El Cauca atraviesa uno de los episodios más críticos de los últimos años, en el marco del paro armado decretado por el ELN, el departamento volvió a ser escenario de una violencia que ya no distingue entre objetivos militares y población civil, lejos de tratarse de hechos aislados lo ocurrido en municipios como Buenos Aires revela una convergencia peligrosa entre degradación del conflicto armado, control territorial mediante el terror y un contexto político-electoral que amplifica el miedo como herramienta de poder. Organizaciones indígenas como el CRIC han advertido que el territorio está siendo sometido a una estrategia de intimidación que no tiene carácter político ni revolucionario, sino que responde a lógicas de imposición armada, demostración de fuerza y castigo colectivo contra comunidades históricamente golpeadas por la guerra.

Buenos Aires, Cauca una línea que no se puede cruzar

El municipio de Buenos Aires se convirtió en el epicentro más grave de esta escalada, los ataques simultáneos contra la estación de Policía, el Banco Agrario, el hospital local y viviendas de civiles marcaron un punto de quiebre, atacar infraestructura civil esencial y especialmente un hospital constituye una grave violación al Derecho Internacional Humanitario y confirma la degradación absoluta del conflicto.

El balance preliminar es contundente:

  • 2 policías asesinados.
  • Uniformados heridos, superados en número y obligados a solicitar apoyo urgente.
  • Población civil expuesta a hostigamientos, explosiones y fuego cruzado en pleno casco urbano.

No se trató de un enfrentamiento armado convencional, fue un ataque indiscriminado, cuyo mensaje fue claro: nadie está a salvo, estos hechos no buscan debilitar al Estado; buscan quebrar a la sociedad, sembrar terror y paralizar la vida cotidiana.

Cuando la comunidad protege la vida

En medio del caos ocurrió un hecho que desnuda la realidad del territorio y desmonta cualquier narrativa armada: las comunidades de Buenos Aires protegieron y auxiliaron a los policías heridos, mientras los grupos ilegales atacaban sin distinción, fueron civiles quienes, arriesgando su propia seguridad, resguardaron vidas humanas.

Este gesto tiene un profundo significado político y ético:

  • La comunidad no es aliada de la guerra.
  • La población no legitima la violencia armada.
  • El pueblo, incluso bajo fuego, elige la vida.

La escena es reveladora: mientras los actores armados destruyen, la gente protege, mientras unos imponen miedo, la comunidad responde con dignidad, es una acusación moral directa contra quienes dicen actuar en nombre del pueblo, pero lo convierten en su principal víctima.

El Cauca como laboratorio del terror

Lo que ocurre en Buenos Aires no es un hecho aislado, el Cauca ha sido convertido, una vez más, en un territorio de demostración armada, banderas, cilindros, grafitis, panfletos, explosiones y retenes ilegales se repiten en corredores estratégicos como la vía Panamericana y en municipios con alta presencia indígena, afrodescendiente y campesina.

Las consecuencias son inmediatas:

  • Economías locales paralizadas.
  • Comunidades confinadas.
  • Acceso restringido a salud, educación y trabajo.
  • Tejidos organizativos fracturados.

El llamado “paro armado” no golpea al poder político ni económico, golpea a la gente común, es una forma de castigo colectivo que convierte la vida diaria en un campo de batalla.

El rechazo político a la guerra

El rechazo no proviene solo de las comunidades afectadas, liderazgos políticos con raíz territorial también han alzado su voz, la senadora indígena Aida Quilcué fue categórica al condenar el paro armado del ELN, señalando que desde su inicio ha generado un clima de zozobra generalizada, vulnerando derechos fundamentales como la vida, la movilidad y la libre circulación, además de paralizar actividades comerciales, educativas y comunitarias. Su declaración pone el foco donde corresponde: la violencia armada no afecta a las élites, afecta a los sectores populares y rurales, en un departamento que ha resistido históricamente la guerra, su voz refuerza un consenso ético que emerge desde los territorios: Colombia no necesita más demostraciones de fuerza, necesita garantías reales para la vida, la dignidad y la paz con justicia social.

Una lectura nacional: la advertencia de Ariel Ávila

El investigador Ariel Ávila ha advertido que en Colombia operan actualmente 53 organizaciones criminales y un grupo armado ilegal —el ELN— en más de 320 municipios, la política de “Paz Total” intentó responder a esta fragmentación mediante dos vías: negociación política y sometimiento a la justicia. Sin embargo, el proceso se debilitó por múltiples factores: falta de método claro, ceses al fuego sin protocolos sólidos, incentivos bajos para grupos en expansión criminal, escasa presión estatal, ausencia de un marco jurídico completo y factores externos como la crisis de las economías ilegales y el desorden fronterizo. En este escenario, el ELN no actúa como un actor en tránsito hacia la paz, sino como un grupo que recurre al terror para reafirmar control territorial, aun a costa de perder legitimidad social.

Violencia, miedo y elecciones: una convergencia peligrosa

Hay un elemento que atraviesa todo este escenario y no puede ignorarse: el calendario electoral, en Colombia el miedo ha sido históricamente un dispositivo político, cada escalada de violencia alimenta el mismo relato: la paz fracasó, solo la mano dura funciona, los ataques indiscriminados del ELN lejos de debilitar a las élites tradicionales terminan fortaleciendo a los sectores de la ultraderecha, cada explosión, cada hospital hostigado, cada comunidad confinada:

  • Refuerza el discurso autoritario.
  • Justifica la militarización extrema.
  • Desplaza el debate sobre derechos, tierra y justicia social.
  • Convierte el miedo en capital electoral.

No se trata de una alianza formal, pero sí de una convergencia funcional: la violencia produce miedo; el miedo produce votos; y los votos devuelven el poder a quienes han gobernado históricamente desde la guerra.

Desde esta perspectiva, estas acciones no son revolucionarias, son políticamente funcionales a los sectores más guerreristas del país.

El pueblo no quiere guerra

Lo que ocurre en Buenos Aires y en el Cauca no es un error táctico, es una señal clara de descomposición política y ética del accionar armado, atacar hospitales, asesinar policías, confinar comunidades y paralizar regiones enteras no construye poder popular, destruye sociedad.

Las comunidades del Cauca han dado una lección contundente:
cuando los fusiles disparan, la gente protege la vida.

Defender la paz hoy implica decirlo sin miedo:

  • La población civil no es objetivo militar.
  • El terror no es política.
  • La guerra no representa al pueblo.

El Cauca no necesita más armas ni más muertos.
Necesita garantías, respeto, justicia social y salidas políticas reales.

Por: Programa de Comunicaciones – CRIC

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