Jerry Natanine ha estado llevando adelante una campaña en defensa del derecho de los inuit de Clyde River a ser debidamente consultados y que su consentimiento o no sea respetado por las empresas petroleras. Crédito de la foto: Jordan Konek / CBC

Por Rufo Valencia | [email protected]

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¿Canadá cumple con su obligación legal de consultar a los pueblos indígenas cuando se trata de llevar adelante proyectos de explotación de recursos naturales en sus territorios?

Esa es la gran pregunta a la que la instancia jurídica más alta en el país, la Corte Suprema de Canadá, debe atender este miércoles en Ottawa.

Para saber más sobre esta jornada crucial, Radio Canadá Internacional pudo conversar con Diego Creimer, especialista en comunicaciones y relaciones públicas de la Fundación David Suzuki.

Manifestación ante la Corte Suprema en Ottawa en apoyo a los inuit de Clyde River y la Primera Nación Chippewas del Támes que defienden sus territorios frente a las petroleras. © Jordan Konek/CBC

En un artículo publicado en el sitio en internet Le Huffington Post, Québec, Creimer escribe que este miércoles 30 de noviembre, la Corte Suprema de Canadá escuchará dos casos en torno a las operaciones potencialmente destructivas que quieren llevar a cabo empresas de exploración y transporte petróleo en los territorios tradicionales de los inuit de Clyde River y los de la Primera Nación Chippewas del Támes.

Estas operaciones de las petroleras ya fueron aprobadas por parte de la Oficina Nacional de la Energía, una entidad federal canadiense fundada en 1959, encargada de regular el comercio interprovincial e internacional del petróleo, el gas y la electricidad.

El corazón de la disputa se centra en el deber constitucional del Gobierno de Canadá de consultar a los pueblos indígenas sobre los proyectos de explotación de los recursos naturales en sus territorios.

Ya en mayo de 2016, la ministra federal de Asuntos Indígenas del nuevo gobierno liberal, Carolyn Bennett, declaró que Canadá reconocería la Declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Este documento establece justamente que las autoridades de un estado deben consultar a los indígenas y obtener su consentimiento para poder explotar recursos naturales en sus territorios.

Desde hace dos años, la comunidad inuit de Clyde River se encuentra batallando para revertir una decisión de la Oficina Nacional de la Energía, emitida en 2014 bajo el gobierno conservador de Stephen Harper, que autoriza a un grupo de empresas de exploración petrolera a llevar a cabo pruebas sísmicas en la Bahía de Baffin y en el Estrecho de Davis.

La comunidad de Clyde River alega que la Oficina Nacional de la Energía no ha consultado a los inuit sobre esos proyectos. Jerry Natanine, el representante de esta comunidad, ha estado llevando adelante una impresionante campaña en defensa del derecho de la población del lugar a ser debidamente consultada y que su consentimiento o no sea respetado por las empresas petroleras.

El recurso también cuestiona la legitimidad de esta Oficina como representante del Gobierno federal en el contexto de las consultas con los pueblos indígenas. Los críticos de esta institución sostienen que se encuentra demasiado cercana a la industria petrolera canadiense y que carece de la independencia necesaria.

Tomado de rcinet.ca

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