CARTA ABIERTA A LA OPINIÓN PÚBLICA, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, CONSEJERO COMISIONADO PARA LA PAZ Y ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP
Ante los dolorosos hechos presentados en el Territorio Indígena de Toribio, el proceso de Diálogos Humanitarios para la Vida con Perspectiva de Paz del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, manifiesta, que pese a los esfuerzos de las Autoridades Tradicionales, Consejería Mayor y Equipo de Paz, en la búsqueda de salidas dialogadas a la grave situación humanitaria se sigue viviendo en nuestros territorios, por los diferentes frentes pertenecientes al Estado Mayor Central de las FARC-EP quienes insisten en dar tratamiento militar a la población civil, a través de asesinatos, reclutamientos, hostigamientos, amenazas, entre otros.
Hacemos un llamado al cumplimiento de la palabra, considerando la hoja de ruta pactada con Iván Lozada y el Estado Mayor Central de las FARC-EP, frente a la urgencia de avanzar en asuntos humanitarios, políticos y jurídicos, asociados a la entrega de menores de edad reclutados, entrega de desaparecidos, caídos en combate y ajusticiados, respeto a la vida de comuneros, autoridades y guardia indígena señalados o amenazados; lo anterior, frente a la negativa por parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas de avanzar en su materialización. De no exigir a sus estructuras desocupar los territorios que tanto han afectado, las comunidades aplicarán la JEI y de manera contundente se movilizarán en defensa de la vida.
Fuimos informados sobre la decisión de la suspensión del cese al Fuego Bilateral Nacional y Temporal que el Gobierno Nacional tenía firmado con el EMC. Coincidimos en que se trataba de un cese al fuego inoperante que solo ha servido para que los grupos armados, sigan atacando a las comunidades y destruyendo nuestra organización social y política. Sabemos que la complicidad de la fuerza pública con el crecimiento de estos grupos y economías ilegales ha sido evidente, hace parte de la situación que debe enfrentarse. Estamos por un cese al fuego real entre todos los grupos armados, que respete a las comunidades y a los gobiernos indígenas, que se detenga el reclutamiento de menores sin excusas de ningún tipo, que suspenda los enfrentamientos entre estas estructuras ilegales. Su guerra está siendo contra quienes sin armas buscamos defender la vida y dignidad de nuestros pueblos, víctimas del ETNOCIDIO más sangriento.
La Corte Constitucional de Colombia, en el año 2004 mediante la sentencia T-025, advirtió sobre la existencia de un estado de cosas inconstitucionales debido al conflicto político, social y armado. Posteriormente, en el año 2009, emitió el auto 004 donde declaró el exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas de Colombia, una realidad que se materializa sistemáticamente debido a la continuación de la guerra, sin embargo, los diferentes actores armados que hacen presencia en nuestros territorios como lo son: ELN, EMC, SEGUNDA MARQUETALIA, COMANDOS DE FRONTERAS, AGUILAS NEGRAS, entre otros, configuran un ETNOCIDIO, realidad innegable que afecta a nuestros pueblos, pueblos que estamos siendo perseguidos y asesinados, a pesar de ser protectores y defensores de la vida y la armonía en el planeta para todos y todas.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha proferido medidas cautelares de protección, tanto individuales como colectivas, que abarcan los territorios de Toribio, San Francisco, Tacueyó y Jambaló; estas medidas son totalmente desconocidas por el Estado de Colombia, cuya omisión también contribuye al exterminio de los pueblos indígenas del Cauca. Y, en este sentido, el Estado Colombiano es responsable por omisión, al no adoptar medidas urgentes y eficaces que garanticen los elementales derechos a la vida e integridad; por lo cual, acompañamos el llamado de las autoridades ancestrales de estos territorios, “a la Corte Penal Internacional para que inicie procesos de investigación por estos hechos, que conllevan al exterminio físico y cultural de nuestras comunidades”, es urgente que nuestro clamor de paz sea escuchado.
Asimismo, consideramos que en un proceso de paz respetuoso se debe dar participación real y efectiva a la población civil rural y urbana en las mesas de diálogos de paz, comenzando por superar el aplazamiento de las discusiones en torno a la justicia restaurativa para la reconciliación y no repetición.
“LA PALABRA SIN LA ACCIÓN ES VACÍA, LA ACCIÓN SIN LA PALABRA ES CIEGA, LA PALABRA Y LA ACCIÓN FUERA DEL ESPÍRITU DE LA COMUNIDAD, SON LA MUERTE”
Nasa Pal Álvaro Ulcué Chocué
Toribio, Marzo 17 de 2024