Jueces ordenan parar actividad minera en zonas de Chocó, Cauca y Nariño.
El despojo de predios en Colombia no solo se ha dado con campesinos. La Unidad de Restitución de Tierras estudia 23 denuncias de comunidades indígenas y afrodescendientes que han visto cómo, incluso a través de actividades mineras, sus territorios se reducen.
Entre esos casos, que ya están en manos de los jueces de tierras, hay tres medidas cautelares para proteger a esas comunidades. Los otros están en el proceso de focalización y caracterización, que consiste en verificar si las denuncias, que corresponden a territorios colectivos, tienen fundamento.
La medida cautelar más trascendental se tomó en el departamento de Chocó, donde un juzgado de tierras ordenó la protección del resguardo embera del Alto Andágueda, afectados por la minería y el conflicto armado.
La decisión blinda las 57.000 hectáreas del resguardo, al suspender la ejecución de 13 títulos mineros que había dado el Gobierno en la jurisdicción de los nativos, pero también 10 que están en solicitud.
De acuerdo con la Unidad de Restitución, hasta octubre del 2012 se otorgaron 13 títulos mineros, que permiten a particulares realizar actividades de exploración y explotación en un 26,21 por ciento del área del resguardo indígena.
Pero la decisión del juez de tierras también frena 10 solicitudes de títulos presentadas a la Agencia Nacional de Minería por las mismas empresas que están en el sector y mediante las cuales pretenden explorar en el 80 por ciento del territorio indígena . Igualmente ordena el retiro inmediato de la maquinaria y personal que está explotando el oro en la región.
La medida judicial, que también ordena la “protección especial del territorio”, para evitar que las acciones de desalojo continúen, favorece a 33 comunidades indígenas.
La secretario del Interior de Chocó, Ary Mauricio Piñeres, aseguró que en esos territorios viven 6.997 indígenas y que 743 han sido desplazados por el conflicto.
Otra medida cautelar protege a comunidades afro del Bajo Mira, en Tumaco (Nariño), donde el consejo comunitario denunció que mineros y otras personas se han apoderado de sus territorios. El juez decidió congelar cualquier tipo de negociación de predios dentro de las 46.481 hectáreas que tiene ese consejo comunitario.
En Cauca, otro juez de tierras ordenó proteger a las comunidades afrodescendientes de Timbiquí de la explotación minera ilegal, ante el evidente deterioro del medio ambiente que están causando y el desplazamiento que esa actividad ha originado.
Una medida cautelar la toma un juez cuando antes de emitir un fallo encuentra que son evidentes las violaciones planteadas en la demanda.
REDACCIÓN POLÍTICA
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