Pronunciamiento por la vida y la paz, en el marco del día internacional de la eliminación de la violencia contra las Mujeres y la Movilización y Audiencia Pública convocada por el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC.
Hoy día internacional de la lucha contra las violencias que padecen las mujeres, las organizaciones aquí reunidas levantamos juntas nuestra voz para que cese la guerra en el territorio. Nos congregamos y caminamos la palabra por todas las personas, por las mujeres, por la niñez, contra el reclutamiento, por nuestros Kiwe Thegnas, por nuestras autoridades y por cada familia que sostiene la vida en territorio. Lo hacemos como parte de nuestra responsabilidad histórica, porque tenemos una historia y un legado de lucha por el buen vivir y la paz. Lo hacemos porque nos duele la terrible situación que enfrenta una vez más el departamento del Cauca, el Catatumbo, Antioquia, Chocó, Arauca, Caquetá, Guaviare y todos los puntos del país que sufren agresiones brutales bajo los intereses de las mafias y el narcotráfico.
Hoy nos pronunciamos como históricamente lo hemos hecho en rechazo absoluto a todas las violencias que hieren los cuerpos y los espíritus de las mujeres que dan fuerza a nuestro proceso. Porque hoy debemos hablar de las violencias basadas en género y denunciar las impuestas por los grupos armados desarmonizando nuestras familias, nuestras comunidades, atacando nuestro proceso organizativo. Un proceso que fue sembrado por la cacica Guyumus, por la Cacica Gaitana, por miles de mujeres que desde tiempos ancestrales nos han dado la fuerza para pervivir como pueblo.
Alzamos la voz porque la raíz del conflicto sigue intacta en el territorio. Por un lado, los grupos armados tratan a la población indígena, afro y campesina de manera degradante. Se desconoce y se ataca el ejercicio ancestral de gobierno propio, quieren convertirlos en terrajeros de las mafias y el narcotráfico, han logrado poner parte de nuestras tierras, ganadas en la lucha, en función de los patrones de los cárteles. La política de guerra contra las drogas sigue presa de la represión; ni los aviones ni la militarización del territorio han logrado detener los grupos armados y el crecimiento del narcotráfico. La marihuana, la cocaína y el oro pasan frente a bases del Ejército y de la Policía y mucho podría decirse de la ineficacia de la fuerza pública para garantizar la tranquilidad en el departamento y el país.
Ahora bien, la responsabilidad de la escalada terrorista en el departamento del Cauca recae directamente en los grupos armados y la respuesta de militarización del gobierno nacional que muchas veces ha demostrado su inutilidad. Por lo anterior consideramos importante reabrir cuestionamientos centrales para la construcción de paz. Queremos insistir en preguntas como: ¿contra quién es la guerra? ¿qué lugar tiene la paz en sus agendas? ¿qué lugar tenemos las comunidades en estas agendas? Es importante que los grupos armados y el gobierno nacional respondan a fondo estos cuestionamientos con el objetivo de interlocutar sin el ruido de las explosiones y de los fusiles.
Frente a esta realidad, nos vemos obligadas a reiterar la pregunta: ¿Contra quién es la guerra?
Sabemos que existen diferencias fundamentales entre la revolución y la guerra. La primera la entendemos como cambios, transformaciones territoriales, más poder directo para las comunidades y no para el capital, incluso la construcción de paz. Por el contrario, perpetuar la guerra conduce al distanciamiento del pueblo, aleja e intimidan a las comunidades, destruyen la vida, el territorio el tejido social y organizativo, y se imponen los valores y dinámicas autoritarias y machistas.
Nos preguntamos por qué las acciones de lucha armada van contra las organizaciones sociales, afros, campesinas y gente pobres del país. Si la lucha es contra el capitalismo, contra el gobierno, las afectaciones de la guerra deberían dolerle a la élite política del país que se ha tomado el Estado, ha generado la corrupción y desangra el erario público, conduciéndonos a la extrema pobreza y dejándonos vulnerables, sin las condiciones necesarias sociales, económicas y políticas para vivir en paz. Por el contrario, quienes han resultado más beneficiados son precisamente esas oligarquías.
