CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA – CRIC
PROGRAMA DE DEFENSA DE LA VIDA Y LOS DERECHOS HUMANOS
DENUNCIA PÚBLICA
Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca y su Programa de Defensa de la vida y los Derechos Humanos RECHAZAMOS y DENUNCIAMOS el indignante vejamen cometido por un grupo de hombres en contra de una joven indígena; violación difundida en redes sociales. Frente a estos hechos manifestamos que no existe autonomía, cultura, ni costumbre que pueda justificar un crimen tan cruel, inhumano y degradante. Los actos en los que un grupo de hombres se burla mientras comete y graba una violación sexual deben causarnos repudio y vergüenza, no solo como comunidades indígenas, sino como sociedad. Este suceso es el reflejo más brutal de una sociedad que justifica y normaliza la violencia contra las mujeres, que la perpetúa y que, además, sostiene la impunidad.
El día de ayer, 14 de octubre de 2025, conocimos de un video abominable que estaba circulando por redes sociales en el que se evidencia una violación sexual “en manada” de comuneros contra una joven Indígena. Frente a este hecho, la Confederación Nacional de los Pueblos de la Gran Nación Emberá de Colombia – CONNPEC se ha pronunciado, señalando que la víctima es menor de edad y pertenece al pueblo Emberá. Sin embargo, hasta el momento no se conoce la procedencia de los agresores.
Al tener conocimiento del caso, desde el Programa de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos establecimos contacto inmediato con la Fiscalía de Derechos Humanos Seccional Cauca con el propósito de articular una ruta que permitiera contribuir a la identificación Territorial del lugar de los hechos, así como poner a disposición nuestras capacidades técnicas y conocimientos para apoyar la identificación lingüística de los agresores y brindar protección a la víctima. Una vez se determinó que los hechos no ocurrieron en el departamento del Cauca, continuamos la articulación con comunidades, autoridades y compañeros de diversas regiones, a fin de colaborar la identificación del territorio, los agresores y en el esclarecimiento del caso.
Aunque estos hechos no ocurrieron en el Cauca, nos corresponde como pueblos indígenas reconocer que violencias de esta naturaleza ocurren tanto dentro como fuera de nuestras comunidades en todo el territorio nacional. Este caso nos exige tomar una posición coherente en la que no se permita que atrocidades como esta se justifiquen bajo ningún tipo de argumento cultural o de autonomía, menos aún, que la justicia propia sea invocada para proteger a los agresores.
Este crimen no es un caso aislado; es la expresión más extrema de un entramado de violencias cotidianas que las mujeres enfrentan día a día: en sus hogares, en sus trabajos, en los caminos, en las escuelas, en los territorios, en las instituciones y hasta en los tribunales. Es el síntoma más crudo de un Estado y una sociedad patriarcal, estigmatizante y racista que ha construido su poder sobre los cuerpos de las mujeres, que no garantiza justicia, ni protección, ni dignidad. Por lo tanto, reiteramos que las violencias contra las niñas y las mujeres no son hechos aislados, ni errores individuales: son modelos que se reproducen desde las instituciones, las familias y los Territorios.
Seguimos habitando un país donde violar a una mujer no tiene consecuencias reales, donde se las culpa, se las calla o se las expone como fuente de espectáculo; donde la justicia es lenta y el silencio, es la norma. Por eso, este hecho nos obliga a mirarnos de frente como pueblos, a reconocer que el patriarcado también habita en nuestros Territorios; a entender que no basta proclamarnos defensores de la vida si callamos ante la violencia machista, y que ningún proceso de gobierno propio puede sostenerse sobre la impunidad de los cuerpos violentados de nuestras compañeras.
Desde la solidaridad, abrazamos a nuestra hermana. En su dolor y dignidad le queremos decir que no está sola que puede contar con nosotros; nos ponemos a su disposición, la de su familia, comunidad y organización para adelantar acciones que garanticen su protección. Asimismo, exigimos al Estado colombiano que cumpla con su obligación de asegurar justicia, protección y reparación integral. Exhortamos a las Autoridades Indígenas a actuar con justicia en este caso, a tomar medidas frente a los agresores y a reafirmar que el derecho propio debe estar al servicio de la vida y la dignidad. Llamamos también a los medios de comunicación y a la población en general a no continuar difundiendo el video, a no convertir el dolor en espectáculo y a comunicar desde el respeto y la sensibilidad.
No habrá paz mientras los cuerpos de las mujeres sigan siendo territorio de guerra, de disputa y dominación.
Popayán, 15 de octubre de 2025.
