Justo cuando el mundo está hablando del aumento histórico de la coca en Colombia, como lo prueba el artículo publicado esta mañana por The Economist, en el país hay un caso emblemático que muestra lo problemático que será implementar el acuerdo de sustitución de cultivos ilícitos con el que el gobierno pretende que los cultivadores eliminen voluntariamente 50 mil hectáreas de coca hasta el 2018.
Se trata de Corinto, en el norte del Cauca, uno de los 40 municipios priorizados por el Gobierno de Juan Manuel Santos para conseguir esta ambiciosa meta. Allí, el tenso ambiente entre indígenas, campesinos y el Gobierno por el programa de sustitución de cultivos ilícitos se terminó de calentar aún más ayer, luego de que un indígena fuera asesinado en una hacienda del ingenio azucarero Incauca.
La muerte del comunero se dio justo un día después de que los indígenas del Cabildo nasa de Corinto organizaron una asamblea para discutir el programa y a la que aunque estaban invitados, no llegó nadie del Gobierno.
Aunque los dos hechos no están relacionados, los indígenas están responsabilizando al Gobierno de la muerte del comunero, según ellos, porque ocurrió cerca a un puesto de control del Ejército y la Policía. Y han dicho que ésta es una muestra más de que contrario a escucharlos, el Gobierno responde con violencia ante las exigencias de que se respete su territorio.
Lo que hay en el fondo es un reclamo contra el programa de sustitución de cultivos ilícitos que según sus opositores -tanto indígenas como campesinos- no fue consultado con las comunidades sino que se les está imponiendo a pesar de que en los acuerdos de paz quedó pactado que sería un proceso concertado. Una posición que niega el Gobierno, pero que en todo caso, muestra lo difícil que será implementarlo.
La oposición
Corinto es uno de los tres municipios del Cauca que quedaron en la lista de los 40 que priorizó el Gobierno para la sustitución de cultivos con los que pretende eliminar 50 mil hectáreas sembradas de coca de manera voluntaria hasta el 2018. El Gobierno, además, se comprometió a erradicar a la fuerza otras 50 mil.
Según el Alcalde Edward García, que ha sido uno de los principales defensores del programa, el municipio tiene sembradas unas 700 hectáreas de coca y otras 260 de marihuana aproximadamente.
“Estamos a la expectativa de firmar el acuerdo. Las comunidades ya firmaron un preacuerdo”, dice. “Me preocupa es que el Gobierno ya está anunciando que ha suscrito acuerdos con más de 70 mil familias y no sé si alcance el programa para que las familias de Corinto puedan entrar. Porque cada familia significa un recurso y siempre las más de 4000 familias que hay en Corinto van a requerir un presupuesto alto”.
Hasta ahora, el municipio les ha ofrecido a los cultivadores el paquete del gobierno que incluye durante el primer año un millón de pesos mensuales como remuneración a quienes participen de la sustitución; un millón ochocientos mil pesos por una sóla vez para la implementación de proyectos de autosostenimiento y seguridad alimentaria; y nueve millones de pesos, también una sóla vez, para adecuar y ejecutar proyectos que les aseguren ingresos rápido (como piscicultura o avicultura).
Durante el segundo año, el Gobierno invertirá por familia hasta 10 millones de pesos en proyectos productivos, mano de obra y la creación de una línea de crédito especial. El proceso incluirá asistencia técnica, para la cual el Gobierno está asegurando a cada familia tres millones doscientos mil pesos aproximadamente.
Es decir, en total, son un poco más de 36 millones de pesos durante los primeros dos años por familia cocalera.
El alcalde dice que hasta ahora con los únicos con los que no ha podido socializar el programa es con los indígenas agrupados en el Cabildo Nasa de Corinto. Sin embargo, según Cristóbal Guamanga, un líder campesino, tampoco han logrado acuerdos con ellos.
Algo similar le corroboró a La Silla un investigador en terreno que dijo que la sustitución de cultivos en Corinto no tiene convencidos ni a los indígenas ni a los campesinos, sobre todo a los agrupados en la Coccam.
El lío es que, aunque en Corinto el 80 por ciento de la población vive de la coca y la marihuana, la mayoría no son dueños de la tierra, sino trabajadores o arrendatarios. De hecho, en el censo que hizo la Alcaldía y que mostró que más de 4 mil familias estarían dispuestas a entrar en el programa, sólo la tercera parte son cultivadores. El resto sólo dependen laboralmente de ellos.
