El pasado mes de enero fue uno de los más convulsionados en la historia reciente del país. Al inicio de una guerra entre grupos armados ilegales en Arauca se suman 13 masacres en 28 días, 14 asesinatos de líderes sociales y atentados a la Fuerza Pública en diversos departamentos. Se presume el recrudecimiento de la violencia por cuenta de las elecciones legislativas y presidenciales.
Mientras la mayoría de los colombianos iniciaban 2022 llenos de propósitos y esperanzas, en el departamento de Arauca, zona limítrofe con la República Bolivariana de Venezuela, la guerrilla del Eln y disidentes de las antiguas Farc se enzarzaron en una guerra cuyos blancos son organizaciones comunitarias y líderes sociales.
La primera semana del año tiñó de rojo a los araucanos: 27 personas fueron asesinadas de manera selectiva y no hacían parte de las hostilidades. La Fiscalía General de la Nación y el Instituto Nacional de Medicina Legal corroboraron que la mayoría de las víctimas fueron ajusticiadas con tiros de gracia. Los municipios de Saravena, Fortul y Arauquita se tornaron en escenario de ejecución armada. (Leer más en: Arauca, bajo un conflicto armado más allá de las drogas ilícitas)
Los días 10 y 19 de enero, las miradas del país se concentraron nuevamente en Saravena. En el primero de ellos, la sede de la Empresa de Acueducto Comunitario fue atacada con grandas; y en el segundo, un carrobomba fue detonado en inmediaciones de la sede de varias organizaciones sociales. El último de los hechos se lo atribuyó la disidencia del Frente 28 de las Farc, que reivindicó el ataque porque supuestamente esa sede era “el centro de mando” de uno de los frentes urbanos del Eln.
En la esquina opuesta del país las armas de grupos surgidos tras la dejación de armas de las Farc también dejaron su estela de sangre. Fueron accionadas contra miembros de la Guardia Indígena del norte del departamento de Cauca.
El 17 de enero fue asesinado Breiner David Cucuñame, de 14 años de edad, quien velaba por la protección del medio ambiente; y el 24 enero, Albeiro Camayo, curtido líder de la Guardia Indígena, quien la dirigió durante varios años, fue sacado de su casa y ejecutado enfrente de la comunidad. Ambos cuidaban al resguardo de Las Delicias, ubicado en el municipio de Buenos Aires. Se presume que fueron asesinados por disidentes de la Columna Móvil Jaime Martínez.
Por otro lado, los efectos de la guerra que libran en la región Pacífico el Eln y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), grupo surgido tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia entre 2003 y 2006, han producido graves afectaciones humanitarias, con asesinatos, desplazamientos forzados y confinamientos de comunidades negras ubicadas en el sur de Chocó y Buenaventura. (Leer más en: Denuncian etnocidio en la región del San Juan)
Además de esas acciones frontales por parte de grupos armados ilegales contra comunidades o colectivos específicos, otras formas de violencia persistieron en el pasado mes de enero: se perpetraron 13 masacres en diez departamentos; y, de acuerdo con registros del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 14 líderes sociales fueron asesinados en siete departamentos.
Y, como si fuera poco, en medio de ese cruento panorama, miembros de la Policía y del Ejército Nacional, sufrieron atentados con explosivos y ráfagas de fusil en diferentes municipios de Norte de Santander, Cesar, Antioquia, Valle del Cauca y Cauca. Algunos uniformados perdieron la vida y la mayoría resultaron heridos.
Esa ola de violencia demostró que nadie está exento de ella: el pasado 27 de enero en Guaviare, una delegación de la Misión de Verificación de Naciones Unidas, que acompaña la implementación del Acuerdo de Paz, fue retenida por disidentes que incineraron dos de sus vehículos, al salir del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Colinas, en donde excombatientes de las Farc que siguen firmes con el proceso de paz, luchan por lograr su reincorporación a la vida civil.
¿Por qué esa violencia?
Diferentes analistas e investigadores del conflicto armado consultados por este portal coinciden en que la actual crisis humanitaria y las afectaciones de orden público son producto de dinámicas regionales de los grupos armados ilegales que vienen de tiempo atrás.
