NACIÓN40.000 indígenas exigen a Santos cumplir las promesas. Buscan llamar la atención sobre problemáticas históricas.
En Colombia hay 102 pueblos indígenas de los cuales 35, según la Corte Constitucional, están en riesgo de extinción tanto física como cultural. Diversos factores que van desde el conflicto armado, hasta la discriminación histórica han generado esta situación. Por eso cerca de 40.000 indígenas marchan con un objetivo claro: la búsqueda de mejores condiciones de vida.
“Más del 70% de los acuerdos pactados con el gobierno en tres años de negociación no se han cumplido”, expone Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Onic (Organización Nacional de Indígenas Colombianos) a Semana.com, sobre una situación que tildó como una “violación histórica” de los derechos de las comunidades.
¿Qué buscan los indígenas colombianos?
Hay cinco puntos fundamentales en el pliego de peticiones sobre el incumplimiento gubernamental hacia las principales problemáticas de las comunidades, reunidas bajo la Minga (movilización) Social Indígena y Popular.
Estos son las violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, el respeto a los territorios indígenas, la obtención de autonomía política y administrativa, la revisión de las políticas mineras y el impacto de los TLC y las políticas agrarias.
En el tema de paz y conflicto armado, la Onic denuncia que las acciones de actores armados, legales e ilegales son generalizadas en contra de los pueblos indígenas. En su informe de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, muestran que en el año 2012, hubo 78 homicidios y 10.515 desplazamientos forzosos.
Según la ACNUR, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, 70.000 de los desplazados por el conflicto armado son indígenas y entre el 2004 y 2008, se desplazaron 48.318.
En cuanto a los territorios, se busca que exista una garantía de protección de los resguardos indígenas. Un Censo General del DANE realizado en el 2005 registra 710 resguardos. En este punto, denuncian un “incumplimiento de las normas nacionales sobre constitución, ampliación y saneamiento de los resguardos”. La Onic reconoce 600 procesos detenidos de constitución de resguardos y 800 solicitudes de compra de tierras, que equivalen a 800.000 hectáreas.
Además la organización hace un llamado sobre las políticas agrarias, mineras y la implementación de los TLC, en lo que Arias define como “un interés que favorece a las transnacionales, sobre las culturas ancestrales”.
Los Embera Katío son un ejemplo de esta situación. La comunidad ubicada en el río Andágueda, en el Chocó, ha luchado durante 35 años por la preservación de Dadeiba, su resguardo. Según un informe de la Unidad de Restitución de Tierras, hasta octubre del año pasado, en esta zona, se otorgaron 30 títulos mineros a particulares.
En abril de este año, un juzgado de restitución de tierras ordenó la suspensión de estos y el restablecimiento de los Embera a sus predios.
Esta movilización se ve precedida por un proceso de protestas de distintos sectores populares, y se suma a las voces de descontento que cada vez son más notorias. “Solo nos preocupa que exista represión (…) hemos concluído que la única forma de visibilizarnos es mediante la movilización”, dijo Arias.
El Consejo Regional Indígena del Huila (Crihu) denunció en un comunicado que al menos 1.000 personas fueron retenidas “sin justificación alguna” por parte de los policías cuando se disponían a secundar la movilización convocada por la Onic.
Semana.com