(17jul13-telesur-ayi) El grupo de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas se reunirá con representantes del gobierno panameño y de colectivos de derechos humanos para evaluar cómo van las relaciones y si se están respetando los derechos de estos colectivos.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estudiará de cerca la situación de los indígenas de Panamá quienes «son ignoradas por la sociedad en que viven” y constatará sus preocupaciones, según informó el relator especial enviado por el organismo multilateral.
El relator especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, aseguró que la investigación se realizará durante su visita al país istmeño del 19 al 26 de julio.
Anaya dijo que estudiará las condiciones de vida de los conglomerados de las etnias ngábe, buglé, guna, emberá, wounaan, bribri y naso y se reunirá con representantes del gobierno de Ricardo Martinelli y de colectivos de derechos humanos para analizar las demandas de los grupos aborígenes.
El relator especial de la ONU expresó su interés en «comprender mejor los puntos de vista de los pueblos indígenas». Anaya visitó la nación centroamericana en 2009, cuando evaluó la situación de las poblaciones indígenas afectadas por un proyecto hidroeléctrico denominado Chan 75.
Los resultados de su recorrido serán presentados el año próximo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra (Suiza).
Los grupos indígenas panameños han denunciado en reiteradas ocasiones ser reprimidos por la policía panameña por protestar ante la construcciones de hidoreléctricas que perjudican territorios que consideran ancestrales.
Este conflicto entre el gobierno del presidente panameño, Ricardo Martinelli, y los indígenas ha derivado en numerosas manifestaciones, desde que iniciaron las obras de la hidroeléctrica (2011).
En febrero de 2012, la represión de una protesta en la localidad de San Félix (sur), dejó dos aborígenes muertos. Ese mismo mes la comarca Ngöbe Buglé protagonizó jornadas de protestas en varias ciudades de su país a favor de una legislación que proteja sus territorios ancestrales, por lo que plantearon al Gobierno la eliminación de concesiones hídricas dentro de sus comarcas, las regiones anexas y territorios aledaños.
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