Recientemente el Fiscal General de la Nación, la presidente de ASOCAÑA y el Director de la DIJIN de la Policía Nacional anunciaron que siguen trabajando para defender los derechos de los colombianos y la propiedad; a su vez, en medio de la crisis humanitaria que afrontamos se pronunciaron a favor del incremento de la represión jurídica y militar para enfrentar lo que ellos consideran una acción criminal de invasión de tierras y avasallamiento de tierras, en el marco de la sanción presidencial de la Ley 2197 del 25 de enero de 2022 por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones.

Sobre la ley de iniciativa del gobierno del Presidente Iván Duque y que fue apoyada en el congreso por la coalición de gobierno, recordamos, que fue aprobada en menos de un mes, fue radicada el 22 de noviembre, debatida de manera conjunta por las comisiones primera de Senado y Cámara, y posteriormente gracias al mensaje de urgencia del gobierno, en sesiones extraordinarias fue aprobado en el congreso sin mayores discusiones, aplicando la aplanadora de las mayorías de quienes hoy se encuentran en el congreso a pesar de que restringe los derechos y libertades fundamentales.

Esta ley, con evidentes vicios constitucionales de forma y de fondo, modificó disposiciones del Código Penal, el Código de Seguridad y Convivencia, normas de extinción de dominio y regulación del porte de armas, apertura la privatización de los centros carcelarios y  adiciona incentivos a la Policía Nacional entre otros.

La nueva ley, afecta derechos fundamentales como la vida y la integridad personal, criminaliza el derecho a la protesta social además de afectarla en el sentido de desconocer la identidad cultural de comunidades y pueblos campesinos, indígenas y afrodescendientes al prohibir elementos propios de su cultura en espacios de movilización.

En un contexto marcado por una crítica situación humanitaria a través del uso excepcional de la fuerza letal para repeler la acción al derecho propio o ajeno (léase acciones con posibilidad de afectar la integridad física e incluso asesinar) se autorizan conductas que pretenden estimular la violencia particular y/o privada contra manifestantes o liberadores de tierra. Abriendo la puerta a acciones tipo “auto-defensa” que nos recuerdan las cooperativas de seguridad privada, CONVIVIR, las autodefensas y el paramilitarismo que vimos en las marchas y procesos de liberación y recuperación de tierras.

En medio de una inequitativa distribución de la tierra y los paupérrimos niveles de acceso a bienestar social de la mayoría de colombianos y colombianas, preguntamos ¿por qué el Estado colombiano no ha cumplido sus acuerdos con la población rural, urbana y grupos étnicos sobre el acceso a tierras? ¿por qué los congresistas tardan tanto en legislar para el pueblo, pero son tan diligentes para salvaguardar los intereses de los sectores y personas más privilegiados en este país? .

Esta ley camaleónica se viste de buenos intereses, pero beneficia a los terratenientes, mafiosos y a quienes vulneran los Derechos Humanos en total impunidad en el departamento y el país, es un espaldarazo a aquellos sectores que se incomodan con el estallido social, con los procesos de recuperación y liberación de tierra y con la acción de los y las defensoras de Derechos Humanos. Protege a quienes mediante la represión a sangre y fuego vulneraron de forma sistemática los derechos de quienes ejercemos la protesta pacífica en campos y ciudades.

Actuaciones como las que se vieron en el barrio Ciudad Jardín de Cali el marco de la Minga Social y Comunitaria el año anterior o como las que ocurrieron recientemente en el Eco Barrio Sinaí de Popayán, en donde civiles armados con el apoyo de la policía nacional atacan a quienes ejercen el derecho a la protesta, pretenden ser legalizadas.

Igualmente pretende criminalizar la labor de defensa de derechos humanos en ejercicio de función pública, tal y como lo son los procedimientos de abuso de autoridad de integrantes de la fuerza pública, algunos de los cuales han sido documentados y denunciados como abiertamente irregulares como ocurrió en el estallido social o en procedimientos irregulares de desalojo.

En un contexto en donde agentes de la Policía Nacional de forma sistemática y generalizada vulneran derechos humanos en situación de protesta social, los tres últimos artículos crean incentivos para los policías en materia gratuidad en el uso de transporte masivo, atención preferencial y descuentos en transporte aéreo terrestre y hospedajes.

Esta ley se aprobó a pesar de los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, sobre las violencias en Bogotá el 9 y 10 de septiembre de 2020, y el de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el paro nacional iniciado el 28 de abril de este año y el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de julio de 2021. Los tres informes plantean propuestas para garantizar la protesta, armonizar su ejercicio con los derechos de terceros y evitar esos abusos policiales, que son inaceptables en un Estado Social de derecho y deslegitiman a la propia institución policial.

El Gobierno Duque, desconociendo lo evidenciado y recomendado, presentó e impuso, una desastrosa ley, y mantuvo su tendencia de no responder a las condiciones sociales que provocan las protestas, dando una respuesta puramente represiva con camuflaje de democrática.

Seremos como el agua y el viento, llegaremos a todos lugares, desde hoy nos declaramos en desobediencia civil frente a esta nefasta normativa y convocamos al pueblo caucano y colombiano a adelantar acciones de movilización, acciones políticas y jurídicas unitarias en rechazo a esta ley que pone en riesgo la democracia colombiana.

Si el gobierno Duque pretende criminalizar las expresiones de movilización social sus liderazgos y a las comunidades rurales, estamos preparados para afrontar el reto. Hoy más que nunca queda en evidencia que si queremos transformar el país debemos profundizar muestras acciones para lograr cambiar la composición del Senado y Cámara y ser gobierno democrático por la vida, el territorio, la democracia y la paz con justicia social.

Y no, no somos vándalos, ni terroristas, no nos importa, ni beneficia que aumenten las penas en delitos contra defensores de derechos humanos porque el problema en este país radica en la impunidad, en un sistema de justicia inaccesible, elitista e injusto que no persigue a quienes ordenan la muerte de quienes defienden los derechos humanos, ¿para qué una pena elevada si no capturan a los responsables? ¿si los que ejercen la violencia contra lideres y lideresas cuentan con la anuencia del Estado? Lo que si nos preocupa es la certeza de que esta norma será utilizada en adelante para perseguir, criminalizar y estigmatizar a los sectores sociales que exigen condiciones de vida digna y garantía para el ejercicio de los derechos humanos.

Popayán, Cauca, 8 de febrero de 2022

Organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías en el Departamento del Cauca
Coordinación de organizaciones sociales del Cauca
Minga Social Popular y Comunitaria
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