Por Miguel Ángel Sandoval – Guatemala, 17 de abril de 2013.
El Inicio del juicio al genocida Efraín Ríos Montt, se ha convertido en un debate intenso en Guatemala y fuera del país. Las razones de ello se encuentran en la brutalidad de las matanzas cometidas durante los años más duros de la guerra de los 36 años, que ocurrieron en los años en que Ríos Montt encabezó en gobierno luego del golpe de estado del 23 de marzo de 1982. Y desde entonces, un manto de silencio, complicidades y de impunidad habían cubierto el holocausto guatemalteco.
Si recordamos las cifras del horror, hubo 200,000 muertos, 45 mil desaparecidos, un millón de desplazados internos y alrededor de 200,000 refugiados en el exterior, particularmente en México. Áreas enteras fueron calcinadas, 440 aldeas destruidas y se ha establecido más de 600 masacres realizadas en esos años por las fuerzas del ejército. Buena parte de esto, durante los años 82-83. A estos datos fríos del genocidio perpetrado, se le agrega como componente principalísimo, una visión y prácticas racistas desde el poder. Indio visto indio muerto, era la divisa de jefes militares.
A la firma de la paz hubo un acuerdo de reconciliación nacional que establecía que los delitos políticos o comunes conexos, cometidos durante esos años, serían indultados pues no había otro modo de firmar la paz y lograr la reinserción social y productiva de los miles de combatientes y militantes de la insurgencia. No obstante, se estableció que los delitos especialmente graves o de lesa humanidad que no prescriben, no formaban parte de ese acuerdo y si de los pactos y convenios internacionales sobre la materia. Por tal razón, serían juzgados si existían demandas. Ese es el caso en la actualidad.
Nadie como Ríos Montt simboliza las políticas de tierra arrasada y genocidio que el ejercito impulso de manera planificada, calculada, metódica en contra de la población indígena. Y esas prácticas se complementaron con las denominadas aldeas modelo, a la imagen de las aldeas estratégicas en Vietnam, junto con la organización de patrullas civiles forzadas con la premisa que los nativos combatieran a los nativos, otra vez como en Vietnam.
Por ese conjunto de razones es que el general genocida enfrenta un juicio en la actualidad. Y por supuesto, hay sectores que crean la imagen de una polarización ideológica en Guatemala: quienes apoyan el juicio y quienes se oponen al mismo. Pero el punto es que los 15 primeros días del debate oral en los tribunales guatemaltecos, han servido, a mi juicio, para confirmar las conclusiones de dos informes capitales: el denominado REMHI (recuperación de la memoria histórica) organizado por la iglesia católica) y MEMORIA DEL SILENCIO, de la comisión para el esclarecimiento histórico, resultante de los Acuerdos de Paz. Ambos documentan el genocidio.
Para que se tenga una idea del contexto de este juicio que no vacilamos en calificar de histórico, el Ministerio Publico, órgano encargado de la investigación y persecución penal, presentó al tribunal de alto impacto que lleva el caso, unos 900 medios de prueba, entre documentos, testimonios, peritajes, filmes, pruebas forenses, etc. Y como señalo, los primeros 15 días de testimonios y peritajes, constituyen una muestra del horror ante el cual la sociedad urbana había cerrado los ojos. El asombro y la indignación son las expresiones que se escuchan, aunque también hay indiferencia y temor.
En el contexto nacional indicado, han sido de importancia innegable, intervenciones del cuerpo diplomático acreditado enel país que se han hecho presentes en las sesiones del debate oral. Y contra todo pronostico, la embajada de los EEUU se refirió al juicio como de importancia para la justicia y la reconciliación nacional. Ello fue leído como una advertencia a los despropósitos propagandísticos de un sector militar y de la derecha que buscan entorpecer el juicio.
