El derecho a la consulta previa se encuentra amenazado con el proyecto de ley que empieza a hacer conocer el gobierno nacional, que se mueve en la concepción que considera que el mismo se opone al desarrollo y que por tanto el Estado tiene que privilegiar el interés de los inversionistas, el cual supuestamente encarna el interés de la Nación.
Dicha concepción, desde quienes tienen el poder del Estado, no nace de la Constitución colombiana y del respeto y valoración de la diversidad sino que es dictada por la arrogancia de la globalización neoliberal que impone su modelo de despojo territorial y expropiación de los pueblos. La Constitución nacional por el contrario ha identificado como integrante del interés general de la Nación la pervivencia de los pueblos indígenas y tribales, a la vez que ha priorizado la protección de las comunidades étnicas como una garantía de sostenibilidad y equilibrio frente al desarrollo propio del modelo capitalista, salvaguardando el interés general de las generaciones presentes y futuras; según sentencias de la Corte Constitucional como: T-428 de 1.992, T-380 de 1993, SU-039 de 1997, T-955 de 2003, T-880 de 2006, T-769 de 2009, T547 de 2010, T-1045A de 2010, T-129 de 2011, T-698 de 2011, T-376 de 2012, T693 de 2012 y T-993 de 2012.
Desde el momento mismo de la promulgación de la constitución de 1.991 se ha venido atacando este derecho fundamental de las comunidades étnicas a la participación y al ejercicio de la autonomía y control de sus territorios, por parte de todos aquellos sectores para quienes solo interesa la ganancia del capital, no importándoles que, para conseguir ésta, quede arrasada la vida en sus diferentes expresiones, destruidas culturas y expulsadas o eliminadas poblaciones, y puesta en riesgo la existencia misma de la Nación.
El año pasado se dio una campaña mediática desde el programa séptimo día de caracol TV, para desprestigiar las comunidades y los derechos de los pueblos indígenas. Desde entonces ya veíamos que la arremetida contra este derecho fundamental viene calculada y planificada desde los grandes poderes del capital. Vale recordar aquí que en reciente fallo de tutela, la Corte constitucional ampara el derecho de los pueblos indígenas y ordena entre otras cosas al programa séptimo día “adoptar un manual de ética escrito que incluya unas reglas mínimas para abordar temas relacionados con grupos étnicos, minorías sexuales y demás sujetos tradicionalmente estigmatizados dentro de nuestro contexto social”.
A pesar del fallo de la corte constitucional el daño contra los pueblos indígenas ya está hecho: este mensaje del programa séptimo día es algo que se transmite metódicamente por los comentaristas de los grandes medios de opinión y por personajes mediáticos y de poder en el Estado como el Vicepresidente de la República, el Centro democrático y los partidos de la Unidad Nacional.
El gobierno nacional, quien es el encargado de garantizar la consulta previa, ahora pretende reglamentarla buscando dejarla sin ninguna eficacia real, quitándole su esencia de derecho fundamental para convertirla en un mero formalismo y proceso informativo, sin capacidad decisoria para los pueblos.
Se arguye desde el gobierno nacional y desde los sectores del capital extractivista que el derecho a la consulta previa se ha convertido en un mecanismo complicado, costoso y demorado de ejecutar, pero no se dice que en la mayoría de los casos relacionados con las concesiones de exploración y explotación minera, este derecho ha sido violado, no aplicado, poniendo en grave riesgo la pervivencia de los pueblos indígenas y afrocolombianos; no presentándose ello por la falta de normas sino por la decisión clara del capital extractivista de no someterse a controles y regulaciones.
Para nuestros pueblos la consulta previa contempla el consentimiento previo, libre e informado, acorde con la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Sí este derecho fundamental se refiere a la garantía de nuestra pervivencia física y cultural, con respeto a nuestros territorios, mal podríamos aceptar que se convierta en un mero formalismo para firmar nuestra desaparición. Nuestros derechos a la autonomía, al territorio, a la identidad, a nuestros planes de vida y decisiones sobre el llamado desarrollo, han sido reconocidos luego de siglos de resistencia y persistencia, gracias a nuestras luchas y exigencias de ayer y de hoy.
Nuestros derechos son también garantías para el pueblo colombiano. El agua, el oxígeno, la biodiversidad, la seguridad alimentaria están siendo protegidos para nuestras generaciones presentes y futuras por las luchas del campo y la ciudad y cuentan con una herramienta que tenemos los grupos étnicos consistente en la consulta previa, con consentimiento previo, libre e informado.
Los pueblos indígenas seguiremos luchando para que este derecho fundamental a la participación y autonomía se cumpla, y no permitiremos el avance de una propuesta de ley que busca reglamentar la consulta previa para ponerla al servicio del gran capital, en contra de las poblaciones.
Desde el Consejo Regional Indígena del Cauca hacemos un llamado a las organizaciones y pueblos indígenas y afrocolombianos del país, así como a los demás sectores étnicos y sociales, a ambientalistas, demócratas y población en general para que no permitimos esta regresividad en derechos que se nos quiere imponer y avancemos por un mundo para todos y no solamente para el capital.
CONSEJERÍA MAYOR
CONSEJO REGIONAL INDÍGENA DEL CAUCA
Popayán, 17 de Noviembre de 2016