Jorge Mantilla, director del Área de Dinámicas del Conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se remite a la comparación de indicadores para explicar lo acontecido en este arranque de año: “La situación de orden público, pero sobre todo los impactos humanitarios por la confrontación entre grupos armados, vienen aumentado desde el año pasado: 2021 cerró con unos niveles de desplazamiento forzado similares a los de 2011, los más altos en la última década; también cerró con un incremento de la tasa de homicidios, lo cual no sucedía hace varios años”.
Por esa razón, indica que hay un claro deterioro en materia de seguridad, que en gran parte se explica por la disputa entre grupos armados en diferentes regiones del país. Y precisa: “Estamos atravesando por un proceso de reconfiguración de las disidencias y de expansión en el suroriente; una consolidación o asentamiento de la disidencia de ‘Gentil Duarte’; y una disputa entre la Segunda Marquetalia, ‘Gentil Duarte’ y el Eln en el suroccidente; y en Chocó hay disputa entre Eln y Clan del Golfo (también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia)”.
Esa visión es compartida por Camilo González Posso, director de Indepaz, quien señala que dichos enfrentamientos han cobrado características de guerra locales, con niveles extremos en Arauca y Cauca. Sin embargo, advierte sobre una gran diferencia entre los meses de enero de 2021 y de 2022: el año pasado la violencia era más ‘sutil’ y estaba dirigida hacia líderes sociales por medio de ataques sicariales, ahora son hechos de mayor envergadura.
“Lo que hace más crítica la situación son los enfrentamientos. Hay un contraste porque hay más enfrentamientos, pero menos asesinatos de líderes sociales (14 en enero de 2022), si se comparan con el año pasado (19 en 2021); lo mismo ocurre con los asesinatos de excombatientes de las Farc, que han disminuido”, sostiene González.
Y agrega: “Tenemos ese panorama contradictorio, en donde los combates son más graves y hay más acciones militares de grupos armados, no sólo entre ellos y contra organizaciones sociales, sino también hacia la Fuerza Pública. En los periodos anteriores la violencia fue más mimetizada y local, en cambio ahora tenemos fenómenos de violencia subregional”.
Para Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (CORE), los actuales repertorios de violencia no son nuevos y vienen en aumento desde 2017: “No es nada nuevo y se dan en contextos de disputa territorial, como lo hemos visto en Arauca, Cauca, Nariño, sur de Chocó, Buenaventura y sur de Bolívar. Son decisiones estratégicas para tratar de debilitar al enemigo y/o lograr el control territorial. La gran diferencia es Arauca, el resto es un poco igual”.
El factor Eln y las elecciones
Luis Celis, analista de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), advierte que las acciones militares del Eln están relacionadas con los comicios de los próximos meses, en los que se elegirán a los próximos Senadores, Representantes a la Cámara y al Presidente de la República.
“Estamos en un periodo preelectoral, entonces ellos decidieron hacerse visibles. Hubieran podido tomar un camino contrario de distensión del conflicto, de un cese unilateral. En octubre pasado, Defendamos la Paz (movimiento ciudadano que impulsa la implementación del Acuerdo de La Habana) les escribió a todos los actores armados organizados ilegales que hicieran un cese unilateral por la época de elecciones. El Eln no se dio por aludido, no respondió nada”, indica Celis.
Y reitera: “Escogieron el camino de hacerse civiles con su accionar organizado de enfrentar a la Fuerza Pública, de enfrentar a la Policía. Entonces el año empezó con la pelea entre el Eln y las Farc en Arauca, pero eso es otra historia porque es una pelea entre irregulares y luego continuó con el ataque al Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional) el 7 de enero en Cali”.
Ese planteamiento es compartido por Mantilla, de la FIP, quien considera que, por medio de los ataques contra el Ejército y la Policía, el último grupo guerrillero del país busca insertarse en la agenda política y electoral del país: “Es un año electoral y el cierre del gobierno de Duque genera la posibilidad de que el próximo, abra o no, unos eventuales diálogos. Allí hay una apuesta que para el Eln puede ser importante. Eso explica el incremento de ataques contra la Fuerza Pública en la última semana”.
