Por Carlos Andrés Baquero*
El Estado debe actuar para romper el ciclo de ataques, abusos y amenazas del que ha sido víctima el pueblo Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Frente a la indiferencia estatal, el pueblo Wiwa ha sido atacado históricamente por distintos actores legales e ilegales, armados y desarmados, que buscan la apropiación de su territorio ancestral. El ataque más reciente, que condensa la situación de este pueblo indígena, ocurrió el pasado 11 de mayo cuando estalló una granada al frente de la casa de Pedro Loperena, Coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT). Esta explosión no es un hecho aislado sino que hace parte de un proceso de larga duración en el que las y los Wiwa han sido víctimas de múltiples violaciones de sus derechos humanos.
Los primeros abusos contra el pueblo Wiwa fueron protagonizados por la comunidad religiosa de los capuchinos que llegó al territorio de la Sierra a comienzos del siglo XX, se instaló en La Sierrita y en Nabusimake y combinó la fe católica con el exterminio espiritual y cultural de los pueblos de la Sierra. Los capuchinos son responsables de la pérdida parcial del damana, pues impusieron el castellano como el idioma obligatorio. Los religiosos prohibieron adorar a Seránkua, Padre de los pueblos indígenas de la Sierra, y usar trajes tradicionales. También le cortaron el pelo a los niños y obligaron a las niñas a que se casaran con jóvenes de otros pueblos.
Siete décadas después, el territorio del pueblo Wiwa empezó a ser atacado por colonos que provenían de los departamentos de La Guajira, Antioquia y Cesar expandiendo la frontera marimbera. La producción de marihuana en la parte baja de la Sierra atacó directamente al pueblo Wiwa que vivía en esa zona y la consideraba como territorio ancestral. El resultado de esta intromisión fue el inicio del desplazamiento del pueblo hacia la parte media-alta de la Sierra.
A mediados de los años ochenta llegaron los grupos guerrilleros. Primero llegó el EPL, después aparecieron el ELN y las FARC. Para ese momento, relatan autoridades tradicionales, la presencia de los grupos guerrilleros continuó con el desplazamiento pero no generó muertes directas. Con la aparición de los grupos paramilitares y la intensificación de la lucha por el control del territorio, el número de víctimas directas del pueblo Wiwa aumentó. Según Pedro Loperena la tensión en la Sierra se resume en que las y los integrantes del pueblo eran asesinados por los diferentes actores armados pues “(…) si uno lograba descender de la Sierra, los paramilitares le decían que era aliado de la guerrilla y si uno lograba subir a la Sierra la guerrilla le decía que lo había podido hacer porque era informante de los paramilitares”.
Actualmente las amenazas contra el pueblo Wiwa vienen también de actores legales interesados en el territorio y sus recursos naturales. Por ejemplo Cerrejón, Drummond y CCX entre otras empresas, buscan extraer el carbón que se encuentra en la Sierra y su zona de influencia. Puerto Brisa continúa con la construcción de un proyecto (puerto y zona franca), suspendido en 2010 por la Corte Constitucional y en 2011 por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que después de romper el cerro sagrado Jukulwa pretende la apropiación de la playa. La Represa El Cercado se adueñó del agua del río Ranchería y hoy en día las comunidades wiwa de Caracolí y El Caney sufren las consecuencias de la violación de su derecho a la consulta previa y del proceso de secamiento de las zonas que fueron inundadas por la represa. La construcción de la represa puso en peligro la supervivencia del pueblo Wiwa pues confluyó con retenes paramilitares, generó dengue e inundó 33 sitios sagrados de los que dependía parte de la estabilidad espiritual del pueblo indígena.
El Estado colombiano tiene mucho que ver con la situación histórica y para proteger a las y los Wiwa cuenta, por lo menos, con dos herramientas. Hace ocho años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos verificó la grave situación de derechos humanos de este pueblo y ordenó al Estado tomar medidas de protección que hoy están aún en el tintero. Para comenzar, el Estado debe proteger a las y los líderes indígenas de la Sierra, entre los que se encuentra Pedro Loperena, su familia y las demás autoridades indígenas. En segundo lugar como el territorio de los pueblos de la Sierra se encuentra rodeado de megaproyectos ya construidos y otros en fases iniciales, el Estado tiene que estar vigilante: garantizar el cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales sobre el derecho fundamental a la consulta previa y evitar así el “exterminio físico y cultural” del pueblo Wiwa que la Corte Constitucional reconoció en el 2009. Así el Estado colombiano cuenta con las herramientas necesarias para proteger al pueblo Wiwa y romper el ciclo de ataques históricos al que ha sido sometido; entonces ¿por qué no actúa?
*Investigador de Dejusticia