Laura Valentina Rentería Vallecilla (3) años y Asly Sofía Ramírez Rentería (10) meses), también fue agredida físicamente Marlen Rentería Vallecilla de (29) años edad compañera sentimental de la víctima, por intentar evitar que lo maltrataran y llevaran. Finalmente fue sacado de su casa forzosamente. Marlen, ante la situación corre por la calle y los victimarios le gritan frases soeces; amenazante, el sujeto le dice a Leonard: “calma a tu hermana y no se muevan de aquí que ya regresamos por ustedes”.

Leonard sale a alcanzar a su hermana, y dos de los victimarios lo persigue, pero logran llegar al CAI de la Policía del barrio Catorce de Julio. Estando en el CAI, llegan dos personas que se movilizaban en una motocicleta (una de ellas es Agustina, compañera sentimental de un conocido jefe paramilitar llamado “Mauri” que se encuentra en la cárcel desde hace aproximadamente dos años); por el otro lado del CAI llega el hermano de Agustina, en otra motocicleta, quien según información funge como jefe paramilitar en el barrio Juan XXIII. Esta situación deja entrever un posible vínculo entre la estrategia paramilitar y la Policía. Las víctimas denuncian que uno de los cuadrantes de la Policía residente en el barrio conocido como la “Mazamorra” tienen una relación cercana de amistad con el jefe de este grupo paramilitar, el cuadrante policial facilita información que le ha permitido a los paramilitares escapar; de igual manera en dicha calle en ocasiones participan conjuntamente en fiestas, otras veces se encuentran para consumir sustancias psicoactivas.. Esa situación es conocida porque los vecinos lo han denunciado.

Importante señalar que uno de los armados, apodado “CHOWY”, abordó a Víctor Angulo Advíncula y le preguntó insistentemente cuál era su barrio. El defensor de Derechos Humanos reside en el barrio Inmaculada de la comuna cinco (5), que al igual que Juan XXIII y San Francisco son controlados por paramilitares, barrios célebres por la notoria ausencia del Estado y conocidos por los grandes atropellos y violación a los derechos humanos. Asimismo, “CHOWY” miraba y realizaba gestos para tomar la computadora portátil de la organización.

A partir de los hechos planteados y denunciados, tenemos que decir que del “plan de choque” y la militarización de la ciudad de Buenaventura por las autoridades, no quedan sino promesas, pues la ausencia y desprotección del Estado colombiano a la comunidad y a los defensores de derechos humanos es evidente.

Ante este nuevo hecho Rostros & Huellas:

  1. Demanda ante la Fiscalía General de la Nación adelantar con celeridad, prontitud y eficacia las investigaciones para esclarecer las mismas y sancionar a los responsables del homicidio de JOHN JAIRO RAMÍREZ OLAYA, quien ha integrado y participado de los procesos organizativos de Rostros & Huellas tales como: Proceso Pacífico Joven financiado por la agencia de cooperación Suiza y el Proceso Jóvenes Renacientes financiado por ACNUR y acompañado posteriormente por la Comisión Colombiana de Juristas.
    2. Exige al Director de la Unidad Nacional de Protección apersonarse de esta situación de riesgo y tomar las medidas competentes y eficaces para prevenir las situaciones de riesgo aquí denunciadas.
    3. Insiste a la Unidad Nacional de Protección otorgar urgente e inmediatamente medidas de protección colectivas a la organización Rostros & Huellas del Sentir Humano, tales como vehículo blindado, hombres de protección, medios de comunicación, dado que en repetidas ocasiones se ha solicitado y la respuesta ha sido negativa.
    4. A la Unidad Nacional de Víctimas, reubicar en otra ciudad de manera inmediata a la compañera sentimental de la víctima, las tres (3) menores de edad y el adulto mayor de 65 años el Sr. Eulicer Rentería Caicedo, padre de Marlen y Leonard Rentería Vallecilla.
    5. A la Unidad Nacional de Protección, acelerar la reevaluación de las medidas de protección a Leonard Rentería Vallecilla y Jorge Luis Rivas Valenzuela, y acelerar la implementación de las medidas a Víctor Angulo Advíncula que les permitan continuar con su trabajo material-remunero y comunitario en la ciudad de Buenaventura, además de garantías de reubicación que no les haga volver al mismo lugar.
    6. A la comunidad internacional con presencia en Colombia, y especialmente a la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos a exigir al Estado colombiano eficacia y prontitud en las medidas que debe adelantar para prevenir, investigar, y sancionar estas amenazas criminales, y brindar las garantías adecuadas para la defensa de los derechos humanos y para quienes luchan por la construcción de un país en paz y sin violencia contra el reclamo de derechos, el ejercicio de la actividad política o el activismo social.

Por: Coordinación Regional del Pacifico Colombiano

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