Es por esta razón que las declaraciones de personajes, incluso el presidente de la republica, en el sentido de negar el genocidio cometido, caen finalmente en el vacío, pues las pruebas presentadas con contundentes. Adicionalmente, los compromisos de la paz, violentados, recortados, adulterados, nos hablan que los delitos de lesa humanidad no prescriben como lo señalan los pactos internacionales sobre crímenes de guerra y genocidio de las Naciones Unidas, de los cuales Guatemala es parte. Esa es la realidad que hoy se debate en el primer juicio por el genocidio cometido en Guatemala.
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– La comparsa del poder genocida en Guatemala
Por el Frente Popular – Guatemala, 19 de abril de 2013
Era previsible que la comparsa del poder real en Guatemala, se activaría para defender a sus fieles servidores: Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez. Es decir, para garantizarles impunidad a ellos como a otros militares y civiles implicados en actos de genocidio.
Primero, la Corte de Constitucionalidad, el máximo órgano constitucional, lo que es decir la defensa de la Ley gestada para reproducir el régimen económico y político, cada vez más politizado, emitió una resolución para aceptar pruebas que la defensa de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez pretendía incorporar a la defensa de los genocidas. Un órgano, que se encarga de defender los intereses del capital y de quienes detentan el poder dentro o fuera del Estado. Un órgano que es manejado directamente desde las cúpulas oligárquicas.
Segundo, la jueza Carol Patricia Flores, excediéndose en sus funciones y en acto ilegalmente, no solo procede a aplicar la resolución de la Corte de Constitucionalidad, sino además, declara nulo el proceso judicial en marcha. Hace retornar el juicio año y medio, en un momento en donde las pruebas documentales, periciales y, principalmente, las dolorosas declaraciones y relatos de las víctimas resultaban contundentes, paralelamente a la incapacidad y falta de argumentos y pruebas de la defensa de los genocidas.
Más allá de vulnerar la dignidad de las víctimas del genocidio y el debido proceso, este hecho se orienta a garantizar impunidad a los hechores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad en Guatemala. Criminales que fueron militares (como Ríos Montt y Rodríguez Sánchez) y civiles, al servicio de la oligarquía y la burguesía local, con la conducción estratégica de Estados Unidos.
Hoy la justicia, la reconciliación y la paz están en peligro. Pero no lo están por un juicio a través del cual las víctimas, ejerciendo sus Derechos, acudieron a los canales institucionales y judiciales correspondientes para buscar condena a los genocidas. No lo están tampoco por el conjunto de organizaciones, sectores y víctimas que solidariamente estamos convencidos de las pruebas que inculpan a los criminales.
La justicia, la reconciliación y la paz están en peligro por la Comparsa del Poder. Comparsa que articula en la escena pública a las redes contrainsurgentes dentro y fuera del Estado, a los medios de difusión masiva (prensa escrita, radio y televisión), a sus ideólogos y serviles que se han pronunciado cuestionando el genocidio. Comparsa que incluye a quienes se mantienen detrás del telón: oligarquía local y gobierno de Estados Unidos, principales fuerzas que condujeron y a quienes les fue útil la estrategia contrainsurgente y el genocidio.
Es esa Comparsa del Poder que atenta contra la justicia, la reconciliación y la paz.
Ninguna justicia lo es si se cubre con el manto de la impunidad a los criminales y se niega la aplicación de normas que requieren ser garantizadas y aplicadas en este proceso judicial. Ninguna reconciliación es posible si se niega la verdad, la reparación integral y la plena justicia. Ninguna paz será posible si la pobreza, explotación, opresión y racismo continúan siendo condiciones determinantes de la estructuración de la sociedad y de la realidad que afecta a las grandes mayorías.
¡¡¡NO A LA IMPUNIDAD PARA LOS GENOCIDAS!!!
¡¡¡EXIGIMOS JUSTICIA!!!
FRENTE POPULAR POR LA SOBERANÍA, DIGNIDAD Y SOLIDARIDAD