Estamos entonces frente a una fuerte contradicción entre la violencia que ejercen y los efectos que tiene. Por ello exigimos que los grupos nos expliquen por qué si dicen confrontar al gobierno, los impactos de su violencia recaen en la población civil. Sabemos que desde enero al 30 de septiembre se han presentado al menos 34 asesinatos de comuneros indígenas, 4 de ellos con un claro perfil de liderazgo. En los hostigamientos y combates, cerca de 50 en lo corrido del año se han atacado los centros poblados de los municipios de Toribío, Jambaló, Corinto, Caloto, Suárez, Santander de Quilichao y Miranda, solo en el norte del Cauca destruyendo infraestructuras comunitarias, centros de salud, instituciones educativas, así como casas y bienes que sirven para sostener la vida de las familias. Y en el resto del departamento la situación no es distinta, combates, ataques a población civil, daños en los municipios de Morales, Silvia, Inzá, el Patía, El Bordo, La Vega, Cajibío y Caldono.
Nos solidarizamos con todas las familias afectadas, el menor herido en Jambaló y la mujer asesinada en Suárez bajo los ataques indiscriminados adelantados por los grupos armados.
En cuanto a las amenazas que llegan a 97 casos y 41 seguimientos y persecuciones, las autoridades y la población civil son las principales víctimas. Resulta más grave el hecho de por lo menos 155 casos de reclutamiento de menores, cifra que puede ser mayor al tener en cuenta las presiones para no denunciar.
Las cifras aquí presentadas y las que se han publicado en otros momentos demuestran que lejos de daño colateral, la violencia de los grupos armados sigue una línea sistemática contra las comunidades organizadas. Un ataque dirigido contra nuestras familias, nuestra niñez, contra nuestras mayoras y contra la organización.
Es importante que los grupos armados respondan sobre las órdenes que imparten a sus unidades. ¿Ustedes directamente ordenan el reclutamiento de niños y niñas? ¿de sus mandos salen las indicaciones para atacar escuelas y puestos de salud? ¿Son órdenes directas que se siga, se amenace y se asesine al liderazgo social? ¿Ustedes le indican a su gente que destruya los carros que transportan la comida que producimos en el territorio y que ahora comercializamos en distintos puntos del departamento?
¿Creen en serio que esas acciones debilitan el gobierno o al capitalismo? Quizás sí debilitan, pero al gobierno indígena y a la economía de las comunidades. Porque todo muestra que la guerra ahora es contra las comunidades organizadas, contra quienes rechazan el control armado, pues hasta el momento son las más heridas por sus acciones.
En esta audiencia pública queremos resaltar la tercera pregunta, sin importar que nos tomen por ingenuas: ¿existe un lugar para la paz en su agenda? Es trascendental que esto sea respondido de manera clara. Partimos del planteamiento que la paz implica, entre otras, asumir debates sin armas y, sobre todo, discutir de manera pública y en asamblea las cosas que hay que cambiar y aquellas que deben cuidarse para pervivir. La paz se logra si se transforman las economías ilegalizadas ¿ustedes aceptan la regulación comunitaria? Insistimos ¿Si nosotros llegáramos a convocarlos ustedes serían capaces de asumir lo que allí se decida y respetar lo que el pueblo realmente oriente? Pues esto implica la paz. Aclaren si en la revolución que pregonan cabe esto.
Por otra parte, la situación se hace más compleja si el gobierno nacional tampoco se pronuncia y deja en vilo al departamento y al país. Nos duele el silencio del Alto Comisionado para la Paz y del gobierno nacional en general. Lamentamos que hasta ahora las inversiones sociales y los proyectos de transformación territorial están lejos de financiarse. Es frustrante que después de un apoyo irrestricto al proyecto político del cambio, las partidas presupuestales que requiere el departamento para transformarse sean inciertas. Las incapacidades institucionales han sido notables. Existen dificultades para identificar cómo el Plan Nacional de Desarrollo se territorializó. No logramos que se fortaleciera de manera contundente la guardia indígena y poco se puede decir del llamado a cogobernar. Funcionarios de igual o peor incompetencia que en los anteriores gobiernos dejaron de lado la directriz de abandonar la lógica burocrática y proponer algo diferente a la oferta institucional.
Sostener la línea de militarización del territorio es ineficaz para superar las violencias e incrementa la posibilidad de enfrentamientos donde la población se puede ver afectada. Preguntamos al gobierno si poner cientos de jóvenes armados aporta a la superación de las desigualdades estructurales.
Para nosotras es evidente que mantener o profundizar esta guerra, sea mediante francotiradores o drones, con militarización de las carreteras o poniendo explosivos en los cascos urbanos, reclutando niños y niñas o bombardeándolas, solo le sirve a la oligarquía. No entender esto en un contexto electoral es abrirle la puerta a la victoria de una derecha que anuncia destripar al movimiento social y echar para atrás las pocas reformas que hemos logrado.
