En el marco de una situación crítica para nuestras comunidades indígenas del Cauca, la Consejería Mayor del CRIC condena el asesinato del compañero Alexander Pilcue, Guardia Indígena y protector de la Consejera Mayor Rosalba Velasco, representante de la zona Norte del Cauca. Este hecho, ocurrido en medio de crecientes amenazas y violaciones a los derechos humanos, evidencia el grave riesgo que enfrentan las comunidades, Guardias indígenas y los líderes.

Un llamado urgente a la acción

“¿Hasta cuándo seguiremos poniendo vidas en riesgo por defender la autonomía y el territorio?” preguntamos desde la organización. Este asesinato, aunque inicialmente asociado a un intento de robo, no puede desvincularse de un contexto más amplio de amenazas contra la Consejera Velasco y la organización. Más de 803 afectaciones contra la vida y los derechos humanos han sido registradas en el Cauca en 2024 según el programa de defensa de la vida y los derechos humanos CRIC, incluyendo asesinatos, reclutamiento forzado (130) y confrontaciones armadas en los territorios indígenas.

El riesgo compartido y las tareas pendientes

“El peligro nos alcanza a todos: autoridades, Guardia, y comunidades por igual”, expresó el Consejero Mayor Jhoe Sauca. “La falta de recursos para prevenir y responder a estas amenazas limita nuestra capacidad de proteger a nuestras familias y territorios. Solicitamos al Gobierno Nacional acciones concretas para garantizar la seguridad y la paz en la región”.

Compromiso con la paz territorial

Desde el CRIC, reiteramos la importancia de territorializar la paz y establecer mecanismos multilaterales que incluyan a las organizaciones sociales y comunidades. “Hablar de paz significa incluirnos en los procesos de negociación y trabajar directamente con las comunidades para desescalar la guerra”, agregó el Consejero Mayor.

El CRIC también alerta sobre señales preocupantes del resurgimiento de grupos paramilitares. “¿Cómo garantizar la paz si la violencia y la militarización continúan aumentando en nuestros territorios?” Señaló el Consejero.

Nuestra solicitud.

Solicitamos al Gobierno Nacional cumplir con su deber de garantizar la seguridad de las comunidades indígenas, Guardias indígenas y los líderes, esclarecer los hechos de violencia y detener el ciclo de impunidad que perpetúa estas tragedias. “No podemos permitir que nuestros territorios sigan siendo campos de guerra. La paz es un derecho y un deber de todos”, concluyó el consejero.

En memoria de Alexander Pilcue y todos los Guardias y líderes que han caído defendiendo la vida y la dignidad de los pueblos, renovamos nuestro compromiso con la lucha por la paz y la justicia.

Por: programa de comunicaciones CRIC.

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