“Una de las preguntas que aún tenemos que resolver es para quién es el paquete del programa de sustitución. ¿Para la familia? ¿Para el propietario del predio? ¿Para los dueños de los cultivos? ¿Para quienes vienen desde otros municipios a trabajar por jornadas en los cultivos? Aún hay muchos vacíos” dijo Jorge Dicué, gobernador suplente del Cabildo Indígena de Corinto.
Además, la manera en que las personas se organizan en los predios no depende del título legal. Por ejemplo, muchas familias pueden vivir y trabajar en una sóla finca titulada a nombre de un sólo propietario.
Por eso, los cálculos que están haciendo los opositores es que en realidad, lo que van a recibir quienes se acojan al programa de sustitución voluntaria serán 12 millones de pesos resultantes del pago mensual de 1 millón de pesos durante el primer año, y no los 36 millones de los que habla el programa propuesto por el Gobierno y las Farc.
Sobre eso no hay claridad todavía, según le reconoció a La Silla el Alcalde, porque el programa aún no ha arrancado formalmente.
“En Corinto por cada cultivador hay más o menos tres familias que dependen del cultivo. Aunque en teoría todos van a recibir el mismo recurso, cambia un poco si la familia no tiene tierra porque no podrían cultivar”. Lo que no se sabe con certeza es cómo cambiaría en cada caso, agregó.
También hay dudas de qué tan rentables serán los cultivos que les propongan para sustituir la coca y la marihuana y qué garantías hay en caso de que no lo sean, dado que el programa no es gradual.
Y es que según supo La Silla, en Corinto una arroba de fríjol puede dejar unos 40 mil pesos pero por la misma cantidad de marihuana o coca, reciben hasta 750 mil.
«El problema es muy complicado y el Gobierno está buscando enredar a la gente que no esté organizada con un millón de pesos [mensual]. En un ambiente así, la gente está pidiendo garantías. El acuerdo puede ser para todo el mundo, el problema es que los cultivadores se dejen someter”, resume el líder campesino Cristobal Guamanga.
«Aunque el Alcalde fue el que pidió la priorización del municipio, es preocupante que los programas no se hayan acordado con nosotros antes. Están informando, no preguntando. Se impone, no se construye. Y cuando los planes no se consultan no tienen éxito», dijo la capitana del Cabildo, Miladi Dicue en una de estas reuniones el pasado 6 de marzo a la que asistió La Silla.
Al respecto Eduardo Díaz, Director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos le dijo a La Silla que “salir a decir ahorita que no se ha acordado nada con las comunidades suena fuera de lugar. Además no hay que olvidar que los cultivos ilícitos son un delito y lo que busca este acuerdo es darle un tiempo a los cultivadores para que pasen de una actividad ilegal a una legal, sin perder de vista que la actividad en sí es un delito”.
Según él, los puntos del acuerdo de sustitución de cultivos se concertaron y socializaron con las comunidades cocaleras desde 2015, cuando el Presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado para que participaran en la construcción de estrategias para el desarrollo rural y territorial.
“No es cierto que esto no se ha venido construyendo desde abajo. Yo vengo hace un año y medio trabajando con las comunidades en todo el territorio nacional y el Presidente desde mucho antes. Lo que ha buscado el Gobierno siempre es pasar de la confrontación a la cooperación. Por eso no tiene sentido que digan que esto es algo impuesto”, agregó Díaz.
Pero para Guamanga lo que hizo Díaz fue «coger a los campesinos despistados y decir que ya había cumplido con el trabajo con las comunidades. Eso no es serio. En ninguna parte del punto cuatro del acuerdo dice que lo que hay que hacer es darle un millón de pesos a la gente y un proyecto de pancoger y con eso se resolvía el problema. Ese es el programa de Díaz y ese es el que nosotros rechazamos. Lo que nosotros proponemos es una transformación territorial con garantías», como le contó a La Silla.
Las críticas que hacen desde Corinto al programa ya habían sido señaladas incluso por ex asesores del Acuerdo como Juanita Goebertus, que hace un mes escribió un trino en el que dice que la sustitución “se volvió una entrega de plata en vez de planes integrales de desarrollo concertados con las comunidades”, como contó La Silla.
El Gobierno y el alcalde de Corinto ya tienen definido que el próximo 5 de abril se firmará el acuerdo para que el municipio entre a hacer parte del programa de sustitución.
Mientras tanto, los indígenas agrupados en el Cabildo y los campesinos agrupados en la Coccam, están haciendo correrías por las veredas del municipio donde más se cultiva coca y marihuana advirtiendo los riesgos que puede traer la sustitución. E intentando convencer a los cultivadores que no se acojan al programa sin que lo consulten con ellos primero.
Su intención además es organizarse para resistir ante el garrote de la erradicación forzada, que es lo que viene para los que se resistan a la zanahoria de la sustitución, como contó La Silla.
«No va a ser fácil acabar con los cultivos. En Cajibío los campesinos sacaron a los erradicadores. Eran como mil. Claro, porque es fácil arrancarle la coca a uno o dos cultivadores, pero no es fácil arrancarla cuando todos están unidos y se cuidan», le dijo a La Silla Guamanga.
La presión
Para unirlos, los opositores de la sustitución están usando el miedo de lo que podría pasar si ellos acceden a entrar y en el camino se dan cuenta de que el programa no les daba suficientes garantías.
Uno de esos miedos es que si los cultivadores ingresan sus datos en los censos que está elaborando la Alcaldía para saber cuántas personas entrarían al programa, será más fácil perseguirlos si vuelven a cultivar o si desisten de ingresar.
“La información que hasta ahora se tiene [en la Alcaldía] es de cuántas hectáreas de coca y marihuana hay en Corinto, sin nombres. Se debe ser muy cuidadoso con los datos que se entregan sobre los predios y todo eso. Así podrían identificar fácilmente quiénes somos los que estamos cultivando. La seguridad es un tema clave”, dijo uno de los campesinos en la reunión.
La preocupación no es sólo que los persiga penalmente sino que luego les quiten sus predios vía extinción de dominio.
Es la manera, según los indígenas y los campesinos consultados para esta historia, con la que el Gobierno pretende llenar el fondo de tierras que está en el punto uno del acuerdo de paz con las Farc. Y se nutre de las tierras provenientes de extinción de dominio, de los baldíos indebidamente ocupados, de las sustracciones a reservas forestales, de las tierras inexplotadas y recuperadas, de las expropiadas por interés social y de las tierras donadas al fondo.
“El fondo nacional de tierras es un fondo sin fondo y quieren llenarlo con lo que nos quiten a nosotros”, dijo uno de los líderes indígenas que asistió a la reunión en La Cominera.
El alcalde ha dicho que aunque no se espera llegar a la extinción de dominio, de ser así “en Corinto el problema sería demasiado grave”.
Uno de los líderes de la organización campesina le dijo a La Silla que “mientras más sigan jodiendo con eso, más hectáreas van a sembrar los campesinos. Porque esas estrategias no resuelven nada, lo que hacen es que el problema siga creciendo”.
Mientras tanto, Díaz advierte que quienes no se acojan al programa de sustitución perderán el chance de que se les brinde un tratamiento penal diferencial, tal como se establece en el punto 4 de los acuerdos de La Habana, sobre solución al problema de las drogas ilícitas. Esto significa que no se les suspenderá la sanción penal por el delito de cultivar coca, marihuana o amapola, y se procederá entonces según la ley a judicializarlos.
Esa “respuesta represiva” del Estado que están vendiendo los indígenas y los campesinos en Corinto se vio reforzada por la muerte del indígena Javier Oteca ayer en los predios de Incauca.
Aunque el hecho no tiene nada que ver con la disputa por sustitución de cultivos sino que ocurrió cerca a una base militar en medio de una jornada de toma de tierras que realizan periódicamente los indígenas para quitarles tierras a los azucareros que según ellos son suyas, los indígenas están acusando al Gobierno, a través de la Fuerza Pública, de ser cómplice en el asesinato.
Y están convocando “a todas las comunidades del territorio y demás cabildos a hacerse presentes en el lugar de los hechos, para proceder con las acciones pertinentes”.
“Si este programa no se implementa rápido y además de la ayuda económica no se transforman los territorios, la zona va a ser tomada por otros actores. Ya escuchan versiones que está llegando grupos del EPL y el ELN”, le dijo el Alcalde de Corinto a La Silla.
En medio de todo, el hecho de que los cultivadores mantengan su postura frente al gobierno diciéndole no a la sustitución voluntaria -al menos como la está planteando el Gobierno- podría significar más violencia en un escenario en el que nadie parece estar dispuesto a ceder.