Frente a este panorama se debe reconocer que la lucha del movimiento social e indígena y de las mujeres no ha sido fácil. Nos ha costado la vida, y por ello no vamos a renunciar. Las mujeres seguiremos pariendo, educando, acompañando, sembrando y buscando alternativas para solucionar conflictos. Dar vida y sostenerla nos ha dolido, nos ha costado, y por eso hoy, con más fuerza que nunca, decimos: “No parimos hijos para la guerra” Nuestras hijas e hijos deben crecer en libertad, sembrando en armonía y cosechando en abundancia, en territorios de paz y armonía.
Por eso las mujeres, el movimiento indígena y social, sus luchas, su resistencia histórica, estamos dispuestas a defender un proyecto político que hemos construido, que debemos continuar mejorando para alcanzar la autonomía política, económica, territorial, cultural y administrativa. Un proyecto político de gobernanza comunitaria que de ninguna manera claudicará. Nos agobia la guerra, pero nos impulsa la esperanza de seguir gobernando nuestros territorios.
Queremos resaltar aquí la acción de protección colectiva de la guardia indígena pues ha sido capaz de defender la vida y generar tranquilidad en el territorio. Nuestras estrategias como los Sitios de Asamblea Permanente, los recorridos territoriales y puntos de cuidado y control social, han sido efectivas para salvaguardar la vida de cientos de familias. Por eso hacemos un llamado a todas las autoridades y comunidades a continuar dinamizando estas estrategias.
Por todo lo anterior rechazamos de manera contundente:
1) El reclutamiento de nuestras semillas y el maltrato del que son víctimas al interior de las filas. Es reclutamiento cuando se engaña, se manipula y se aprovecha la vulnerabilidad de nuestras niñas, niños y jóvenes. No aceptamos discursos mentirosos ni promesas vacías que buscan arrebatarnos lo más sagrado, la vida y el futuro de nuestras semillas.
2) La disputa bélica y las retaliaciones entre los diversos grupos armados que se adelantan dentro de nuestros territorios y que persiguen el control territorial, de las rentas licitas e ilícitas.
3) La militarización de los territorios y la vida por cuenta de la presencia de los grupos armados y de las fuerzas armadas. No queremos más corredores armados, pues exponen nuestra vida y aumentan el riesgo de violencias basadas en género. Asimismo, es urgente que nuestros sitios sagrados sean respetados, que los grupos dejen de promover la minería y la expansión de las economías ilegalizadas.
4) El comportamiento criminal que adelantan los grupos armados. La utilización de nuestros territorios para ocultar personas secuestradas y comercializar y deshuesar carros robados. De ser necesario, cada una de estas actividades será denunciada penalmente ante las autoridades competentes.
5) Todas las acciones armadas contra los centros poblados, las vías principales y terciarias, los hostigamientos y tomas que destruyen las casas, las escuelas, los centros de salud, los bienes que la gente usa para trabajar y sacar adelante sus familias.
6) Rechazamos el llamado a escalar la confrontación en el departamento. Mil o dos mil soldados más en los campos y las carreteras no producen más seguridad ni más paz; producen más guerra y más confrontación. Bombardear grupos armados que están dentro de los centros poblados no garantiza la vida de nadie; por el contrario, ponen en riesgo a la totalidad de la población.
7) El silencio institucional y especialmente del gobierno nacional sobre los graves hechos de violencia presentados en el departamento del Cauca y en otras regiones del país.
Del mismo modo exigimos:
1) Exigimos que los organismos de Derechos Humanos coordinen el desarrollo de una misión de valoración del riesgo de la población civil y urbana donde viene escalando el conflicto armado, para adelantar acciones de prevención y de respuesta.
2) Exigimos menos silencio y militarización por parte del gobierno nacional en los territorios.
3) Exigimos al gobierno nacional dar mayor impulso determinado para la transformación socioeconómica de la región, incluyendo un enfoque de fortalecimiento de las economías familiares y la sustitución de los cultivos ilícitos.
4) Exigimos garantizar la atención y reparación integral de las familias y comunidades afectadas por el conflicto armado.
Finalmente, a pesar de las dificultades del contexto actual, insistimos en llamar a desescalar los enfrentamientos. A pesar del dolor y hasta la rabia que sentimos, seguimos llamando a la paz.
Santander de Quilichao, 25 de noviembre de 2025.