Por otro lado, para Carlos Medina Gallego, investigador de la Universidad Nacional de Colombia, la seguidilla de ataques del Eln contra las Fuerzas Armadas y sus aliados de inteligencia internacional, obedecen a la confrontación de la guerra con guerra.
“Esos son blancos permanentes del Ejército de Liberación Nacional, entonces que estén atentando contra las bases militares hace parte de su política de confrontación. Lo que habría que preguntar es cómo pasaron cuatro años de gobierno y el presidente Iván Duque no fue capaz de continuar las mesas de conversación con el Eln, colocando unas líneas rojas que hicieron inviable un proceso de diálogo con ellos, que bien o mal, había comenzado en el proceso de Juan Manuel Santos”, cuestiona Medina Gallego
En cuanto al gobierno nacional, varios son los interrogantes sobre su accionar en los diferentes focos de violencia que azotan al país. La respuesta del Ejecutivo ha sido la siempre: cuando sucede un hecho que conmociona a la opinión pública, aumentar el pie de fuerza y ofrecer recompensas. Medidas que no han dado resultados.
¿Sin salida?
Para González Posso, de Indepaz, el gobierno nacional debería considerar que el conjunto de la población de los departamentos que se encuentran en ‘llamas’ por el accionar de grupos armados ilegales está siendo víctima.
“Tiene que tener una atención social y humanitaria privilegiada, y no escenarios de ocupación militar para una guerra con esos grupos armados. Declarar territorios en emergencia humanitaria y no territorios de guerra; a partir de allí desarrollar una estrategia de seguridad humana y buscar el monopolio de la fuerza, pero sin descuidar los componentes de apoyo social”, propone.
Mantilla también se refiere sobre la posibilidad de cambiar la política de seguridad: “Hay una necesidad de replantear la estrategia de seguridad, pero eso ya le tocará al próximo gobierno. La estrategia del presidente Duque se enfocó en afectar a los grupos armados, particularmente a sus cabezas y objetivo de alto valor, como el caso de ‘Otoniel’ en el Clan del Golfo; como ‘Fabián’ en Chocó y ‘Uriel’ con el Eln. Es una política que se ha enfocado en afectar a los grupos criminales, en copar militarmente territorios y en erradicación de cultivos ilícitos”.
Ante ese panorama, el investigador de la FIP señala que, lastimosamente, esa decisión “no se tradujo en disminución de la violencia, ni mucho menos en la protección de los civiles. Hay que hacer un replanteamiento frente a la política de seguridad y las nuevas amenazas. Grupos como el Eln, el Clan del Golfo y las disidencias no se pueden contener de la misma manera como se hizo con las Farc: esa reedición de la Seguridad Democrática 2.0 carece de una lectura acertada de la naturaleza de las amenazas”.
En un sentido similar se pronuncia Johnson, de CORE: “El Estado tiene que actuar con una política de seguridad más adecuada y adaptada al contexto de guerras locales, la búsqueda de control territorial y la protección de la protección civil”.
Para ello, a su juicio, es necesario implementar las disposiciones del Acuerdo de Paz de manera integral, pero teniendo presente que son de largo plazo y que deben complementarse con otras políticas, “como una reforma al sector seguridad, quizás un nuevo programa de sustitución porque el del Acuerdo de Paz no ha funcionado mucho, fortalecimiento del Estado en lo local y lucha anticorrupción”.
A falta de un timonazo, el desangre y el sometimiento de la población civil por medio de los fusiles continúa. Al cierre de este artículo, se conoció que Hermen Naranjo Quintero, quien fue secuestrado y sacado de su casa por hombres armados el pasado martes en Tame, Arauca, fue asesinado el día de ayer.
Mientras el gobierno nacional sigue insistiendo en medidas ineficaces y guarda silencio ante los arbitrarios señalamientos que hacen los grupos armados sobre la población civil, para justificar las ejecuciones que están realizando de supuestos colaboradores de sus enemigos, las muertes en el campo se suceden una tras otra. Las comunidades rurales tienen a los grupos armados apuntándoles de frente y a la institucionalidad dándoles la espalda.
Por, VERDADABIERTA.
