Los pueblos indígenas exigimos Paz con justicia social y transformaciones reales para Colombia
Desde los territorios ancestrales del Cauca y el Consejo Regional Indígena del Cauca alza su palabra colectiva para alertar al país y a la comunidad internacional sobre la grave situación de violencia, militarización, manipulación política y corrupción estructural que hoy ponen en riesgo la vida, la democracia y la paz en Colombia.
1. La guerra sigue caminando nuestros territorios
Los recientes hechos de violencia en Buenos Aires, Santander de Quilichao y otros municipios del norte del Cauca no son aislados, responden a una estrategia sistemática de control territorial, intimidación social y manipulación política ejercida por actores armados ilegales, entre ellos el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Farc que mediante paros armados, atentados y amenazas buscan imponer el miedo como forma de “gobierno”. El ataque al esquema de protección de firmantes de paz en la vereda La Honda, Santander de Quilichao con nueve impactos de bala y un escolta herido confirma que quienes le apuestan a la paz siguen siendo objetivo militar, esto evidencia el incumplimiento estructural del Estado frente al Acuerdo de Paz y la fragilidad de las garantías para quienes dejaron las armas confiando en la palabra institucional.
2. Popayán: el miedo se instala en el Cauca
A esta grave situación se suma el reciente hallazgo y desactivación de 5 cilindros bomba en el barrio Bolívar de Popayán, a escasos 300 metros de la Asociación Indígena del Cauca y la Casa Grande del CRIC, este hecho no solo puso en riesgo a comunidades indígenas, trabajadores y población civil, sino que constituye un mensaje directo de terror contra los procesos organizativos y políticos de los pueblos indígenas.
Denunciamos que estas acciones buscan profundizar el pánico colectivo y alimentar un clima de zozobra que favorece intereses políticos derechistas oscuros, el uso del terror como herramienta electoral evidencia una presunta convergencia de intereses entre actores armados y sectores de la ultraderecha, que históricamente han instrumentalizado la guerra para ganar votos, justificar la militarización y frenar los cambios sociales que el país reclama.
3. Militarización sin paz, miedo sin democracia
La respuesta estatal sigue centrada en la militarización de los territorios, sin resolver las causas estructurales del conflicto: exclusión social, despojo territorial, racismo estructural y falta de oportunidades para los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos. Estas acciones, sumadas a la violencia de los grupos armados, profundizan el miedo electoral, restringen el ejercicio democrático y colocan en riesgo la participación política de las comunidades de cara a las elecciones de 2026.
4. Violencia armada y manipulación política
Advertimos con preocupación cómo presuntamente sectores de la extrema derecha utilizan el accionar de los grupos armados para deslegitimar cualquier esfuerzo de paz, estigmatizar a los defensores de derechos humanos y atacar al actual Gobierno, mientras guardan silencio frente a las alianzas históricas entre política tradicional, economías ilegales y guerra. El conflicto armado continúa siendo usado como instrumento de campaña, donde el miedo reemplaza el debate político y la sangre de los pueblos se convierte en capital electoral.
5. La corrupción también mata, caso de la salud
En medio de esta violencia, el hundimiento de la reforma a la salud confirma que la corrupción estructural es otra forma de guerra contra el pueblo, el sistema impuesto por la Ley 100 sigue beneficiando, de manera presunta, a las EPS y a sectores políticos que se financian con los recursos públicos de la salud, mientras en los territorios indígenas no existen hospitales dignos, medicamentos suficientes ni atención oportuna. Por ello, reiteramos nuestra firmeza en la implementación y consolidación del SISPI, como expresión del derecho a una salud propia, intercultural y comunitaria, el bloqueo a la reforma no fue técnico ni fiscal: fue político y económico. Se defendió un negocio, no la vida.
6. ¿Qué está en juego rumbo a 2026?
Colombia atraviesa una disputa profunda entre dos proyectos de país:
- Uno que se sostiene en la guerra, la corrupción y el miedo.
- Otro que apuesta por la paz, la justicia social y la transformación estructural.
Si el Congreso opositor continúa capturado por intereses que se lucran del conflicto armado y del saqueo de lo público, no habrá garantías reales para una democracia intercultural ni para la pervivencia de los pueblos indígenas.
7. Llamado urgente desde los territorios
Desde el CRIC exigimos:
- Garantías reales para la vida, la autonomía y el Gobierno Propio en los territorios indígenas.
- Protección efectiva para firmantes de paz, líderes sociales y autoridades étnicas.
- El desmonte de las economías de guerra y de la complicidad política que las sostiene.
- Reformas sociales reales, especialmente en salud, que pongan la vida por encima del negocio.
- Un proceso de paz con justicia social, participación territorial e intercultural.
La paz no se construye con cilindros bomba ni con discursos de odio.
La paz se teje desde las comunidades, con verdad, justicia y transformaciones estructurales.
La vida no se negocia.
La paz no se posterga.
Los pueblos indígenas seguimos en pie, defendiendo el territorio, la democracia y el futuro de Colombia.
Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra.
Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC
