En el marco del diálogo internacional “Defensores y defensoras de la tierra y la naturaleza”, el Consejo Regional Indígena del Cauca participó en un panel donde se abordó una de las problemáticas más graves a nivel global: el riesgo que enfrentan quienes protegen el territorio, el ambiente y los derechos colectivos. Durante el espacio, las y los ponentes coincidieron en que la defensa del territorio se ha convertido en una labor de alto riesgo en distintas regiones del mundo. Las cifras compartidas en el diálogo fueron contundentes: cada dos días es asesinado un defensor o defensora de derechos humanos por su labor en favor de la tierra y la naturaleza. Esta realidad refleja una crisis estructural que atraviesa conflictos por la tierra, economías extractivas y disputas por el control de los bienes comunes.
En su intervención, la delegación del CRIC señaló que, para los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas, el territorio no es solo un espacio físico o productivo, sino un lugar de vida, memoria, espiritualidad y pervivencia cultural. Defenderlo implica proteger la vida misma, pero también ha significado enfrentar amenazas, persecuciones y asesinatos.
El diálogo cobró especial relevancia en el contexto actual de Colombia, donde se abren escenarios para debatir una reforma agraria orientada a la redistribución de la tierra y al reconocimiento de derechos históricos. En este escenario, las organizaciones sociales insistieron en que cualquier transformación estructural debe garantizar la participación efectiva de las comunidades étnicas y campesinas, así como medidas reales de protección para quienes lideran estos procesos.
“Defender la vida no puede costarnos la vida”, fue uno de los mensajes centrales reiterados durante el panel. Las organizaciones participantes hicieron un llamado al Estado colombiano y a la comunidad internacional para fortalecer los mecanismos de protección, garantizar la implementación de instrumentos de derechos humanos y avanzar hacia un modelo de desarrollo que respete la autonomía territorial y la justicia social.
El encuentro dejó claro que la reforma agraria y la defensa del territorio no pueden desligarse de la garantía plena de derechos para quienes históricamente han cuidado la tierra. Sin protección y sin participación colectiva, cualquier intento de transformación corre el riesgo de reproducir las mismas violencias que hoy se buscan superar.
